Carta A La Hcder 263c4r

Señor

Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

De la Provincia de Entre Ríos

José Ángel Allende

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Los abajo firmantes, Consejeros Superiores, Consejeros Consultivos y Consejeros electos por el claustro docente de UADER nos dirigimos a Uds. a fin de ponerlos en conocimiento de nuestra preocupación por la situación conflictiva en que se encuentra el proceso de normalización de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que compromete su definitiva democratización y el ejercicio de nuestros derechos adquiridos como portadores de ciudadanía universitaria. Sostenemos que el problema universitario excede su propio ámbito y los intereses particulares, siendo deber de los representantes del pueblo de Entre Ríos estar atentos y dar garantías políticas y legales al ejercicio democrático al interior del sistema educativo. En este sentido, oportunamente se creó una comisión bicameral con el propósito de realizar el seguimiento del proceso de institucionalización y normalización de la Universidad, atendiendo a su carácter fundante de autónoma y aportando soluciones en distintas instancias. En tanto su función fundamental es la de “seguimiento, evaluación y control”, consideramos que hoy es el momento crucial para su intervención dando voz a los distintos actores sociales. Por ello, hacemos llegar a los del Honorable Cuerpo el informe que da cuenta de una situación más compleja que los porcentajes de concursos ordinarios, aducida como causa para detener el proceso de normalización y que circula mediáticamente como único argumento.

Los Concursos ordinarios Desde el año 2008 y hasta la fecha se llevan sustanciados 554 cátedras por concursos públicos ordinarios por oposición y antecedentes, en diversas categorías docentes.

Cabe destacar, que no se registran en la historia de la educación superior Argentina, un proceso de tal magnitud, donde diversas dimensiones entran en juego: formación de equipos istrativos y letrados, puesta en marcha de una operatoria tanto tecnológica, como de infraestructura, vinculaciones académicas e institucionales, entre otras. Dando lugar a prácticas de ciudadanía universitaria que, en la mayoría de los espacios académicos de la UADER, no existían o eran incipientes. (Relaciones con el campo de conocimiento, formulación de propuestas de cátedras, incentivo a la formación de equipos académicos, relaciones con la investigación y la extensión). Al interior de la Universidad y de cada una de las Facultades, el transcurso de los Concursos Ordinarios, posibilitó, de diferentes modos, discusiones y debates que promovieron y diseñaron políticas académicas, ligadas a los espacios a concursar. Por tanto, la sustanciación de los concursos produjo efectos políticos – académicos, que exceden la realización de los mismos como único objetivo para acceder a la docencia universitaria. En ese sentido, mediante una intervención periódica y sistemática, el Consejo Superior ha tomado importantes definiciones respecto a los temas centrales de la Universidad, siempre atendiendo a las reglamentaciones y medidas necesarias para la organización de la institución. Como parte de la consolidación del proceso de normalización, se sustanciaron los Concursos Ordinarios para Profesores Titulares, Asociados, Adjuntos, Jefes de Trabajos Prácticos y Auxiliares en las carreras con sede en Paraná y en las subsedes de Concepción del Uruguay, Villaguay, Crespo, Oro Verde, Diamante, Gral. Ramírez, Concordia y Gualeguay.

La consolidación de los Órganos provisorios de gobierno A partir de una convocatoria realizada por la entonces Rectora Graciela Mingo a los de la Comisión Consultiva constituida en el Acta Acuerdo, aprobada por Resolución UADER 1082/07 y reconocida por Resolución UADER 084/08, se evaluó el desarrollo de los diferentes puntos establecidos en ese documento. Como conclusión de dicho encuentro, se propuso la creación de una Comisión Redactora, dependiente del Consejo Superior Provisorio para que viabilice el Informe Final para la normalización de la UADER.

Al mismo tiempo, en el Consejo Superior Provisorio se discutió el Régimen Electoral, conforme con el Estatuto Provisorio de la Universidad, dando lugar a la Ordenanza 039/11, donde se estableció el marco general que regula el proceso de elecciones de los diferentes claustros para la conformación del Cuerpos Colegiados de Gobierno. Finalmente el Consejo Superior aprobó por unanimidad el 26 de septiembre de 2011 el Cronograma Electoral que deberá dar por concluido el proceso con la constitución de la Asamblea Universitaria y la elección del Rector.

