1er Parcial Derecho Agrario Reelaboracion 5e681g

Derecho agrario y minero parcial 1 reelaboración respuesta 4 y 6 Alumna: Medina, Gisela Eileén 4.-Enumere y caracterice recursos naturales renovables determinando su régimen jurídico en cada caso. (8 puntos)

Recursos Naturales: Elementos de la naturaleza aprovechables por el Hombre, para la satisfacción de sus necesidades o intereses económicos, sociales, culturales y espirituales. Son reconocidos como recursos naturales: El suelo, el agua, el aire y la atmósfera, la flora y la fauna, los minerales y rocas, las bellezas escénicas o paisajísticas y la energía: dentro de esta encontramos recursos renovables (aire, agua y sol) y no renovables (los hidrocarburos).

Algunos ejemplos de recursos naturales renovables podrían ser los siguientes: Productos agrícolas: todos aquellos productos que se obtienen a partir de actividades agrarias, como puede ser el maíz, la soja, trigo, alfalfa, o productos como verduras y frutos, parecieran ser inagotables, siempre y cuando se tomen precauciones para no agotar los suelos. El sol: el sol es uno de los recursos energéticos más importantes y de hecho es el más inagotable de los que existe en nuestro planeta. Es por ello que cada vez se promueve más el uso de la energía solar. El agua: recurso natural que resulta indispensable para la vida de todos los seres vivos que habitan el planeta Tierra . Y además, se trata de una fuente energética, gracias a los movimientos de las masas de agua. Pese a que es inagotable, es muy importante su cuidado puesto que los procesos para purificarla resultan costosos. A su vez, desde la perspectiva ambiental, el agua puede ser objeto de contaminación y esto hace que requiera ser objeto de protección y regulación en cuanto a sus usos y aprovechamiento. Si bien el agua ocupa gran parte de la superficie del planeta, la cantidad de potable es absolutamente menor, lo que transforma a este recurso natural en sumamente escaso en muchas partes del globo terráqueo. Al igual que el al agua potable y la posibilidad de instalar redes de distribución domiciliaria, plantas potabilizadoras, etc., el saneamiento de las aguas hace a la calidad de vida de las personas y con esa perspectiva, al derecho humano al ambiente y al llamado desarrollo sustentable o sostenible. Las mareas: estos cambios en el nivel del mar como consecuencia de la fuerza de atracción gravitatoria también resultan inagotables. Este recurso es utilizado en muchas comunidades para generar energía. Aire y Atmósfera: Desde la perspectiva ambiental, el aire, al igual que el agua, resulta indispensable para la vida, pudiendo ser objeto de contaminación a través de procesos de emisión‐inmisión, o a través de olores y ruido y esto hace que deba ser objeto de protección y regulación en cuanto a sus usos y aprovechamiento (LN 20284, LPC 7343, 8167). La atmósfera es una envoltura gaseosa en la que están presentes el oxígeno, el nitrógeno, el anhídrido carbónico, el vapor de agua y ciertos gases menores, que se mantiene adherida a la Tierra por gravedad y la acompaña en todos sus movimientos. Es parte indispensable del entorno natural, constituyendo el común hábitat de la mayor parte de las especies animales y vegetales que pueblan el planeta y si bien constituye una unidad natural, está formada por diferentes estratos, siendo el más importante desde el punto de vista ecológico, la troposfera o biosfera, situada entre los 0 y 12 km. El aire es el fluido que forma la atmósfera y constituye una mezcla de elementos químicos, no combinados, cada uno de los cuales conserva sus propiedades individuales. El espacio aéreo constituye el medio físico asociado a la atmósfera, que las especies vivientes terrestres necesitan para su desarrollo y desplazamiento. A través del espacio aéreo es posible la transmisión de ideas, imágenes y energía. Desde el punto de vista jurídico, la atmósfera constituye una cosa, aunque su dominio no pueda ser adquirido por los particulares, dado el carácter ambulatorio del elemento, siendo

