Derecho Agrario w3m3x

c El procedimiento de la expropiación agraria se encuentra establecido en el capítulo VI de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. En el artículo 71 se establece que, conforme a lo previsto en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se declaran de utilidad pública o interés social las tierras aptas para la producción agraria que se hallen dentro de la poligonal rural las cuales quedan sujetas a los planes de seguridad agroalimentaria de la población. De igual manera conforme a lo previsto en el artículo 307 de la Constitución en el artículo 72 de la referida Ley, se declara de utilidad pública e interés social, la eliminación del latifundio como contrario al interés social en el campo. En tal sentido -dice la Ley - el Instituto Nacional de Tierras procederá a la expropiación de las tierras privadas que fueren necesarias para la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola, para asegurar su potencial agroalimentario, quedando subrogado en todos los derechos y obligaciones que de conformidad con este Decreto Ley puedan corresponder a la República. En este punto es necesario conceptualizar lo siguiente: Concepto de expropiación La expropiación es una institución de Derecho Público, mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad pública o de interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o algún otro derecho de los particulares, a su patrimonio, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización. Artículo 2 de la Ley de expropiación por causa de utilidad pública o social. Concepto de obras de utilidad pública Se considerarán como obras de utilidad pública, las que tengan por objeto directo proporcionar a la República en general, a uno o más estados o territorios, a uno o más municipios, cualesquiera usos o mejoras que procuren el beneficio común, bien sean ejecutadas por cuenta de la República, de los estados, del Distrito Capital, de los municipios, institutos autónomos, particulares o empresas debidamente autorizadas. Artículo 3, de la Ley de expropiación por causa de utilidad pública o social. Comentarios: A propósito de la afectación del uso de las tierras privadas, y en el ánimo de considerar la intención que pudiere llevar esta Ley de Tierras, es necesario expresar, que hubiese sido realmente democrático, más acorde y conciliable con los principios de libertad económica y con la garantía del derecho de propiedad establecidos en la Constitución, consagrar solo la afectación de las tierras públicas de vocación agrícola y establecer un régimen

especial de estímulos a las tierras agrícolas de propiedad privada para orientarlas a la producción de rubros agroalimentarias acorde a las necesidades del país y en desarrollo a los planes agroalimentarios establecidos por el Ejecutivo Nacional. Tal como lo plantea Duque Corredor, la afectación de tierras privadas depende del cumplimiento de la función social de la seguridad agroalimentaria de la Nación, a la que queda sujeta la actividad de sus propietarios para satisfacer las necesidades de producción de los rubros alimentarios que se determinen en los planes de seguridad agroalimentaria que establezca el Ejecutivo Nacional.(negritas y subrayado del autor de este trabajo). Señala el experto Jurista que: * ³Hasta el presente los patrones y planes que señalan estas disposiciones no han sido publicados en Gaceta alguna. Estos patrones, como actos regulatorios de actividades económicas deben ser previamente informados y consultados con las comunidades organizadas del sector al cual interesen o afecten, so pena de nulidad absoluta´. * ³Para que la actuación de los entes istrativos encargados de la ejecución del desarrollo rural sustentable -que es la nueva forma de denominar a la afectación y distribución de tierras- resulte legítima es necesaria la planificación previa de tal desarrollo´. La pregunta que cabe realizar entonces es ¿Por qué el afán de imposición y de represión en un Estado de Derecho que acorde al Artículo 299 de la Constitución (CRBV), ³El régimen socioeconómico de la República ... se Fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. ...´. Expresando igualmente que ³El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional ..´ . Obviamente, los términos en que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA), pretende afectar el uso de la tierra de propiedad privada, no se corresponde con el espíritu del constituyente de 1999, quién además en su Exposición de Motivos señala que ³El régimen socioeconómico no se define de forma rígida, no obstante se consagran principios de justicia social, eficiencia, democracia, .... fuera de cualquier dogmatismo ideológico con relación a la ya superada disputa sobre los roles del mercado y el Estado, evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico, pero sentando las bases de una economía de respeto a la acción individual´. Es evidente que el Estado mediante la Ley de Tierras y basándose en el procedimiento de expropiación, pretende imponer una economía

