Resumen Derecho Internacional Privado1 6d313v

María Eugenia Ceccotti

Derecho Internacional Privado Unidad 1 Punto I. Concepto de Derecho Internacional Privado. Soluciones y Métodos.

CONCEPTO: Conjunto de casos iusprivatistas con elementos extranjeros y de sus soluciones ambos descriptos por normas inspiradas en los métodos Indirecto, analítico y sintético judicial y basadas las soluciones y sus descripciones en el respeto al elemento extranjero. SOLUCIONES: Territorialistas: Inspiradas en el derecho del país donde surge la controversia (Si surge en Argentina, busco en el Derecho argentino). TOTAL: Se aplica Derecho Privado del juez que entiende en la causa. MITIGADO: Se aplica un Derecho especial creado al efecto el cual puede ser de fuente nacional o de fuente internacional. Extraterritorialistas: Se elige entre los Derechos involucrados aquel en el que el caso tenga su centro de gravedad. Se ite la posibilidad de aplicar Derecho de otro país. No Territorializadas: Se trata de las soluciones que otorgan las partes en un acuerdo internacional por la autonomía de la voluntad de las partes.

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La diferenciación de las normas jusprivatistas internacionales se produce con miras a la territorialidad o extraterritorialidad de sus consecuencias jurídicas. La consecuencia jurídica emplea un método diferente según que la solución adoptada sea la territorialista o la extraterritorialista. En el primer caso, la consecuencia jurídica resuelve inmediatamente el problema suscitado en el tipo legal a través del método directo. En el segundo caso, la consecuencia jurídica se contenta con indicar el Derecho que lo debe resolver utilizando así método indirecto. MÉTODOS:

Directo  Consiste en que la norma en su

consecuencia jurídica, resuelve el problema planteado en su tipo legal, es el método utilizado habitualmente por las normas de Derecho Privado y de de Derecho Público. Indirecto  Una vez que se adopte una solución extraterritorialista, siempre están en tela de juicio varios Derechos como posiblemente aplicables y la norma debe elegir cuál de estos Derechos ha de ser aplicado y esta elección es la que lleva a efecto el método indirecto. Este, no resuelve el problema planteado sino que se limita a indicar el derecho aplicable al caso. Los casos pueden

ser

absolutamente

nacionales,

relativamente

y

absolutamente internacionales, según presenten o no elementos extranjeros y según el momento de aparición de estos en la controversia. Analítico Analógico  Ante la posible aplicación de varios Derechos a una misma controversia, este método desmenuza el caso mediante el análisis, aplicando a cada elemento, un Derecho de los posiblemente aplicables. Está dirigido en primer término al legislador y sólo derivadamente al Juez. Una de las excepciones de la aplicación de este método en el Código Civil

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Argentino se encuentra en el Artículo 101 por considerar que la soberanía territorio exige que cuando se relaciona con los inmuebles argentinos haya de someterse al Derecho argentino. Sintético Judicial  Busca la solución del caso, tratándose así de un método constitutivo. En este caso, es el Juez quien debe proporcionar la síntesis del caso. Está dirigido al Juez. Este método acopla los diversos fragmentos de derechos materiales señalados por el método analítico y elabora, la solución de fondo. Punto II Fuentes. Ámbitos de aplicación

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Art. 10 C.C.A: “ Los bienes raíces situados en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país, respecto de su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la capacidad de adquirirlo, a los modos de transferirlos, y a las solemnidades que deben acompañar esos actos. El título, por tanto, es una propiedad raíz; sólo puede ser adquirido, transferido o perdido de conformidad con las leyes de la República.”

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FUENTES: Se trata del derecho en el que se basa el juez para solucionar un caso. De Conocimiento: Permiten adquirir un conocimiento derivado de las normas – doctrina-

Reales: Permiten adquirir un conocimiento directo de las normas Formales: * Convenciones internacionales (Tratados CIDIP) * Normas iusprivatistas internas (C.C y leyes complementarias)

Materiales La norma se va creando a medida que surgen los hechos. * Derecho consuetudinario interno (opiniones solventes, práctica estatal)

Práctica estatal *Actividad de autoridades istrativas (resoluciones del registro civil, policía al expedir pasaportes) *Opiniones solventes (resoluciones de organizaciones científicas, opiniones de técnicos en la materia, enseñazas del derecho comparado)

Los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 son comunes y no universales, lo que implica que sólo pueden ser aplicados por los países para los que rigen y solo se aplican a casos provenientes de dichos países.

Ámbito espacial del DIPr. ACTIVO: ¿Quiénes aplican DIPr? Las autoridades argentinas dentro del país o fuera de él en la medida en que actúen oficialmente en otro lugar como los diplomáticos.

PASIVO:  ¿Dónde deben haberse realizado los casos para que se aplique DIPr argentino? Se

aplica

a

todos

los

casos

que

lleguen

a

conocimiento de autoridades competentes argentinas, siempre que no resulte aplicable algún Tratado de Montevideo. 4

Ámbito temporal del DIPr. Los

Tratados

(normas

iusprivatistas

internacionales

convencionales) entran en vigencia con la RATIFICACIÓN. En el caso de los bilaterales será con la ratificación por parte del otro país y en los multilaterales debe haber un número mínimo de ratificaciones previsto en el tratado. Se entiende por ratificación  el acto del presidente de la nación por el cual hace entrar en vigencia el tratado. Es el acto posterior a la aprobación que se trata del acto interno del Congreso que autoriza al presidente a ratificar el tratado pero que no lo hace entrar en vigencia. Cesan en su vigencia con  la denuncia del tratado o por

 el transcurso del

tiempo establecido en él. PASIVO: Pueden darse dos situaciones: 1. Que el caso permanezca y la norma de DIPr cambie 2. Que las normas se mantengan y que el caso deambule de una a otra norma. El C.C adopta por un lado el principio de irretroactividad de la nueva ley, y por el otro la doctrina de la aplicación inmediata de esa ley. Surgieron algunas teorías para solucionar este problema: o Teoría de la Analogía: o Analogía con el Derecho Público:  se propone introducir en el DIPr la retroactividad del Dº. Público. o Analogía con el Drercho Privado: 

Lex transitus legis civilis fori: Aplica a la sucesión

temporal 5

de

varias

normas

el

derecho transitorio que existe en el país del juez que entiende en la causa. 

Lex transitus legis civilies causae: Aplica el derecho transitorio del DIPr de las normas transitorias del Derecho civil que según el DIPr vigente resulta aplicable.

o Teoría de la Autarquía: Sostiene que se deben aplicar normas transitorias propias para el DIPr. Las normas de DIPr son retroactivas si la cuestión debatida no tiene ningún punto de o con el país del juez y son irretroactivas en caso contrario

Unidad 2 Punto I. Estructura y clases de normas.