considerada res communis omnia, al resultar imposible, por lo menos hasta la fecha, que sea objeto de apoderamiento. Distinto es respecto del espacio aéreo, que integra el concepto de propiedad inmobiliaria del Código Civil (Art. 1945 del CCyC), que puede ser delimitado por planos horizontales y también verticales que sigan las líneas de frontera de los Estados y a su vez, reconoce vinculación concreta con cuestiones de soberanía estatal (Ley 23968). Existen conflictos vinculados a la problemática del aire‐ atmósfera, como el que afecta la capa de ozono, las lluvias ácidas, el calentamiento global y el cambio climático, así como fenómenos naturales que ocurren en su ámbito, que también se relacionan con la cuestión meteorológica. Energía: recurso natural de fundamental importancia en la evolución de la humanidad, concebida como una fuerza o una propiedad de la materia, asociada a otro recurso, sea éste el Sol, el viento, el agua, el calor interno de la tierra, los minerales o los combustibles. Madera: a partir de la tala de árboles se puede obtener madera para la producción de distintos bienes, como pueden ser los muebles, tanto como la obtención de energía (leña). Ahora bien, es esencial que la tala no sea indiscriminada y compulsiva, para lograr la regeneración de la misma, esto se logra con proyectos de reforestación responsables e ideados a los fines de garantizar la provisión de la madera. Desde los más remotos tiempos de su existencia, el hombre utilizó la mayor parte de las fuentes energéticas que le ofrecía la naturaleza. La madera, el viento, el vapor, las caídas de agua, la radiación solar, los hidrocarburos (no renovables) y la radiactividad, son fuentes primarias de energía, en tanto que la electricidad, es una fuente secundaria de energía, toda vez que se obtiene mediante la utilización de una fuente primaria. En la actualidad, los niveles de evolución de la humanidad se encuentran condicionados a la posibilidad de obtener energía en calidad y cantidad suficiente. Desde el punto de vista del derecho, la energía, en tanto es susceptible de apropiación por el hombre, es objeto de una relación jurídica directa que permite reconocer su autonomía con relación al recurso que la genera. El consumo energético, es uno de los indicadores del grado de evolución material alcanzado por un país Para el adecuado abordaje de la problemática de la energía en el mundo del Derecho, debemos ab initio determinar su categorización jurídica. Al respecto, se puede sostener con base legal y doctrinaria suficiente, que para el Derecho la energía es una cosa, distinta de la fuente de la que se obtiene (Art. 16 CCyC, ley 15336 y sus modificatorias). El viento: es inagotable e indispensable como fuente de energía, que se capta a través de molinos. Se trata de la energía eólica. Los biocombustibles: estos productos que permiten generar energía se producen a partir de los alcoholes que derivan de la caña de azúcar o de distintas semillas y plantas. En los últimos años se han convertido en la alternativa del diesel, que sí es agotable. La madera: a partir de la tala de árboles se puede obtener madera para la producción de distintos bienes, como pueden ser los muebles. Ahora bien, como se mencionó antes, es esencial que la tala no sea compulsiva, porque podría superar el tiempo que lleva la regeneración de este producto y así, se corre el riesgo de que escasee este bien tan útil y fundamental. Legislaciones: La República Argentina posee un sistema federal de organización, donde cada provincia conserva el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. De tal forma, la primera característica significativa que aparece en el derecho positivo argentino es la coexistencia de tantos regímenes legales como provincias existen, a lo que debe sumarse la legislación de carácter nacional, la cual resulta aplicable en determinadas jurisdicciones o en actividades específicas. Como consecuencia del sistema federativo, la Constitución asegura la independencia económica de las provincias y su autonomía para disponer de los recursos naturales‐ suelo,