dirigida, olvidando el espíritu y los postulados del constituyente, desconociendo la iniciativa privada reconocida en el Artículo 299 de la Constitución, y en todo caso, castigándola aún siendo eficiente, si no se corresponde con los planes agroalimentarios que establezca el Ejecutivo, la muestra de ello la encontramos en el título referido al impuesto, cuyo Artículo108, califica como ociosas, ³las tierras rurales que no se dediquen a producir rubros conforme al mejor uso según el potencial agroalimentario de la clasificación o a los planes nacionales de ordenación agroalimentaria´. Continuando con la revisión y análisis del articulado de la Ley de Tierras sobre el tema de la expropiación de tierras privadas los artículos subsiguientes se refieren a las excepciones del proceso y al procedimiento que debe regir en los casos de expropiación de tierras privadas. Excepciones: Según el artículo 74 se consideran inexpropiables los fundos que no excedan de cien hectáreas (100 ha) en tierras de primera clase o sus equivalencias en tierras de otras calidades, y de cinco mil hectáreas (5000 ha) en tierras de sexta y séptima clase o sus equivalencias, según lo que al efecto se desarrolle en el Reglamento. Comentarios: Al respecto se puede decir que en los últimos tres años hemos presenciado como el estado haciendo uso de su poderío ha hecho caso omiso al artículo antes citado y nos ha tocado ver de cerca en el caso del valle del turbio, en Barquisimeto, estado Lara, como se han intervenido varios fundos que cumplen con la primera de las condiciones de inexpropiabilidad. En cuanto a los requisitos de procedibilidad, se puede extraer del articulado que el INTI - a través de la Oficina Regional de Tierras (ORT) - deberá realizar el informe con las razones que justifiquen que la expropiación a efectuarse es necesaria para la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola, además debe llevar la identificación clara del área bajo objeto de expropiación. A dicho expediente deberá anexarse el plan de desarrollo sustentable propuesto, y el mismo se enviará a la Gerencia de consultoría jurídica para su evaluación. Esta se encarga de revisar el expediente y se asegura de que cumpla con lo establecido en la Ley de Tierras. Una vez evaluado y aprobado lo enviará al Directorio del INTI el cual evaluará lo propuesto en el expediente, realizará las observaciones que requiera y tomará una decisión al respecto. Si desaprueba, enviará las razones a la ORT respectiva para informar a los mismos del resultado. De ser aprobado, se inicia

entonces el procedimiento subsiguientes.

establecido

en

los

artículos

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y

PROCEDIMIENTO Una vez aprobado el expediente, el Directorio procederá a Emplazamiento: por edicto a todos los ciudadanos y ciudadanas que pretendan algún derecho sobre las tierras, para que comparezcan en un término de diez (10) días hábiles luego de la publicación del último edicto, a Fin de agotar la vía amistosa de negociación. PUBLICACIÓN: Los edictos se publicarán por dos (2) Veces con intervalos de cinco (5) días continuos entre una y otra publicación en un diario de mayor circulación Nacional y en la Gaceta Oficial Agraria COMPARECENCIA: Los ciudadanos o ciudadanas que comparezcan deberán presentar un expediente particular que contenga lo previsto en la Ley de Tierras en su Artículo 78 que es: 1. Título suficiente de propiedad. 2. Certificación de gravamen de los últimos diez (10) años. 3. Plano de mesura del fundo a escala adecuada. 4. Inventario de bienhechurías existentes en el fundo. 5. Autorización para efectuar avalúo del fundo. SI COMPARECE Negociación amistosa se realizará en un término no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir del lapso establecido en el procedimiento. SI SE LOGRA De esta negociación se levantará acta definitiva suscrita por las partes negociadoras, debidamente identificadas y autorizadas. NO SE LOGRA NO COMPARECE Culminada la negociación amistosa se presentará por ante el Tribunal Superior Agrario Regional correspondiente, a fin de proceder a la ejecución voluntaria de la ocupación previa y continuar ante este órgano la tramitación de la homologación correspondiente. INTI iniciará el procedimiento de expropiación forzosa.