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TIPO LEGAL: Describe la realidad a reglamentar

Características Positivas Su existencia es necesaria para que la norma se aplique

NORMA INDIRECTA

Características Negativas

CONSECUENCIA JURÍDICA: Describe su reglamentación

Características Positivas

Su inexistencia es imprescindible para que la norma actúe con normalidad Fraude a la Ley

Causas y hechos. Conducta a reglamentar

Puntos de Conexión: Medios técnicos donde encontramos el derecho probablemente aplicable al caso Lo Conectado: El Derecho que encontramos gracias a los puntos de conexión

Características Negativas Orden Público: Descarta la aplicación del Derecho extranjero

Función de la Norma Indirecta: Solucionar los casos iusprivatistas con elementos extranjeros. Rechazamos las soluciones iusprivatistas directas en los casos con elementos extranjeros porque chocan con el respeto al elemento extranjero

Clases de Normas o En Consideración a su tipo Legal: Las que enfocan el efecto jurídico: ej: efectos personales del matrimonio. 7

Las

que

enfocan

las

condiciones para que se produzcan tales efectos: ej: capacidad de derecho, forma del negocio jurídico. Las que enfocan tanto los efectos como las condiciones: ej: incluir en un tipo legal la capacidad de delinquir y los requisitos y efectos del delito. o En Consideración a su Consecuencia Jurídica: o Norma Cierta: Al no contener los hechos un elemento extranjero,

la

norma

indirecta

nos

indica

como

indudablemente aplicable el derecho propio o Norma

Problemática:

Conteniendo

los

hechos

un

elemento extranjero, la aplicación de derecho extranjero entra en el ámbito de las posibilidades. o Norma de Importación: Manda a aplicar Derecho Extranjero. También se la llama “independiente”por su desvinculación con el derecho material propio. o Norma de Exportación: Manda a aplicar Derecho Propio, exportándolo al elemento extranjero del caso controvertido. También se la conoce como “dependiente” por su dependencia del derecho material propio. o Norma Unilateral: Determinan sólo la aplicación del derecho propio. Ej: Los bienes raíces situados en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país” o Norma Incompleta: Ordenan la aplicación del derecho extranjero. Ej: el testamento del que se hallare fuera de su país sólo tendrá efecto en la República, si fue hecho en la forma prescripta por la ley del lugar en que reside, o de la Nación a la que pertenece o en la forma que designa este Código.

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o Norma Omnilaterales: Son exhaustivas. Ej: Las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público son regidas por las leyes del país donde se otorgaron.

Punto II El antecedente de la norma indirecta: Calificaciones, cuestión previa, fraude. El problema de las Calificaciones: El problema consiste en determinar qué ordenamiento jurídico, qué derecho, va a definir los términos de la norma indirecta. Calificar: Consiste en determinar la naturaleza jurídica del problema que se le plantea al Juez, es importante toda vez que una pretensión puede ser calificada como sucesoria en un estado y como parte del régimen matrimonial de los bienes en otro estado2. Soluciones al problema de las calificaciones: o Teorías No Autárquicas: Lex Civilis Fori: El problema debe ser siempre definido por el Derecho del país del Juez que entiende en la causa. Ej: Demanda presentada ante un Juez Argentino: en este caso el Juez argentino califica de acuerdo a su propio Derecho y habrá otro Derecho que reglamente según la calificación que ya viene impuesta por el Derecho del país del Juez. Lex Civilis Causae: El problema debe ser definido por el Derecho que resulte aplicable gracias a la norma indirecta. El Juez Argentino parte de su norma indirecta pero no califica previamente. Hay un solo derecho que define – 2

Ejemplo: La regla establece que el testamento hecho por un soltero queda revocado por su posterior matrimonio. Esto es calificado de naturaleza matrimonial en el Drecho Inglés y en cambio es calificado como problema de derecho sucesorio en el Drecho Argentino.

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califica- y reglamenta. En el ejemplo del testamento hecho por un soltero, el Juez parte de la norma indirecta que dice que la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante, si éste se encontrara en Inglaterra, será el Derecho Inglés el que defina –como un problema matrimonial- y reglamente – aplicando las normas de Derecho Inglés que se refieren al matrimonio. o Teorías Autárquicas: Consiste en una misión imposible ya que lo que propone es que para definir el problema, el juez tiene que comparar la totalidad de los derechos del mundo. Justamente por considerar que era una tarea irrealizable surgió la TEORÍA AUTÁRQUICA

COMPARATISTA,

que

establece

que

la

comparación no se debe hacer con todos los derechos sino sólo con aquellos que resulten involucrados en el caso. Casos emblemáticos referidos al problema de las Calificaciones: o La Viuda Maltesa: Hechos: Una pareja de matleses celebró matrimonio en Malta y fijó su domicilio allí. Luego trasladó su domicilio a Francia. Allí adquirieron inmuebles y fue allí también donde falleció el marido. La mujer solicitaba el usufructo de la cuarta parte de los bienes del marido, pretensión que expuso frente a los Tribunales ses al momento de iniciar la sucesión. El problema: Los jueces debían calificar el pedido de la esposa y decidir si el usufructo corresponde: Al régimen de bienes matrimonial o al Derecho sucesorio. Si lo califican como figura del Derecho Sucesorio: Según el DIPr Francés “el derecho sucesorio se rige por el derecho del lugar de situación de los bienes”. Como los bienes estaban en Francia, se aplica Derecho Francés, el cual NO le reconoce el usufructo a la esposa.

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Si lo califican como figura del régimen de bienes matrimonial: Según el DIPr Francés “la sucesión se rige por el derecho del primer domicilio conyugal, el cual estaba en Malta y por lo tanto se aplica el Código de Rohan, que SI le reconocía derecho respecto del usufructo a la esposa. Fallo: El tribunal aplicó la Teoría de Lex Civilis

Causae, calificó

el usufructo

como

figura

del régimen

matrimonial y le otorgó el beneficio a la esposa. o Testamento Ológrafo del Holandés: Hechos: Un Holandés otorga en Francia un testamento ológrafo. Tras su muerte se disculte la validez de dicho testamento ante los tribunales ses. El

Problema:

Los

jueces

debían determinar si la olografía se trataba de un problema de forma o de capacidad. Si es un problema de forma, el Tribunal Francés parte de su DIPr que dice que la forma del testamento se rige por el derecho del lugar donde fue otorgado –FRANCIAy para esa ley el testamento es válido ya que en Francia la olografía es una forma válida de testar. Si es un problema de capacidad, los jueces

parten de su DIPr que dice que la capacidad se rige

por la ley de la nacionalidad del testador –HOLANDA- donde está prohibido otorgar testamento ológrafo dentro y fuera de Holanda por lo que el testamento sería nulo. El testador realizó un testamento formalmente válido pero sin tener capacidad para otorgarlo, con lo cual, redactó un testamento nulo.

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Cuestión.Previa:

CUESTIÓN PREVIA Hay cuando un caso o problema es condición de otro o está subordinado a otro. La decisión de un caso depende de la decisión de otro.

SOLUCIONES

Si se presenta un hijo adoptivo a la sucesión de su padre adoptante, para saber si tiene Derecho a heredarlo primero habrá que ver si la adopción es válida. Teoría de la Jerarquización: Al haber dos cuestiones es necesario jerarquizarlas para poder establecer cuál es la principal y cuál la secundaria y aplicarle el Derecho del país que rige para la principal a la secundaria.

Rama Ideal o Lógica La cuestión principal es la condicionante y la secundaria es la condicionada.

Q. Ppal: Adopción Condicionante Q. Secundaria: Sucesión

Rama Real o Procesal La cuestión principal es la que constituye el tema de petición de la demanda

Q. Ppal: Sucesión –Por ser 12 el tema de petición de la demandaQ. Secundaria:

Teoría de la Equivalencia: Si bien hay dos cuestiones, no hay que jerarquizarlas sino igualarlas, ya que ninguna es principal o secundaria siendo que cada una se rige por su Derecho.

CUESTIÓN PREVIA Hay cuando un caso o problema es condición de otro o está subordinado a otro. La decisión de un caso depende de la decisión de otro.

SOLUCIONES

Si se presenta un hijo adoptivo a la sucesión de su padre adoptante, para saber si tiene Derecho a heredarlo primero habrá que ver si la adopción es válida. Teoría de la Jerarquización: Al haber dos cuestiones es necesario jerarquizarlas para poder establecer cuál es la principal y cuál la secundaria y aplicarle el Derecho del país que rige para la principal a la secundaria.

Rama Ideal o Lógica La cuestión principal es la condicionante y la secundaria es la condicionada.

Q. Ppal: Adopción Condicionante Q. Secundaria: Sucesión Condicionada

Rama Real o Procesal La cuestión principal es la que constituye el tema de petición de la demanda

Teoría de la Equivalencia: Si bien hay dos cuestiones, no hay que jerarquizarlas sino igualarlas, ya que ninguna es principal o secundaria siendo que cada una se rige por su Derecho.