Por otro lado, la Resolución Nº 152/08 de la CONEAU consideró oportunamente finalizado el proceso de seguimiento por parte de ese organismo, afirmando que “la institución se encuentra en condiciones de continuar con el proceso de Reconversión Institucional y Académico emprendido, a fin de alcanzar su consolidación.” Por otra parte la Resolución Nº 787/09, dio por finalizado el proceso de seguimiento por parte de CONEAU e informó a UADER que deberá ajustarse al procedimiento establecido en la Ley Nº 24521, a los fines de la obtención del reconocimiento oficial y la validez nacional de títulos, de dicha casa de estudios, culminando de este modo con el Proceso de Normalización.

Por amplia mayoría el Consejo Superior ratifica el Cronograma El 28 de febrero del 2012 el consejo superior debatió en su primera sesión ordinaria, como primer punto en orden del día, si existían causas para prorrogar el cronograma electoral que culminará en la tan esperada Asamblea Universitaria el 26 de abril del corriente año. Algunos docentes inscriptos como aspirantes a concursos ordinarios habían hecho presentaciones solicitando a las juntas electorales de sus respectivas facultades (ninguna de la Facultad de Humanidades) la prorroga en el cierre definitivo de los padrones por no haberse consustanciados los concursos que podrían modificar su condición de electores en ciudadanos plenos. Por su parte, la junta electoral del rectorado alegó que se verían vulneradas la expectativas de los mencionados docentes (idéntica opinión sostuvo el asesor legal de la universidad) y recomendó su tratamiento en el Consejo Superior (opinando sobre la materia luego de declararse incompetente para resolver en estos casos). Luego, el Rector normalizador giró las actuaciones a la comisión de interpretación y reglamento del Consejo Superior quien recomendó (CON LA FIRMA DE UN CONSEJERO DOCENTE que había firmado una de las solicitudes de prorroga por no haberse sustanciado el concurso en el que está inscripto como aspirante) la modificación del cronograma electoral. Resultó particularmente llamativa la intervención del asesor legal que priorizó una supuesta expectativa vulnerada de un grupo de docentes por sobre los derechos adquiridos del claustro estudiantil y istrativo que ya eligieron sus representantes, así como de todos los docentes y graduados que en estos días hemos presentado listas. Sin embargo, luego de numerosas intervenciones de los consejeros superiores que defendieron el cronograma aprobado por unanimidad en septiembre del 2011, la votación arrojó como resultado 14 votos a favor de la NORMALIZACIÓN, 4 abstenciones y 8 votos que proponían posponer sin límite de tiempo el cronograma.

Intento de obstruir el proceso de normalización por vía judicial A pocos días de lo resuelto por el consejo superior, SIETE docentes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos decidieron continuar por la vía judicial, pidiendo la nulidad de la resolución del 28/2 del Consejo Superior. Judicializándose un proceso que cuenta con altos niveles de consenso y compromiso entre los de la comunidad universitaria. Todos los claustros universitarios que han participado del proceso eleccionario (convocado por Resolución Nº 1583/11, de fecha 28 de octubre de 2011, del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos) que han elegido sus consejeros o presentado listas ya oficializadas y proclamadas, tienen un justificado interés en las actuaciones de la justicia, por cuanto, lo que allí se resuelva puede dañar el proceso de normalización y vulnerar sus derechos adquiridos. En particular, un eventual fallo que hiciera lugar a las pretensiones de los amparistas provocando la dilación del cronograma, afectaría derechos legítimamente y legalmente adquiridos por aquellos docentes ordinarios que han constituido Listas en el ejercicio de unos derechos que están taxativamente amparados por las normas que rigen el funcionamiento del sistema universitario argentino y el de nuestra universidad provincial, a saber:

aLey de Educación Superior Nº 24521. Entre los derechos que la misma reconoce, según su Art. 11º, a los docentes de las instituciones estatales de educación superior figuran los de: a) “Acceder a la carrera académica mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición; b) Participar en el gobierno de la institución a la que pertenecen, de acuerdo a las normas legales pertinentes“. En este sentido, son particularmente importantes los Art. 53º y 55º de la Ley por cuanto el primero establece que “los órganos colegiados de gobierno estarán integrados de acuerdo a lo que determinen los estatutos de cada universidad” en tanto que el segundo fija taxativamente que “los representantes de los docentes (en los órganos colegiados de gobierno) deberán haber accedido a sus cargos por concurso”. b- A su vez, el Estatuto Académico Provisorio de la UADER, en consonancia con los preceptos de la Ley de Educación Superior, establece en su Art. 56º, inc. a) que “el plantel docente está integrado las categorías de Profesores: Titulares, Asociados, Adjuntos, Jefes de Trabajos Prácticos y Auxiliares Docentes designados por concurso abierto de antecedentes y prueba de oposición”. cEl Régimen Electoral de la UADER, Ordenanza 045 de fecha 20 de septiembre de 2011 recoge las disposiciones estatutarias concordantes con los lineamientos de la norma federal antemencionados. En cuanto al ejercicio de la ciudadanía universitaria, el Art. 56º de esta Ordenanza dice claramente que tendrán “la posibilidad de ejercer el voto todos los docentes que tengan más de dos /2) años de antigüedad, sin perjuicio de que no podrán ser elegidos quienes no reúnan las condiciones requeridas estatutariamente”