subsuelo mineral, hídrico, espacio aéreo, ríos interprovinciales‐ y demás bienes de dominio público. Con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se introduce una disposición relativa al dominio de los recursos naturales (Art. 124). En tal sentido, se establece que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". Los estados provinciales conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal, así como aquel que se hubiesen reservado por medio de pactos especiales. La excepción la constituyen aquellos recursos que en forma expresa, hubieran sido transferidos constitucionalmente a la Nación (Pigretti, 1997). Existe normativa específica respecto de algunas fuentes en particular, siendo la más relevante la referida a Hidrocarburos: Código Minero, ley 17319, sus modificatorias y conexas, ley 24076; sustancias radiactivas: Código Minero y leyes 17048 y 24804; energía eléctrica: 15336 y 24065 y sus modificatorias. ENERGÍA ELÉCTRICA Ley 27191 Ley 26190. Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Modificación. Sancionada: Septiembre 23 de 2015 Promulgada de Hecho: Octubre 15 de 2015 ARTÍCULO 2° ‐‐ Sustitúyen los incisos a) y b) del artículo 4° de la ley 26.190, "Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica", por los siguientes: a) Fuentes Renovables de Energía: Son las fuentes renovables de energía no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo: energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles, con excepción de los usos previstos en la ley 26.093. ARTICULO 9º.‐ En caso de producirse alteraciones negativas sobre el medio ambiente, se deberá tener una clara política de reparación del daño ocasionado. Se tenderá como primera acción a la recomposición del ambiente dañado, con los medios tecnológicos que se disponga. En caso de no ser posible, se tenderá a generar un impacto positivo que compense los perjuicios ocasionados. La evaluación de daños deberá ser permanente, teniendo la empresa obligación de informar a la autoridad de aplicación en caso que se incremente y proponer medidas para la reducción del mismo Legislación sobre AGUA: Existen normas en la Constitución Nacional y en las provinciales, así como en el Código Civil y leyes nacionales y provinciales, que tienden a regular el aprovechamiento de las distintas fuentes y cursos de agua y contra usos inadecuados. En ese contexto, cabe citar los artículos 14, 17, 41, 75 incisos 5, 17, 18, 19 de la Constitución Nacional; 235, 239, 1947, 1949, 1971, 2166 y 2175 del CCyC; los artículos 66 y 68 de la Constitución de la Provincia de Córdoba; las leyes nacionales 23968, 24815, 24922, 25230, 25263, 25470 y 25675 y las leyes de la provincia de Córdoba 7343 y 5589. Las Constituciones Provinciales, por lo general, establecen principios referidos a: El derecho de usar el agua será objeto de concesiones, beneficiando al predio para el que se utilizará el recurso. El otorgamiento de dichas concesiones debe hacerse por ley, correspondiendo a los poderes istrativos el control del cumplimiento de las condiciones. Los códigos de agua provinciales: Algunas provincias han dictado leyes o códigos de aguas, siendo la más antigua del año 1884, de la provincia de Mendoza; en 1946, Salta dictó un moderno código de agua; en 1950, Santiago del Estero, modificado en 1955. Estas leyes establecen principios en materia de concesiones de aguas que, por el Código Civil, corresponden al dominio público de ellas. Dentro de la región pampeana, Córdoba cuenta con un código de aguas, que indica que las concesiones deben gestionarse ante la Dirección

Provincial de Hidráulica, ente registrador de los s. Estas concesiones pueden otorgarse tanto a propietarios individuales como a comunidades de s. En el caso de las aguas superficiales, la concesión es a perpetuidad. Para el caso de las subterráneas, la concesión es eventual (no permanente) y se requiere informar las características de la perforación y los equipos previstos, la calidad y el caudal de agua extraída, e identificar al perforista y al técnico responsable, quienes deben estar inscriptos en un registro especial. En ese código se ha fijado un orden de prioridades para el uso de aguas, y la máxima, la tienen los aprovechamientos para uso doméstico, municipal y el abastecimiento de la población; en segundo término, están los usos industriales; en tercer lugar, el uso agrícola (riego); en cuarto, la bebida del ganado y, luego, los restantes (energético, recreativo y minero). Para obtener una concesión para uso agrícola debe demostrarse que el riego es necesario, que los suelos son aptos y que se cuenta con el adecuado desagüe. Algunas provincias fijaron en sus constituciones los principios básicos de su política hídrica; tal como los casos de Mendoza, Rió Negro y Chubut; otras, dictaron reglamentos. Las provincias no solo fueron elaborando códigos sistemáticos y orgánicos que pretendían regular todas las alternativas posibles, sino que algunas llegaron a cambiar sus códigos recientes por modelos que consideraban más modernos. Como resultado, las provincias argentinas lograron verdaderos modelos jurídicos que contemplaban muchas variables, pero que no siempre coincidieron con los requerimientos perfeccionistas. Los códigos de agua de San Luis y Santa Cruz concentran su enfoque normativo sobre los requerimientos específicos de cada provincia (Valls, 1994). En 1999, se promulgó la ley 12.257 que sancionó el Código de agua de la Provincia de Buenos Aires "estableciendo el régimen de protección, conservación y manejo de recurso hídrico de la provincia". En dicho código, se prevé la creación de un ente autárquico "autoridad del agua", la formación de consorcios integrados por los beneficiarios y se reglamentan los distintos usos; la mencionada ley aún no fue reglamentada, lo que dificulta su aplicación. En general, los códigos de aguas responden a los siguientes principios: El Estado conserva el derecho de propiedad sobre el agua, sin perjuicio de ceder su uso a los particulares a través del otorgamiento de concesiones. Establecen un sistema de prioridad horaria cuando las concesiones tengan el mismo objeto, de otro modo la prioridad se determinará por el tipo de consumo a realizar. En la solicitud que se presente, se indicará la superficie del predio a regar, las propiedades a atravesar, el volumen de agua a emplear, el tipo de obras de captación, la conducción y la conservación e información sobre la existencia de terceros concesionarios en las proximidades. Las concesiones se otorgarán previa citación de los interesados por medio de edictos y de acuerdo a los elementos de convicción aportados por el peticionante. La concesión puede otorgarse por tiempo ilimitado o por determinado plazo, operándose su caducidad por no haberse emprendido las obras dentro del plazo propuesto, o por no haberse ejercitado el objeto de la concesión por el término de un año o por un plazo mayor. Se debe abonar un canon por volumen de agua utilizado. Más allá de la validez de cada intento de instituir un fuero específico para las cuestiones relativas al uso del agua, tal como caracterizan a los distintos códigos de aguas, estos procedimientos implican realizar un abordaje inadecuado y parcial. En efecto, no sólo hay que tener en cuenta al recurso agua conforme a las leyes de la naturaleza, sino que es necesario conceptualizarla como un elemento más del ecosistema. Maderas: ARTICULO 8º.‐ Impacto ambiental. La actividad de producción de pasta celulosa y de papel para diarios se deberá desarrollar en un entorno y con tecnología que reduzca al mínimo la posibilidad de generar un impacto ambiental. Al respecto, se deberá dar cumplimiento a la normativa de protección ambiental vigente, especialmente en lo referente a los vuelcos y a las emisiones gaseosas. Todas las empresas deberán realizar un estudio de impacto ambiental en el cual debe haber