Q. Ppal: Sucesión –Por ser el tema de petición de la demandaQ. Secundaria: La otra –en este caso, la adopción-

Casos emblemáticos referidos a la cuestión previa: o El Caso Ponnouncanamale: Hechos: Una familia de nacionalidad inglesa, con domicilio en India, adopta allí un hijo teniendo otros hijos legítimos. Luego trasladan su domicilio a Francia donde también adquieren inmuebles. El hijo adoptivo se casa y tiene un hijo legítimo. Tiempo después, el hijo adoptivo muere, tras lo cual el padre adoptante hace testamento desheredando al 13

nieto (hijo de su hijo adoptivo) basándose en la ley sa según la cual no se puede adoptar teniendo otros hijos legítimos. Más tarde muere el padre adoptante. Se inicia la sucesión de este último en Francia y se presenta el “nieto adoptivo” pidiendo que se declare la nulidad del testamento que lo deshereda. El

Problema:

Hay

dos

cuestiones, la adopción y la vocación sucesoria y hay que determinar cuál es la principal y cual la secundaria. Fallo: El Tribunal aplicó la Teoría de la Jerarquización Real o Procesal. Estableció que la cuestión principal es la que constituye el tema de petición de la demanda, o sea, la vocación sucesoria y como los problemas sucesorios se rigen por la ley del lugar de situación de los bienes y estaban en Francia se aplica Derecho Francés, Derecho que también se aplicará a la cuestión secundaria, es decir, a la adopción, según el cual ésta es invalida porque no se puede adoptar teniendo otros hijos legítimos. Fraude a la Ley Concepto: Es la alteración real y maliciosa del punto de conexión de la norma para que se aplique una ley más favorable. Es el intento de las partes de vivir en un país con la legislación de otro. Es una característica negativa porque no tiene

que

haber

fraude

para

que

la

norma

funcione

normalmente. . Ejemplo: Modificar intencionalmente el domicilio para que resulte aplicable a una sucesión un derecho distinto al que naturalmente le hubiera correspondido.

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Determinar cuándo hubo fraude o no, es muy subjetivo pero los jueces cuentan con dos indicios: Expansión espacial: Cuando los protagonistas realizan actos en un país donde no tienen ninguna razón para actuar. Contracción temporal: Cuando en muy poco tiempo realizan una serie de actos encaminados al fraude. REQUISITOS: Que la alteración del punto de conexión sea real. Que haya una exteriorización, no basta con la simple intención. Que quien lo realiza tenga una intención maliciosa. Que el derecho desplazado sea coactivo. En materia contractual el fraude a la ley no se da porque en ese ámbito impera el derecho dispositivo. CLASIFICACIÓN DEL FRAUDE A LA LEY. FRAUDE

RETROSPECTIVO:

Se

comete

para

eludir

las

consecuencias de un acto que se realizó en el pasado. FRAUDE SIMULTÁNEO: Se falsean los hechos al llevarlos a cabo a fin de esquivar las consecuencias inmediatas del acto realizado. FRAUDE A LA EXPECTATIVA: Se comete para eludir las consecuencias de un acto futuro. Se manipulan los hechos porque se teme

que

en

el

porvenir

puedan

producirse

determinadas

consecuencias.

EFECTO DEL FRAUDE A LA LEY: Produce su propia ineficacia. La norma indirecta resulta inaplicable a los hechos artificialmente creados.

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LEGISLACIÓN DEL FRAUDE A LA LEY: Art. 159 C.C.: Las condiciones de validez de matrimonio se rigen por la ley del lugar de celebración. Art. 1207: Los contratos hechos en el extranjero para violar las leyes de la República son de ningún valor. Art. 1208: Los contratos hechos en la República para violar las leyes de un país extranjero son de ningún valor. Art. 124 L.S.C: A Las sociedades constituídas en el extranjero con sede o principal objeto en Argentina se les aplica la ley argentina. Tratados de Montevideo: No iten la autonomía de la voluntad de las partes por el temor de que puedan abusar de su libertad. CASO EMBLEMÁTICO SOBRE FRAUDE A LA LEY o Mandl: Hechos: Mandl era una persona de nacionalidad Austríaca, que tenía bienes por todo el mundo, contrajo matrimonio en cinco oportunidades y tuvo un hijo legítimo. Vino a Argentina, fijó su domicilio y fue aquí que se enteró que padecía una enfermedad terminal, entonces volvió a Austria, fijó su último domicilio allí y realizó in testamento por el cual le dejaba todos sus bienes a la quinta esposa y un crédito ínfimo al hijo. El problema: Se inicia la sucesión en Argentina y los jueces argentinos establecieron que se trataba de un caso de Fraude a la ley argentina. Si bien la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante que era en Austria, y si bien según ese derecho el testamento es válido porque allí no se reconoce la porción legítima indisponible. 16

Fallo: los jueces argentinos decidieron cambiar el punto de conexión “último domicilio” por el de “penúltimo domicilio”, el cual estaba en Argentina y aplicaron derecho argentino según el cual ese testamento era nulo porque no reconoce la legítima

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Unidad 3 Punto I. Características Positivas de la consecuencia jurídica de la norma indirecta. o Los puntos de conexión o La conexión o Lo conectado La conexión y los puntos de conexión son los medios técnicos que le permiten al juez encontrar el derecho aplicable al caso. Punto de Conexión: Encuentran el derecho aplicable en forma variable y determinable. Ej: los problemas sucesorios se rigen por la ley del último domicilio –esto lo hace variable porque la persona puede mudar innumerables veces su domicilio- y es determinable porque hasta que no surja el caso no se podrá saber qué ley se aplica. La Conexión: Encuentra el derecho aplicable en forma estable y nominativa Ej: los inmuebles situados en Argentina se rigen por el derecho argentino. Es nominativa porque menciona expresamente un derecho y es estable porque siempre es el mismo derecho. Lo Conectado: Es el derecho que el Juez encuentra gracias a los puntos de conexión y a la conexión. Ej: si el punto de conexión dice: “el matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración y se celebró en Francia, lo conectado es el derecho privado francés.

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CLASIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN o Según el objeto de referencia: o Personales  Nacionalidad  Domicilio  Residencia o Reales  Situación de los muebles o inmuebles  Lugar de matriculación del buque o aeronave o Conductistas: Lugar de celebración o cumplimiento del contrato.

Desde el punto de vista del carácter de la conexión: No Acumulativos  Simples: Se aplica desde el principio una sola ley a determinado aspecto  Condicionales  Subsidiario: La norma indirecta emplea un solo punto de o pero acude a un segundo en caso de que el primero fracase. 

Alternativo:

La norma

indirecta ofrece varios puntos de conexión y la elección se realiza según la libre voluntad de las partes. Actumulativos:  Iguales: La cuestión es sometida a distintos derechos que la resuelven cada uno con independencia del otro, Sólo el acuerdo entre todos los derechos aplicables permite llegar a una solución Ej: Adopción, que debe ser válida tanto conforme el derecho del domicilio del adoptante como el del adoptado. 

Desiguales: Consiste en aplicar a la cuestión un

solo

derecho 19

que

puede

resultar

completado o disminuido por otro derecho que funcione como mínimo o máximo.

El cambio de estatuto. Este

problema

surge

cuando

las

normas

se

mantienen

inalterables mientras que el caso va cambiando. Ej: si la ley dice que el testamento se rige por la ley del domicilio del testador cabe preguntarse en qué momento, cuando, ¿al momento de testar? ¿Al momento de la muerte? es importante que la ley especifique ese dato. Consiste en la determinación temporal de los puntos de conexión. Los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional reglamentan expresamente el problema del cambio de estatuto para el cambio del lugar de situación de los bienes muebles. Establecen que el cambio de lugar de situación de los muebles no afecta los derechos adquiridos con arreglo a la ley del lugar donde existían al tiempo de su adquisición.