Solicitud de expropiación por ante el Tribunal Superior Agrario que resulte competente. NOTIFICACIÓN: El Tribunal Ordenará notificar mediante edicto a todos los ciudadanos o ciudadanas que pretendan derechos sobre las tierras objeto de expropiación. COMPARECENCIA Y CONTESTACIÓN: Deben comparecer a dar contestación a la solicitud de expropiación, en un término de quince (15) días hábiles luego de la publicación del último edicto, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. SE FORMULA OPOSICIÓN NO HAY OPOSICIÓN PRONUNCIAMIENTO Y SENTENCIA PRONUNCIAMIENTO Y SENTENCIA LAPSO DE PROMOCION cinco (5) días hábiles para promover pruebas EVACUACION DE PRUEBAS quince (15) días hábiles para evacuarlas CONSIGNACIÓN DE INFORMES dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. PRONUNCIAMIENTO Y SENTENCIA dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento de la oportunidad de informes. LA DISCRECIONALIDAD POR PARTE DEL EJECUTIVO NACIONAL Y DEL ENTE AGRARIO COMPETENTE EN LA APLICACION DE ESTE PROCEDIMIENTO..-Existe discrecionalidad en cuanto a la calificación de una tierra como latifundio, ya que previamente se debería establecer el promedio de ocupación de la región, para saber si su superficie excede de tal promedio, se requiere también que con anterioridad se señale su uso, para que se pueda determinar si su rendimiento no es idóneo, porque es menor a 80%. Ese rendimiento depende del uso que corresponda a la calificación asignada a la tierra, conforme a lo que la misma Ley establece, o de acuerdo con los planes de ordenación agroalimentaria.

.- Existe discrecionalidad en el concepto mismo de declaración de utilidad pública o interés social. .-Existe discrecionalidad en el artículo 78 cuando se refiere a que en el mismo acto de comparecencia el propietario deberá presentar título ³suficiente´ de propiedad. El Instituto Nacional de Tierras ha venido interpretando equivocadamente la exigencia de ³documentos y títulos suficientes que acrediten la propiedad y la ocupación´, obligando al propietario de presentar títulos registrados con anterioridad al 10 de abril de 1848. * Títulos y documentos suficientes son aquellos que además de ser auténticos o públicos, su veracidad está garantizada, además, por la presunción de verdad legal, oponible a terceros, que otorga la publicidad registral, la certeza y la seguridad jurídica a los derechos inscritos en el registro inmobiliario, cuyos asientos regístrales producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud por los tribunales competentes. INFOGRAFIA .- Ley de tierras y desarrollo agrario.2001 .- Ley de expropiación por causa de utilidad pública o social. Gaceta oficial nº 37.475 del 1 de Julio de 2002. .- Román J Duque Corredor. Requisitos de validez de las denuncias de tierras incultas u ociosas. Procedimientos de determinación de latifundios y medidas de aseguramiento en los procedimientos de rescate de tierras públicas. Disponible en: .- www.gacetaganadera.com/docs/ProcLeydeTierras.doc INTRODUCCION Más allá de tratarse de un tema que se encuentra en el tapete de la discusión Política en la sociedad venezolana, la expropiación, como toda Institución de Derecho Público, reviste un profundo interés para la ciudadanía en general. Solo un conocimiento cabal y una comprensión integral, por parte de los Ciudadanos en general y de los órganos de la istración en particular, de los fundamentos y objetivos perseguidos con esta Institución garantizará que la misma alcance los fines establecidos en la Constitución y la Ley, alzándose como instrumento de armonización entre los intereses particulares y generales y apartándose de los derroteros del atropello y el abuso contra la propiedad privada. La expropiación es una Institución de Derecho Público en virtud de la cual la istración, con fines de utilidad pública o social,