una descripción de los efectos esperados, así como propuestas de mejoras tecnológicas, a fin de minimizar dichos impactos. El referido estudio debe ser actualizado anualmente, reflejando las mejoras introducidas tanto en el proceso como en el tratamiento de los residuos. ARTICULO 9º.‐ En caso de producirse alteraciones negativas sobre el medio ambiente, se deberá tener una clara política de reparación del daño ocasionado. Se tenderá como primera acción a la recomposición del ambiente dañado, con los medios tecnológicos que se disponga. En caso de no ser posible, se tenderá a generar un impacto positivo que compense los perjuicios ocasionados. La evaluación de daños deberá ser permanente, teniendo la empresa obligación de informar a la autoridad de aplicación en caso que se incremente y proponer medidas para la reducción del mismo

6- El Sr. Juan Romero ha sufrido un daño en sus cosechas debido a una fumigación en el campo vecino. A partir de este cuadro, esboce Ud. el planteamiento legal correspondiente a través de una acción de daños. Especifique y plantéela, fundamentando legalmente su respuesta. Es de aplicación en este caso el art.1757, en el que se dispone … Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización istrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.. El fundamento jurídico de esta responsabilidad por el daño particular comporta el reconocimiento del derecho subjetivo del damnificado a obtener del responsable la reparación del perjuicio; por lo tanto, el Sr. Romero podrá reclamar el resarcimiento por el daño ocasionado por dicha fumigación en su campo. La acción del damnificado puede perseguir el resarcimiento del daño producido, pero también el cese de la causa que origina el daño para evitar que este se reitere en el futuro. El planteamiento legal para este caso encuadra en las siguiente figuras jurídicas inherentes al daño provocado, tanto al ambiente como a sus cosechas (procede la indemnización): Daño ambiental: toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. "El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción". En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la LGA, el cual será istrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder. La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la istrativa. Se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales istrativas. La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El a la jurisdicción por cuestiones ambientales no itirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes.