Covigencia espacial Esto se presenta cuando en distintas partes o estados de un país rigen distintas leyes para una misma cuestión. Algunos puntos de conexión son: 

Localistas o Punteiformes: No se relacionan sólo con un país sino con un determinado lugar en él. Indican el derecho regional o zonal del país cuyo derecho resulta aplicable (alguien que muere con último domicilio en New York)



Nacionales o mochos: No tienen tal precisión. Ej:

la

nacionalidad.

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Si

un

juez

alemán

necesita saber qué derecho aplicar a la sucesión de un norteamericano, el punto de conexión no indica a cuál de los derechos estaduales tiene que acudir el juez alemán. El problema de la vigencia sucesiva Surge cuando en un país el ordenamiento jurídico va variando. Aquí encontramos dos teorías enfrentadas: o Teoría de la petrificación del derecho extranjero: El derecho extranjero declarado aplicable se inmoviliza en el momento indicado por el punto de conexión. o Teoría de la Alterabilidad del derecho extranjero: El derecho aplicable es el que rige en el momento en que se ventila el caso ante los tribunales.

El problema del Reenvío Hay reenvío cuando el juez que entiende en la causa manda a aplicar otro derecho y a su vez, este otro derecho vuelve a mandar a aplicar el derecho del juez que entiende en la causa. Ejemplo: Sucesión de causante argentino con último domicilio en España. El juez argentino parte de su DIPr y dice que rige el Derecho del último domicilio del causante –España- y el juez español dice que rige el Derecho de la nacionalidad del causante –ArgentinaCorresponde determinar si la consecuencia jurídica indica como aplicable el derecho privado extranjero o si declara aplicable en primer lugar el DIPr extranjero y en segundo lugar un Derecho Privado cualquiera. Teorías para solucionarlo::

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De la Referencia Mínima  El DIPr del Juez indica inmediatamente el Derecho privado aplicable. De la Referencia Media  El DIPr del Juez indica como aplicable en primer lugar el DIPr extranjero. Si éste considera aplicable su propio Derecho privado se aplica. Si en cambio el DIPr extranjero estima inaplicable el propio Derecho privado se lo abandona y se busca en otro DIPr un punto de conexión que resulte más apropiado. De la Referencia Máxima  El DIPr del Juez indica como aplicable el DIPr extranjero y luego el derecho que aquel indique. Pueser un nuevo DIPr o un Drecho privado. Pueden darse cuatro supuestos: o Aceptación: El DIPr extranjero acepta ser aplicado por contener una norma de exportación. Ej: Una persona argentina que muere con último domicilio en España (DIPr Argentino – DIPr Español – Dº Privado español). El juez argentino acepta el caso y decide aplicar su propio derecho. o Teoría del Uso Jurídico: El juez debe imputar la sentencia del juez extranjero que ese hubiese dictado. o Devolución o Reenvío de primer grado: Se soluciona con la aceptación del juez argentino. Ej: Un argentino que muere con último domicilio en Roma (DIPr Argentino – DIPr Italiano – Dº Privado argentino) o Envío o Reenvío en segundo grado: Se declara aplicable un tercer Derecho Privado. Ej: Un francés con último domicilio en España (DIPr Argentino – DIPr Español – DIPr Francés – Dº Privado francés) o Doble Reenvío Circular: Ninguno de los derechos privados es invocado como aplicable por su correspondiente Derecho Internacional Privado. Ej: Un argentino con último domicilio en España. El DIPr argentino manda a aplicar la ley del último domicilio –España- el DIPr español manda a aplicar la ley de la 22

nacionalidad –argentina- (DIPr argentino – DIPr español – DIPr argentino – DIPr español y así sucesivamente)

Caso emblemático del problema de reenvío o Forgo:

Hechos:

Forgo

nació

en

Baviera

como

hijo

extramatrimonial, luego trasladó su domicilio con su madre a Francia. Muere la madre de Forgo y tiempo después muere él, sin testar y sin dejar descendencia De este modo tenía domicilio de hecho en Francia y domicilio de derecho en Baviera. Iniciada la sucesión en Francia se presentan los colaterales de la madre de Forgo alegando Derecho bávaro y el fisco francés alegando Derecho francés, según el cual los colaterales de padres de hijos extramatrimoniales no tienen derecho sucesorio. El problema: Los jueces partieron del DIPr francés el cual dice que la sucesión se rige por la ley del último domicilio de derecho –Baviera- y el derecho bávaro dice que la sucesión se rige por el derecho del último domicilio de hecho –Francia- por lo que se reenvía el caso al derecho francés. Durante mucho tiempo este caso no tuvo solución ya que se dio lo que se conoce como “ping pong internacional” hasta que un momento los jueces decidieron aceptar el caso y aplicar su propio derecho, por lo que heredó el fisco francés. La prueba del derecho extranjero Qué tratamiento corresponde dar al derecho extranjero en el proceso. Este cuestionamiento trasciende la discusión respecto de si el Derecho extranjero es efectivamente un derecho, en tanto se aplica de oficio o es un hecho que las partes deben probar. Los dos protocolos adicionales de los Tratados de Montevideo disponen que: “Las leyes de los Estados contratantes serán aplicables en los casos ocurrentes, ya sean nacionales o extranjeras las personas interesadas en la relación jurídica de que se trate. Su 23

aplicación será hecha de oficio por el juez de la causa, sin perjuicio de que las partes pueden alegar y probar la existencia contenido de la ley invocada. Todos los recursos, medios probatorios, acordados por la ley de procedimientos del lugar del juicio para los casos resueltos según su propia legislación, serán igualmente itidos para los que se decidan aplicando las leyes de cualquiera de los otros estados” El Código Civil contempla este problema en el artículo 13 que dice: “La aplicación de las leyes extranjeras en los casos en que este código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptúanse las leyes extranjeras que se hicieron obligatorias en la República por convenciones diplomáticas, o en virtud de ley especial”. La nota a este mismo articulo dice: “La ley extranjera es un hecho que debe probarse. La ley nacional es un derecho que simplemente se alega sin depender de la prueba. La prueba del Derecho extranjero se realiza por dictámenes de jurisconsultos, indicaciones de obras jurídicas conocidas, por informes del representante diplomático o consular del país respectivo que suele limitarse a una copia legalizada del texto legal. Se realiza básicamente una prueba libre. Los medios de prueba itidos son: los informes de agentes consulares, las copias autenticadas de la ley, la opinión de jurisconsultos y la intervención de escribanos públicos o funcionarios públicos extranjeros. El Derecho extranjero constituye un hecho notorio, lo que lo convierte en un hecho sobre el que todo el mundo puede informarse de modo auténtico y como tal, el juez debe tenerlo en cuenta oficialmente, sin perjuicio de que las partes lo aleguen y que aporten todas las pruebas que estimen oportunas.

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Punto II Características negativas de la consecuencia jurídica de la norma indirecta. El orden público internacional

ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL Como Conjunto de disposiciones: Es proclamar la eliminación del Dº extranjero, el cual quedaría descartado porque: o las disposiciones extranjeras coinciden con las nacionales o contrarían las nacionales.