adquiere coactivamente bienes pertenecientes a los istrados, conforme al procedimiento determinado en las leyes y mediante el pago de una justa indemnización. Es una Institución que tiene por objeto conciliar los requerimientos del interés general de la comunidad con el respeto debido al derecho de propiedad de los istrados. Es una Institución más de las previstas por el ordenamiento jurídico, tanto constitucional como legalmente, que produce la transferencia de la propiedad del particular al Estado y desapropia a aquel de su derecho. Su característica más resaltante es que no hay en ella acuerdo de voluntades, sino que su mismo fundamento jurídico la potestad expropiatoria le otorga la suficiente eficacia jurídica para que, cumplido el procedimiento legalmente previsto y el pago de una justa indemnización, produzca el efecto ablatorio en el patrimonio de los particulares. EXPROPIACION DE BIENES PRIVADOS ANALISIS DEL ARTÍCULO 115 DE BOLIVARIANA DE VENEZUELA

LA

CONSTITUCION

DE

LA

REPUBLICA

El artículo 115 trata sobre el derecho a la propiedad privada, a su uso y disfrute. Se establece en el caso de una expropiación de bienes (de utilidad pública), que el Estado puede ocupar previamente y durante el proceso judicial (antes de la sentencia) el bien en cuestión. Esto sienta un gravísimo precedente, ya que nadie/nada evita que el Estado pueda ser todo lo ineficiente que quiera, siendo el único perjudicado el afectado de la expropiación. Y para muestra un ejemplo: Un hacendado que explota su tierra y que por error u omisión, ineficiencia o corrupción se le declara un sector de su hacienda "expropiable", se expropia y se ocupa. Cinco años después el tribunal supremo le da la razón, y no solo habría entonces que pagar la indemnización sino también los costes del juicio, los daños y los perjuicios añadidos. También podemos decir que el articulo 115 establece el derecho que tiene una persona sobre sus bienes, si la propiedad afecta un bien común la ley tiene la obligación de expropiarla donde se le cancelara una indemnización al propietario. Ley de Expropiación por causa de utilidad pública y social (2002) La presente Ley regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o de interés social, de los derechos y bienes pertenecientes a los particulares, necesarios para lograr la satisfacción del bien común. La expropiación es una institución de Derecho Público, mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad publica

o de interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o algún otro derecho de los particulares, a su patrimonio, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización. Cuando hablamos de obras de utilidad pública, consideramos las que tengan por objeto directo proporcionar a la República en general, a uno o más estados o territorios, a uno o más municipios, cualesquiera usos o mejoras que procuren el beneficio común, bien sean ejecutadas por cuenta de la República, de los estados, del Distrito Capital, de los municipios, institutos autónomos, particulares o empresas debidamente autorizadas. La expropiación forzosa sólo podrá llevarse a efecto con arreglo a la presente Ley, salvo lo dispuesto en las leyes especiales. Sin embargo, en lo concerniente a la reforma interior y al ensanche de las poblaciones prevalecerán las disposiciones de esta Ley. Debemos acotar también que esta ley garantiza a Todo propietario a quien se prive del goce de su propiedad, sin llenar las formalidades de esta Ley, podrá ejercer todas las acciones posesorias o petitorias que correspondan, a fin de que se le mantenga en el uso, goce y disfrute de su propiedad, debiendo ser indemnizado de los daños y perjuicios que le ocasione el acto ilegal. Cuando hablamos de proceso conciliatorio judicial, nos referimos a los pasos que se deben llevar al momento de una expropiación y los órganos competentes. En el Titulo IV Del Proceso Para la Órganos Jurisdiccionales Competentes.

Expropiación

Articulo

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Un juez civil en primera instancia perteneciente a la ubicación del bien, deberá estudiar lis juicios de expropiación y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones. En segunda instancia el tribunal supremo de justicia estudiara el caso en sala político istrativo. En caso de que la republica sea quien solicite la expropiación, el juicio se realizara directamente ante la corte primera de lo contencioso istrativo y de las apelaciones y recursos contra sus discusiones se estudiara el caso. En segunda instancia será estudiada por el tribunal supremo de justicia en sala político istrativo.