En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte. Acciones negatorias: Cuando el daño ya se ha producido la vía natural para acudir a la Justicia y obtener la legítima reparación, es la acción indemnizatoria que nace de la responsabilidad civil extracontractual. Junto a esta obligación de indemnizar, invocable cuando el daño ya se ha producido, es necesario también encontrar un medio civil de protección preventiva; es decir, no destinado a reparar el daño causado, sino a evitar que se cause, paralizando las actividades que producen perturbaciones ilegítimas potencialmente dañinas para el medio ambiente. Este es el campo de actuación de la acción negatoria. Como señalan en la doctrina española, "la acción negatoria es la acción que corresponde al propietario contra todo tipo de perturbaciones no posesorias dirigidas contra su derecho. Por razones históricas, íntimamente relacionadas con el desarrollo de la revolución industrial, la acción negatoria vio disminuido su campo de aplicación en beneficio de la responsabilidad por culpa, menos molesta para quien lleva a cabo actividades potencialmente dañinas". La acción negatoria es uno de los principales medios de protección civil del medio ambiente. Ejercitando esta acción puede solicitarse en primer lugar la cesación, es decir que se hagan cesar o paralicen las actividades que ocasionan perturbaciones ilegítimas al derecho del actor, que no consisten en la privación indebida de la posesión (pues en este caso lo procedente sería el ejercicio de las acciones posesorias, o, en su caso la acción real reivindicatoria) y, en segundo término, la abstención, es decir que el demandado se abstenga de realizar en el futuro otras actividades del mismo género igualmente perturbadoras. En todo caso la acción corresponde al titular de un derecho real que pueda ver perjudicado su interés por las perturbaciones que se desea hacer cesar; las perturbaciones no deben referirse a un hecho aislado o puntual, en cuyo caso lo procedente sería utilizar la acción de responsabilidad civil, sino una actuación continuada que se pretende detener, tratándose de perturbaciones de índole material. Las perturbaciones jurídicas que son las que tradicionalmente constituyen el objeto del ejercicio de la acción negatoria, no son las que interesan cuando se trata de la protección ambiental. Acción de mitigación: Tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. Se expresarán en un Plan de Medidas de Mitigación que deberá considerar, a lo menos, una de las siguientes medidas: a) Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo, mediante la no ejecución de una obra o acción, o de alguna de sus partes. b)Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, mediante una adecuada limitación o reducción de la magnitud o duración de la obra o acción, o de alguna de sus partes, o a través de la implementación de medidas específicas. Acciones de clase La "acción colectiva" o "acción de clase" supone que una resolución judicial tiene un alcance general para todas las personas o de un grupo que se vean afectados en un mismo derecho. De esta forma se evita la multiplicidad de demandas por un mismo hecho. Otras acciones La acción de prevención o llamada también de protección, procede ante la amenaza de producción de un daño grave e inminente o para la cesación de los perjuicios actuales susceptibles de prolongarse en el tiempo. En la acción de reparación, estamos ante un supuesto de un daño ya producido, y procede con el objeto de reparar o volver las cosas a su estado anterior a dicho daño o menoscabo, y subsidiariamente, contiene el resarcimiento al daño global producido. Cabe señalar que este resarcimiento no excluye la procedencia de la acción indemnizatoria por quienes han sido

afectados de manera individual en sus derechos. RECOMPOSICIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL. El art. 41, 1 párrafo, de la CN nos dice que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley; esta norma requiere para su plena operatividad la existencia de una norma legal y es ahí donde entran en juego todas las normas ambientales de rango municipal, provincial y/o nacional. Se considera daño ambiental a toda alteración relevante que modifique negativamente el medio ambiente, sus recursos naturales, el equilibrio de los sistemas, los bienes o los valores colectivos. Respecto de la ACCIÓN DE REPARACIÓN del daño colectivo podemos decir que siendo el ambiente un bien público o colectivo, el daño es también colectivo; el art. 28 de la LGA establece la responsabilidad objetiva para quien cause un daño ambiental, siendo como ya dijimos, responsable de restablecerlo a su estado anterior. Esta obligación surge del reconocimiento de un Orden Público Ambiental.

REDACCION DE DEMANDA: Demanda por daños y perjuicios Sr. Juez Medina Gisela, abogada con matricula 13435 1. PERSONERIA: Con el poder especial que acompaño soy apoderado de el sr. Juan Romero, domiciliado en calle AV. Fundador al 953, ciudad de san Juan y cuyos demás datos obran en el citado instrumento. Me presento y este carácter fijo domicilio procesal en calle rio calegaro en la cidad de San Juan al 737. 2. OBJETO: Cumpliendo expresas instrucciones de mi mandante promuevo demanda de indemnización de daños y perjuicios contra de el señor Ceferino Pepinato, domiciliado en AV. Del fundador al 954 de la ciudad de San Juan por la suma de pesos $600.000 con más intereses que por ley o por jurisprudencia o por el fallo sean aplicables.Se demanda, además, las costas y los intereses sobre los montos pagados para iniciar y concluir este proceso.3. HECHOS: Siendo el dia 20/11/2017 el Sr. Ceferino Pepinato realizo imprudencialmente un acto de desinfección en su propiedad dañando las cosechas del campo vecino este ultimo perteneciente a mi representado 4. DAÑOS: A partir de una desinfección efectuada en el campo aledaño de mi representado, se produjeron daños sobre las cosechas del mismo, evitando la venta de dichas cosechas y la recaudación del monto en que estaba valuado el mismo antes del daño pertinente, por lo

que se solicita reparación ocasionados a mi representado con una suma de $600.000 mas intereses que por ley o por jurisprudencia o por el fallo sean aplicables.Se demanda, además, las costas y los intereses sobre los montos pagados para iniciar y concluir este proceso.-

Por lo expuesto pido a V.S. Dé a la demanda el trámite de ley. SERA JUSTICIA