Concepto: Conjunto de principios o disposiciones que frenan la aplicación del derecho extranjero Se debe tener especialmente en cuenta el elemento extranjero. Si vulnera o afecta los principios fundamentales de las normas del país no debe ser aplicado

Legislación: Los Tratados de Montevideo mencionan el Orden Público en los Protocolos Adicionales. Art. 14 inc.2 C.C: Establece que las leyes extranjeras no serán aplicadas cuando sean incompatibles con el espíritu de nuestro Código. Art. 949 C.C: Somete la capacidad de derecho a la ley argentina (entendiendo así el Orden Publico como conjunto de disposiciones)

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Como Conjunto de Principios: Dan origen a las disposiciones que frenan la aplicación del derecho extranjero. Tres pasos a seguir: Consultar las reglas del DIPr propio Examinar hipotéticamente la norma extranjera Comparar el derecho propio y el extranjero, si son compatibles, se aplica el Derecho extranjero. En caso de ser incompatibles aplica el orden público como cláusula de reserva.

El Orden Público Interno coarta la autonomía de la voluntad. Les impide a las partes elegir.

Unidad 4 Punto I. Jurisdicción Internacional. Fase de juzgamiento y fase de imperium. La posible participación de distintos ordenamientos jurídicos que pueden aportar diversas soluciones para el caso en cuestión hace que pueda pasar que los derechos involucrados prevean que son competentes sus jueces o bien, que sus jueces no son competentes para conocer en el caso. En la práctica, de nada servirá una sentencia de un juez argentino si la misma debe ejecutarse en otro estado y ese estado considera que el juez argentino era incompetente para conocer en la causa (la sentencia no será así internacionalmente válida) La arrogación o denegación de jurisdicción se encuentra ligada al principio de defensa en juicio.

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JURISDICCIÓN INTERNACIONAL

Atribuye facultades a los jueces de un determinado país con respecto a una controversia

DIRECTA o PROPIA Si se trata de Jurisdicción del propio país

Fase de Juzgamiento Interviene el juez que entiende hasta la sentencia

INDIRECTA o AJENA Si se trata de la de un país extranjero

Fase Imperium El juez interviniente es el que ejecuta la sentencia. Cuando el imputado o demandado fue juzgado en otro lugar y la sentencia debe ejecutarse en nuestro país

Tres supuestos de Jurisdicción: Iniciación de demanda Auxilio judicial internacional. Reconocimiento y ejecución de sentencias.

Punto II Exequátur. Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras. (arts. 517 a 519 bis C.P.C.C.N. Convenciones.) Las sentencias y los laudos homologados dictados en asuntos, civiles,

comerciales

o

contencioso

istrativo,

documentos

otorgados por funcionarios de un estado y exhortos, se considerarán auténticos en los otros estados signatarios siempre que estén debidamente legalizados conforme las leyes del lugar del que procedan. Auxilio Judicial Internacional Los jueces de un proceso solicitan a otros jueces que colaboren en la tramitación de un expediente (notificando resoluciones, tomando declaraciones etc.) mediante exhorto, que es la carta rogatoria que 27

los convierte en exhortante al emisor y exhortado a quien recibe la solicitud de cooperación. No hay ejecución sin reconocimiento pero puede haber reconocimiento sin ejecución. Legislación referente a las sentencias extranjeras: Tratado de Montevideo de 1889  Las sentencias y fallos arbitrales tendrán la misma fuerza que en el país donde se han pronunciado siempre que: Hubieran sido dictadas por tribunal competente en la esfera internacional. Tengan carácter de ejecutoriedad o pese sobre ellas autoridad de cosa juzgada. Que la parte condenada haya tenido la correspondiente defensa en juicio o hubiera sido declarado rebelde. Que no se oponga a las leyes de orden público del país de ejecución. Artículo 517 C.P.C.C  Las sentencias de tribunales extranjeros serán ejecutables siempre que: La sentencia con autoridad de cosa juzgada en estado en el que se pronuncie emane de autoridad competente. La parte demandada contra quien se quiere ejecutar hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa en juicio. La sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiera sido dictada. La sentencia no afecte el orden público.

28

La sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por un tribunal argentino. Artículo 518 C.P.C.C  La ejecución de la sentencia dictada por un tribunal extranjero se solicitará ante el juez de primera instancia que corresponda acompañando su testimonio legalizado y traducido. Se aplica para el trámite de exequátur las normas de los incidentes. Si se dispusiera la ejecución se procederá en la forma establecida para las sentencias pronunciadas por tribunales argentinos. Artículo 519 C.P.C.C  Cuando en juicio se invocare la autoridad de una sentencia extranjera, ésta sólo tendrá eficacia si reúne los requisitos del Art. 517 Artículo 519 bis C.P.C.C  Los laudos pronunciados por tribunales arbitrales extranjeros podrán ser ejecutados por el procedimiento establecido siempre que se cumplan los recaudos del art. 517 y en su caso, la prórroga de jurisdicción hubiese sido isible.

Unidad 5 Punto I. Personas Físicas o humanas El Código Civil establece en los Artículos 6, 7, 138, 139, 948 y 949 como punto de conexión para terminar la ley aplicable a la capacidad el lugar del domicilio de la persona.

29

Art. 6  La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas en el territorio de la República será juzgada por las leyes de este código (LEY DEL DOMICILIO) Art. 7  La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas fuera de la República será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio (LEY DEL DOMICILIO) Art 949  La capacidad o incapacidad de derecho será juzgada por las leyes de este código. Supedita la capacidad e incapacidad de derecho al derecho argentino. Rompe con el principio general, contemplando por un lado la capacidad e incapacidad de hecho y por otro, la capacidad e incapacidad de derecho. Art. 138  El que mude su domicilio de un país extranjero al territorio de la República y fuese según las leyes de este código mayor o menor emancipado, será considerado como tal aún cuando no lo sea según la ley de su domicilio anterior. Art. 139  Si fuese mayor o menor emancipado según las leyes de su domicilio anterior y no lo fuese para este código, prevalecen aquellas por sobre éstas. (En razón del Principio de irrevocabilidad de la capacidad adquirida) Los Tratados de Montevideo sostienen que la existencia, el estado y la capacidad de las personas físicas se rigen por la LEY DE SU DOMICILIO. Punto II Personas

Jurídicas

de

Derecho

organizaciones internacionales.

30

público.

Estados

extranjeros

y

Se encuentran comprendidas dentro de las personas jurídicas de Derecho público  El estado nacional, las provincias, los municipios, las entidades autárquicas y la Iglesia Católica. Respecto de su actuación extraterritorial se elaboraron distintas tesis:  Tesis Restricitiva: Niega personalidad extraterritorial al estado Tesis Amplia: Es unánimemente aceptada, sostiene que al constituirse el estado lo hace con el doble carácter de poder público y persona jurídica. Reconoce la capacidad del estado para actuar en el territorio de otro estado con personería jurídica en el ámbito del derecho privado. El Art. 34 C.C establece que son también personas jurídicas los estados extranjeros, sus provincias y municipios, otorgándoles así capacidad plena. Cuando un estado es demandado ante los tribunales de otro estado, conforme la Tesis Clásica o unitaria puede oponerse inmunidad de jurisdicción

ante cualquier demanda. El estado

extranjero no está obligado a someterse a los jueces locales pudiendo así oponer la excepción de inmunidad de jurisdicción. Según sostiene la Tesis Moderna o Diferencial ite también oponer inmunidad de jurisdicción pero sólo cuando la acción sea consecuencia de un acto realizado en su carácter de poder soberano, no cuando es un acto de la esfera privada.