Los accionantes/amparistas carecen de toda legitimación Las pretensiones y fundamentos esgrimidos por los reclamantes se centran en que están inscriptos como aspirantes en concursos ordinarios que todavía no se han sustanciado, por lo que se verían vulneradas sus expectativas de participar en las elecciones convocadas para el 20 de marzo en condición de ciudadanos plenos, es decir no sólo con el derecho de elegir (que ya tienen garantizado por el Art. 56º del Régimen Electoral citado ut supra) sino también con el derecho de ser elegibles. Esta pretensión no se sustenta absolutamente en ningún principio legal. En efecto, como ya se señaló precedentemente, tanto la Ley de Educación Superior Nº 24521 como el Estatuto Académico Provisorio de la UADER y Régimen Electoral de la misma (Ordenanza 045/2011) establecen como requisito absolutamente necesario para ser elegible como representante de los docentes en los órganos colegiados de gobierno, el haber accedido a los cargos por concursos abiertos de antecedentes y oposición, requisito que los reclamantes no poseen. Por otra parte, resulta a todas luces evidente que una simple expectativa no es suficiente para posponer el proceso de normalización institucional en curso puesto que ello vulneraría los derechos legítima y legalmente adquiridos por todos los docentes que integran las listas, ya oficializadas y/o proclamadas, de candidatos a Consejeros Docentes de los Consejos Directivos de las Facultades de la UADER y candidatos a ejercer la representación por el claustro docente de dichas Facultades ante el Consejo Superior, máximo órgano de gobierno de la universidad. En tanto de la comunidad académica los reclamantes no pueden ignorar que sólo son elegibles los docentes ordinarios que han accedido a sus cargos por concursos abiertos de antecedentes y oposición, condición sine qua non para el ejercicio pleno de la ciudadanía universitaria. Este requisito está explicitado también en toda la normativa que regula los pasos a seguir para lograr la normalización de la UADER, a saber: a) Resolución Nº 1364/2011 de fecha 26 de septiembre de 2011; b) Ordenanza 045 de fecha 20 de septiembre de 2011 y c) Resolución Nº 1583/11, de fecha 28 de octubre de 20011. Esta normativa, que tuvo amplia difusión, al igual que las fechas para la normalización, no fue recurrida oportunamente por los amparistas. En este mismo orden de ideas, cabe poner de resalto que, a diferencia del derecho adquirido que supone una situación jurídica creada definitivamente, la expectativa es una esperanza no realizada todavía y sobre cuya concreción no se tiene ninguna certeza. En este caso, los reclamantes/amparistas esperan aprobar los concursos en los que están inscriptos como postulantes y ser designados como profesores ordinarios. Pero nada ni nadie garantiza que dicha expectativa se concrete a breve plazo, atento a que la resolución de un concurso depende de múltiples variables (disponibilidad presupuestaria, posibilidad de acordar fechas con los jurados, trámite de eventuales impugnaciones, etc.) Por lo tanto, supeditar la normalización institucional de la UADER a las expectativas de sólo siete amparistas implicaría llevar dicha normalización a un horizonte temporal totalmente incierto y en abierta contradicción con lo normado en el Art. 49º de la Ley de Educación Superior y según el cual: “Creada una institución universitaria… procederá el Ministerio de Cultura y Educación a autorizar la puesta en marcha de la

nueva institución, la que deberá quedar normalizada en un plazo no superior a los cuatro (4) años a partir de su creación”. Como es de público y notorio conocimiento, este plazo ha sido largamente superado en el caso de la UADER por lo que resultaría absolutamente improcedente una nueva dilación. Cabe destacar asimismo que la pretensión de los amparistas cercena los derechos adquiridos por los Consejeros estudiantiles y istrativos que ya fueron electos en los comicios convocados por la Resolución Nº 1364/11- UADER que fueron realizados el 16 de noviembre de 2011 y el 30 de noviembre respectivamente. El perjuicio ocasionado en el caso de los Consejeros estudiantiles se vería seriamente agravado por cuanto los mismos sólo duran un año en sus funciones conforme a lo establecido en el Art. 13 inc. c) del Estatuto de la UADER. En consecuencia, toda dilación en las fechas de constitución de los órganos de colegiados de gobierno fijadas en la Resolución Nº 1583/11 – Rectorado UADER menoscaba el ejercicio de los derechos de los que están investidos todos los Consejeros estudiantiles electos creándose una grave inseguridad jurídica.