La ley 24488 –dictada con posterioridad a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del caso “Manauta Juan José y otros c/ Embajada de la Federación Rusaestableció el principio de inmunidad de jurisdicción relativa de los estados extranjeros respecto de los tribunales argentinos, sin

31

perjuicio

de

las

inmunidades

y privilegios

conferidos

por

las

Convenciones de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas y de 1963 sobre relaciones consulares. La llamada teoría restringida de la inmunidad de jurisdicción, distingue entre los actos iure imperii - los actos de gobierno realizados por el Estado extranjero en su calidad de soberano y respecto de los cuales se mantienen el reconocimiento de las inmunidad

de

jurisdicción del estado extranjero- y los actos iure gestionis- actos de índole comercial. Como consecuencia de la distinción entre actos de imperio y actos de gestión, el decreto ley 9015/63, contempla la posibilidad de que un Estado extranjero pueda ser sometido a la jurisdicción argentina cuando el Poder Ejecutivo declare que existe falta de reciprocidad al respecto, es decir, que ese Estado acepta reclamos contra la Argentina ante sus tribunales. Fallo Manauta: Hechos: Juan José Manauta y otros demandaron a la Embajada de la U.R.S.S en la República Argentina, básicamente reclamando por los daños y perjuicios sufridos ante el incumplimiento en materia de aportes provisionales, sindicales y asignaciones familiares por parte de la demandada, fundando dicha pretensión en la relación de dependencia que tuvieran con la Oficina de Prensa de la Embajada La primera instancia resuelve que al no haber en la causa un pronunciamiento expreso por parte de las autoridades de la Embajada a la aceptación de competencia para que el juez interviniente entendiera en esas actuaciones, no podría continuar dando curso a las peticiones efectuadas, sin menoscabo de haber arbitrado los medios para lograr dicha aceptación. La alzada, Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, confirmó el decisorio de la instancia argumentando que los estados extranjeros sólo pueden ser sometidos a los órganos jurisdiccionales del estado en el 32

supuesto de que mediara la conformidad, que en este caso no existía, pues el silencio sólo podía ser interpretado como negativa tácita. Frente

a

esta

resolución

las

partes

interpusieron

recurso

extraordinario federal. Finalmente,

la

Corte

Suprema

de

Justicia de la Nación, hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, deja sin efecto la resolución apelada y declara al juez de primera instancia competente para entender en estos actuados, fundando esta

decisión

en

que

este

mismo

Tribunal,

en

numerosos

antecedentes aplicó siempre el principio de inmunidad de los Estados soberanos frente a los tribunales de otro estado, inclusive en casos laborales, como el que resulta materia de estudio. Punto III Personas Jurídicas de derecho privado. No comerciales (fundaciones y simples asociaciones) y Comerciales (sociedades Arts. 124 y 128 Ley de Sociedades Comerciales. Se encuentran comprendidas dentro de las personas jurídicas de Derecho privado  Las asociaciones, las fundaciones, las sociedades civiles y comerciales y órdenes religiosas. Éstas deben tener, para ser reconocidas, como principal objeto el bien común, deben contar con un patrimonio propio, ser capaces y obtener la pertinente autorización. Su existencia y forma se rige por la ley del lugar de su constitución.

Legislación referente a la existencia y capacidad o Tratado de Montevideo de 1889  La existencia y capacidad se rigen por las leyes del país donde fueron reconocidas como personas jurídicas.

33

o Tratado de Montevideo de 1940  La existencia y capacidad se rigen por las leyes del país de su domicilio, entendiendo este como el asiendo principal de los negocios. Para determinar la ley que indica si una persona jurídica tiene o no capacidad se elaboraron tres teorías  De la Incorporación: la existencia se rige por la ley del país donde fue reconocida como tal. Esta teoría consagra la autonomía de la voluntad de las partes  Del Domicilio: Somete la existencia a las leyes del país del domicilio. De la Acumulación: Aplica en principio la teoría de la incorporación pero a veces recurre a la del domicilio Para determinar la ley que regula la capacidad de hecho de derecho de la persona jurídica se elaboraron dos teorías  Teoría Organicista: Reconoce a la persona jurídica capacidad de obrar.  Teoría de la Ficción: Niega la capacidad de obrar de la persona jurídica. ¿Si una agrupación de personas y bienes resulta persona jurídica en virtud de la ley extranjera aplicable, la reconocemos en la argentina o no? Frente a esto, nuestra Constitución Nacional sólo se ocupó de equiparar a las personas físicas extranjeras con las argentinas. Respecto de las personas jurídicas extranjeras, el legislador puede adoptar diversos sistemas:  Inhospitalidad absoluta: No se reconoce a la persona jurídica extranjera en ningún caso.  Hospitalidad absoluta: Se la reconoce en todos los casos.

34

 Hospitalidad Condicionada: Se reconoce a la persona jurídica extranjera siempre que cumpla con ciertos actos o requisitos como ser la inscripción en un registro nacional. 

Hospitalidad Limitada: Se la reconoce sólo para

determinado círculo de asuntos El problema de la extranjería de las personas jurídicas no se plasma en normas indirectas, por lo tanto, no pertenece al DIPr en sentido estricto sino que constituye una materia afín. Personas Jurídicas de carácter civil El tratado de Montevideo de Dº Civil de 1889 adopta la Teoría de la incorporación (ite la autonomía de la voluntad para que los fundadores elijan la ley que las regule). En cuanto al reconocimiento adopta la Teoría de la Hospitalidad absoluta y limitada (para actos aislados) con la de

la Hospitalidad condicionada (para los actos

permanentes) El tratado de Montevideo de 1940 adopta la Teoría del domicilio en cuanto la capacidad de hecho y de derecho se rige por la ley del domicilio y la Teoría del Órgano en cuando que la persona jurídica es una realidad social. En materia de reconocimiento adopta la misma postura que el Tratado de 1889. Nuestro Derecho Interno no contiene disposiciones específicas sobre la capacidad de hecho y de derecho, lo que nos lleva a acudir a las normas generales3

Personas Jurídicas de carácter comercial El Art. 118 de la Ley de Sociedades comerciales establece que: La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y formas por las leyes 3

Art. 948  Adopta la teoría del domicilio y del órgano y respecto del reconocimiento la teoría de la hospitalidad absoluta para las sociedades del estado, sus provincias y sus municipios y las sociedades civiles que no necesitan autorización del estado para funcionar. Adopta la teoría de la hospitalidad condicionada para el caso de las asociaciones y fundaciones que tengan por objeto el bien común.

35

del lugar de constitución.

Encontrándose habilitada para realizar actos

aislados y estar en juicio (Hospitalidad absoluta-limitada). Para realizar actos permanentes que se vinculen con el ejercicio habitual de la sociedad y para establecer sucursales deben cumplir ciertos requisitos (Hospitalidad Condicionada) como acreditar la constitución de la sociedad según las leyes de su país, fijar domicilio en Argentina debiendo cumplir con la inscripción y publicación y justificar la creación de la sucursal designando también a quien esté a cargo. El Art. 119 de la Ley de Sociedades comerciales establece que: El artículo 118 se aplicará a la sociedad constituida en otro Estado bajo un tipo desconocido por las leyes de la República. Corresponde al Juez de la inscripción determinar las formalidades a cumplirse en cada caso, con sujeción al criterio del máximo rigor previsto en la presente ley.

El Art. 120 de la Ley de Sociedades comerciales establece que: Es obligatorio para la sociedad llevar en la República contabilidad separada y someterse al contralor que corresponda al tipo de sociedad. El Art. 121 de la Ley de Sociedades comerciales establece que: El representante de sociedad constituida en el extranjero contrae las mismas responsabilidades que para los es prevé esta ley y, en los supuestos de sociedades de tipos no reglamentados, las de los directores de sociedades anónimas. El Art. 122 de la Ley de Sociedades comerciales establece que: El emplazamiento a una sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse en la República; a) Originándose en un acto aislado, en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que motive el litigio; b) Si existiere sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación, en la persona del representante.

El Art. 123 de la Ley de Sociedades comerciales establece que: Para constituir sociedad en la República, deberán previamente acreditar ante el juez del Registro que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales, en el registro Público de Comercio y en el registro Nacional de Sociedades por Acciones en su caso.

El Art. 124 de la Ley de Sociedades comerciales establece que: Las sociedades constituidas en el extranjero que tengan en la Argentina su centro de istración principal o su principal objeto destinado a cumplirse acá, serán consideradas como sociedades 36

locales en lo referido al cumplimiento de los requisitos formales de constitución y en cuanto al funcionamiento. Se trata de una norma antifraude. Resoluciones de la IGJ Nro. 7 y 8 del 2003 Mediante esta reglamentación, se establecen requisitos adicionales a los establecidos por la IGJ para la inscripción de sociedades extranjeras en el Registro Público de Comercio y alcanza a aquellas sociedades que realicen o deseen realizar actividades en la República Argentina, ya sea mediante el ejercicio habitual de los actos comprendido en su objeto social, el establecimiento de sucursal u otra representación permanente, la participación como accionistas o socias en sociedades constituidas en el país. Requisitos adicionales de la IGJ para la inscripción de las sociedades extranjeras. 1. Deberá informar y acreditar si se encuentra alcanzada por prohibiciones o restricciones

legales para desarrollar, en su

lugar de origen, todas sus actividades o la principal de ellas. 2. Deberá acreditar que, a la fecha de la solicitud de inscripción, cumple fuera de la República Argentina con al menos una de las siguientes condiciones, bajo apercibimiento de que le sea denegada la inscripción: 

Existencia

de

una

o

más

agencias,

sucursales

o

representaciones permanentes. 

Titularidad de participaciones en otras sociedades con carácter de activos no corrientes



Titularidad de activos fijos en su lugar de origen.

La IGJ, con el objetivo de evitar la actuación de sociedades extranjeras en fraude a la ley, analizará la información obtenida y sobre dicha base podrá: Determinar la situación de la sociedad

constituida

en

el

extranjero

encuadrándola,

de

corresponder, como sucursal o establecimiento permanente o

37

como sociedad local; podrá también intimar a la sociedad a cumplir con las inscripciones pertinentes notificando a dichos efectos a los representantes que actuaron en los actos, bajo apercibimiento de solicitar judicialmente la liquidación de los bienes y operaciones de la sociedad. Fallo Rolyfar S.A c/ Confecciones Poza S.A s/ Ejecución Hipotecaria. La Sala F de la Cámara Nacional en lo Civil, denegó la aptitud ejecutiva del crédito por cuanto el acreedor original de la hipoteca era una sociedad extranjera, que no obstante ser titular de varias hipotecas, se encontraba encuadrada dentro del art. 118 de la Ley de Sociedades que alude a los actos aislados. Sostuvo el tribunal que dicha omisión priva la tutela judicial en los términos planteados, es decir, por la vía ejecutiva, y que no pueden convalidarse “actos u operaciones fuera del marco de la ley” Fallo Geat Brands Inc. s/ Conc. Prev. “Great Brands, Inc”, en el cual la sala C de la Cámara Nacional Comercial revocó un fallo de primera instancia del Juzgado Nacional en lo Comercial nro. 16 (a cargo del Dr. Alfredo Kölliker Frers) que había rechazado una petición de apertura de concurso preventivo de una sociedad domiciliada en el exterior que pretendía la apertura de su concurso invocando su calidad de garante del concursado. El principal fundamento del Dr. Kölliker Frers había sido que, por tener la sociedad su única actividad en la Argentina, debía aplicarse el artículo 124 de la Ley de Sociedades Comerciales, lo cual llevó al magistrado a considerar a la sociedad (que tenía un solo accionista) como no “...persona de existencia visible ni de existencia ideal (por no ser sociedad) para la ley argentina...”, por no cumplir con el requisito tipificante de la pluralidad de socios, careciendo por ello de aptitud concursal. La Cámara Nacional Comercial, sala C, revocó la sentencia de primera instancia, reafirmando el principio de que las personas jurídicas se rigen, en cuanto a su existencia y forma, por las leyes del lugar de constitución, sin que correspondiera en este caso aplicar el artículo 124 de la LSC

Great Brands es una sociedad constituida regularmente de conformidad con la normativa vigente en Islas Caimán. Esto la sitúa liminarmente en la primera parte del art. 118 de la ley de sociedades, en cuanto dispone que su existencia y forma

38

están determinadas por las "leyes del lugar de su constitución". Por tanto, acorde con ese criterio que cierta doctrina denomina de hospitalidad, corresponde reconocer prima facie el carácter de sujeto de derecho a esa sociedad. La resolución adoptada en la instancia de grado - el Juzgado Nacional en lo Comercial nro. 16-, fue rechazar la petición de apertura de concurso preventivo de una sociedad domiciliada en el exterior que pretendía la apertura de su concurso invocando su calidad de garante del concursado fundada en que había sido, por tener la sociedad su única actividad en la Argentina, que debía aplicarse el artículo 124 de la Ley de Sociedades Comerciales, lo cual llevó al magistrado a considerar a la sociedad (que tenía un solo accionista) como no “...persona de existencia visible ni de existencia ideal (por no ser sociedad) para la ley argentina...”, por no cumplir con el requisito tipificante de la pluralidad de socios, careciendo por ello de aptitud concursal. El supuesto previsto en el art. 124 de la ley de sociedades estaría dirigido a la sociedad que, por su sede social o el sitio donde esté destinado a cumplirse su principal objeto, tendría que haberse constituido en el país, de modo que su constitución en el extranjero podría ser interpretada como un medio para eludir la aplicación de las leyes de la República. Por eso, la consecuencia que depararía tal situación sería considerar a esta sociedad como si fuese una

"sociedad

formalidades

local"

para

su

a

los

efectos

constitución,

del

cumplimiento

reforma

y

control

de

las

de

su

funcionamiento. No resulta predicable, a priori y sin más, la ubicación de Great Brands en el supuesto de hecho que prevé el art. 124 de la ley de sociedades. La Cámara Nacional Comercial, sala C, revocó la sentencia de primera instancia, reafirmando el principio de que las personas jurídicas se rigen, en cuanto a su existencia y forma, por las leyes del lugar de constitución, sin que correspondiera en este caso aplicar el artículo 124 de la LSC. Unidad VI 39

Punto I Forma de los Actos Jurídicos La terminología común opone forma a fondo. Forma es el accidente y se enfrenta con el fondo que es la sustancia. Surgen frente a este tema tres interrogantes: 1. ¿Qué derecho impone a un negocio jurídico una forma determinada o qué la exime de toda exigencia formal? Si el derecho que impone la forma o que de ella exime, no es la ley del lugar en que el negocio jurídico se lleva a efecto, se plantea el segundo problema: 2. ¿Qué derecho rige la realización de la forma? Ante la división que se genera entre la ley que impone la forma y la ley que la regula, surge la duda sobre su equivalencia. Parece evidente que la ley que impone la forma, debe ser la misma ley que juzgue sobre la equivalencia de la forma realizada con la forma exigida. Debe haber identidad entre la ley que impone y la ley que califica. La regla tradicional el lugar rige el acto sufre de una imprecisión visible: significa que la ley del lugar rige la forma del acto pero no indica si sólo atañe a la ley reguladora de la forma o concierne a la ley que impone. La ley que interviene habitualmente en el problema formal es la ley local. Muchas veces, surge la posibilidad de que los interesados elijan el lugar en donde realizan el negocio y nos enfrentamos así al problema del fraude a la ley. Legislación vinculada a la forma El Tratado de Montevideo de 1889 aplica a la forma del matrimonio, de los actos jurídicos y de los testamentos la ley que impera sobre el fondo. Esta ley impone o exime de la forma y la regula. La excepción la constituyen los instrumentos públicos que se rigen por la ley del lugar donde se otorgan. (las formas de un 40

contrato celebrado en Argentina que deba cumplirse en Uruguay serán las determinadas por la ley uruguaya) Según este Tratado el lugar de celebración rige la forma de los instrumentos públicos y de las formas matrimoniales y el lugar de ejecución rige la forma de los instrumentos privados. El Tratado de Montevideo de 1940 extendió el dominio de la ley reguladora de la forma sobre las formas privadas. De este modo, las formas y solemnidades de los actos jurídicos en general, se rigen por la ley del lugar donde se celebran u otorgan. Art. 950 C.C Respecto de las formas y solemnidades de los actos jurídicos, su validez o nulidad será juzgada por las leyes y usos del lugar en que los actos de realizaren. Art. 12 C.C Las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público son regidas por las leyes del país donde se hubieren otorgado. Excepciones: Art. 14 inc. 4º  Las leyes extranjeras no serán aplicables … cuando las leyes de este Código, en colisión con las extranjeras, fuesen más favorables a la validez de los actos. Este artículo sólo convalida defectos formales de la ley extranjera aplicable. Legalización – Apostilla – Convención de La Haya de 1961 La Convención de la Haya de 1961 suprimió –reemplazó con la apostilla- la legalización consular. Se aplica a los documentos públicos que hayan sido extendidos en el territorio de un estado firmante y que

deban

ser

presentados

en

el

territorio

de

otro

estado.