Otras universidades normalizadas La situación de docentes inscriptos en concursos que no se han sustanciado aún al momento de la convocatoria a elecciones de Consejeros ante los órganos colegiados de gobierno es un hecho frecuente en la universidad argentina. Sin embargo, no existe ningún precedente de que dicha situación haya motivado en alguna institución universitaria una postergación del proceso eleccionario. Por el contrario, esto sería considerado como una grave anomalía por todos los organismos rectores del sistema universitario argentino: el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) del que forma parte la UADER, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y el Ministerio de Educación . Además, uno de los argumentos centrales que se repite reiteradamente en la acción de amparo para fundamentar el pedido de “prórroga en la conformación de los padrones y de suspensión de la elecciones del claustro docente hasta tanto se terminen de sustanciar la totalidad y/o hasta lograr el porcentaje de la planta docente concursada requerida legalmente”, es el referido al Art. 51º de la Ley de Educación Superior Nº 24.511. El mismo establece que “…Los docentes designados por concurso deberán representar un porcentaje no inferior al setenta por ciento (70 %) de las respectivas plantas de cada institución universitaria”. Como se desprende de esta transcripción textual, dicho artículo no dice en absoluto que dicho porcentaje sea una “condición necesaria e ineludible para la efectivización del proceso de la normalización universitaria” tal como se señala en el informe del Fiscal de Estado de la Provincia, quien tergiversa la norma legal con la intención de apuntalar la postergación de la normalización de la UADER. En relación con la efectiva aplicación del mencionado Art. 51º de la LES, cabe destacar que, como es de público y notorio conocimiento, la inmensa mayoría, de las universidades nacionales, no ha alcanzado aún ese porcentaje del 70% de docentes concursados. E incluso en las que están más avanzadas, como la histórica y

reformista Universidad Nacional de Córdoba, la realidad es muy dispar según las Facultades. Al respecto, la Rectora de la UNC, Dra. Carolina Scotto, señala que mientras Odontología, Arquitectura, Exactas, Lenguas ostentan más del 60 por ciento de los cargos docentes con concurso, Abogacía y Ciencias Médicas, tienen alrededor del 30 por ciento de cargos concursados en su planta docente.(“La ansiada meta del 70% de docentes concursados”, en el diario “La Voz del Interior” del 9-12-2010) Esta realidad aparece netamente también en diversos Informes de Evaluación Externa de universidades nacionales realizados por la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) En este mismo sentido, resulta muy relevante lo expresado en el siguiente documento oficial de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación donde se reconoce expresamente que la exigencia del 70% no se cumple: “El concurso tiene en las universidades nacionales y de acuerdo con la LES, que en este punto recoge una larga tradición que viene de la Reforma, una importancia central en la política universitaria, ya que habilita a los docentes para participar plenamente como electores o candidatos a cargos electivos en el gobierno de la universidad. Y aunque la misma ley exige luego de un plazo ya por demás vencido que el 70% de los docentes estén concursados, esta exigencia poco se cumple, y su infracción no tiene prevista ninguna penalidad…. La incidencia de los concursos en la adquisición de la ciudadanía universitaria supone una calificación importante de los que eligen y pueden ser elegidos en las universidades públicas, pero las diversas políticas de personal y las opciones que toman respecto de la política de concursos a veces generan tensiones adicionales por las consecuencias electorales que se les adjudican” (www.me.gov.ar/spu/documentos/cnmes/informe_3.pdf) Por todo ello, cabría preguntarse si la recurrente referencia al Art. 51º de la LES no esconde en realidad la intención postergar sine die la normalización de la UADER en abierta contradicción con lo normado en el Art. 49º de la misma norma legal y según el cual: “Creada una institución universitaria…… procederá el Ministerio de Cultura y Educación a autorizar la puesta en marcha de la nueva institución, la que deberá quedar normalizada en un plazo no superior a los cuatro (4) años a partir de su creación”. Plazo largamente superado en el caso de la UADER por lo que resulta absolutamente improcedente una nueva dilación. Por todo lo expuesto solicitamos la pronta constitución de la Comisión Bicameral, y con igual urgencia el tratamiento de este pedido, atendiendo fundamentalmente a que se ha judicializado el proceso con el fin político de dilatar el calendario electoral, con graves consecuencias institucionales y académicas.

Paraná, 19 de marzo de 2012