Entiéndanse documentos públicos a los emanados del Poder Judicial, emitidos por funcionarios, oficiales y agentes del Ministerio Público, documentos istrativos y notariales.

41

Apostilla  Se trata de un sello colocado por autoridad competente en el documento que certifica: la autenticidad de la firma, la calidad en que actúa el firmante y la identidad del sello. La autoridad competente en nuestro país para la colocación de la apostilla es el Departamento de Legalizaciones de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La única formalidad que podrá ser exigida para certificar los tres ítems antes mencionados será una acotación que deberá ser hecha por la autoridad competente del Estado en el que se originó el documento, la que deberá efectuarse en el mismo documento o en una extensión del mismo. Deberá contener el título “Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) que deberá constar en idioma francés. En el caso de documentos emitidos en nuestro país deberá analizarse si serán utilizados en país ratificante de la Convención de La Haya, de ser así, serán válidos si contienen la “Apostilla” colocada por el Departamento de Legalizaciones del MREyC; si en cambio el documento se dirige a un país no ratificante de la convención, continúa vigente el sistema tradicional, el de legalización del MREyC complementada por la legalización consular. En el caso de documentos emitidos en el exterior para ser presentados en nuestro país también deberá tenerse en cuenta si el país donde se emitió es ratificante o no de la convención, en caso afirmativo basta con la colocación de la “Apostilla” por parte de autoridad competente. Si proviniera de un país no ratificante, continúa en vigencia el sistema tradicional de legalización consular.

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UNIDAD VII Punto I Contratos en General. Un contrato es internacional si su lugar de celebración o de cumplimiento o el domicilio de las partes en el momento de la celebración en el momento de la celebración se halle en el extranjero. Rige la autonomía de la voluntad de las partes, donde estas pueden elegir el derecho. De no hacerlo, hay cuatro hipótesis creadas al efecto:  Contrato con lugar determinado de celebración y de cumplimiento  en el caso de contener un o argentino, regirá la ley del lugar de cumplimiento.  en caso de no contener o argentino, regirá la ley del lugar de celebración. 

Contrato con lugar determinado de celebración pero no de cumplimiento  Indudablemente rige la ley del lugar de celebración



Contrato con lugar determinado de cumplimiento pero no

de celebración  Indudablemente rige la ley del

lugar de cumplimiento. 

Contrato sin lugar determinado de cumplimiento ni de celebración  las obligaciones de cada una de las partes se rigen por el derecho de su domicilio. El Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo

de 1889, determina el derecho que rige la existencia, naturaleza, validez,

efectos,

consecuencias

y

ejecución

de

los

contratos

internacionales. En principio, esta ley será la del lugar de ejecución. El Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 reproduce en gran medida las normas indirectas del de 1889, aunque especifica que los contratos en los que no pueda determinarse el lugar de cumplimiento, se regirán por la ley del lugar 43

de su celebración; que los contratos celebrados por correspondencia o mandatario, en cuanto a su perfección, se regirán por la ley del lugar del cual partió la oferta aceptada. El punto de conexión adoptado por nuestro DIPr de fuente interna es el del lugar de cumplimiento del contrato, que será determinado según el siguiente orden de prioridades: 1. El adoptado por las partes (autonomía de la voluntad) 2. El que surja de la naturaleza de la obligación (entrega de la cosa, lugar de pago, etc) 3. El lugar de celebración (siempre que coincida con el del domicilio del deudor al momento de la celebración) 4. Si no fue celebrado en el lugar del domicilio del deudor, será considerado como lugar de cumplimiento el

del

domicilio

del

deudor

al

momento

de

la

celebración del contrato. Punto II Compraventa Internacional. Convención de Viena 1980 Ratificada por la República Argentina mediante ley 22.765. Lo novedoso de esta convención es que también se la puede aplicar a personas que tengan su establecimiento en un país no ratificante. Rige para los contratos de compraventa que tengan por objeto mercaderías y que tengan carácter comercial. Establece el siguiente orden de prelación de normas: o Convenciones Bilateriales o Autonomía de la voluntad o Convención de Viena o Usos y Costumbre interna o Principios generales o DIPr de fuente interna

44

OFERTA Requisitos  Estar dirigida a una o varias personas determinadas. 

Intención

de

obligarse

en

caso

de

aceptación  Debe ser precisa (indicando mercadería, cantidad, precio). La oferta surte efecto cuando llega al destinatario, cuando es entregada (en su establecimiento, en su dirección postal o en su residencia habitual). Puede ser retirada antes de que llegue a destino. ACEPTACIÓN  La aceptación puede ser tácita o expresa. Si la oferta es verbal la aceptación debe ser inmediata, el silencio por sí solo no implica aceptación o rechazo.  La aceptación tardía se da cuando llega una vez vencido el plazo. De todos modos, el oferente puede comunicar al aceptante que pese a la aceptación tardía igualmente surtirá efectos, o puede el oferente no querer la aceptación tardía, en cuyo caso debe notificar de inmediato al aceptante que considera que la oferta caducó. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR  Entregar la mercadería  Transmitir la propiedad LUGAR DE ENTREGA  El lugar pactado  Al ponerlas en poder del portador  Lugar de situación o producción de las mercaderías  Lugar de establecimiento del vendedor TIEMPO DE ENTREGA  Fecha convenida  Plazo convenido  Plazo razonable 45

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO  El comprador puede: Solicitar indemnización Resolver el contrato Exigir el cumplimiento de la obligación. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR  Pagar el precio  Recibir la mercadería LUGAR DEL PAGO  El lugar convenido  El establecimiento del vendedor TIEMPO DEL PAGO  Tiempo convenido  Momento en que el vendedor pone a su disposición la mercadería EN CASO DE INCUMPLIMENTO  El vendedor puede:  Exigir el cumplimiento  Reclamar daños y perjuicios  Resolver el contrato Punto III Contratos Bancarios. Crédito Documentado La costumbre internacional en esta materia ha sido recogida por la Cámara de Comercio Internacional, al confeccionar las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios. (Publicación nº 400, modificada por la nº 500). El pasado 26 de octubre de 2006 la

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Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias (Banking Commission) de la Cámara de Comercio Internacional aprobó por unanimidad, y luego de 3 años de estudio, las nuevas Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios, también conocidas como U 600 CONCEPTO  El crédito documentario o carta de crédito es uno de los medios de pago más utilizados en el comercio internacional y el que más seguridad brinda a las partes. Puede ser definido, en su versión más simple, como todo acuerdo por el que un banco (llamado Emisor), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre, se obliga a hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar letras de cambio librados por el Beneficiario, contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del Crédito. El art. 2 de la U 600 define al crédito documentario como el compromiso irrevocable del banco emisor de honrar una presentación que cumpla con los términos y condiciones del crédito. Un aspecto a considerar de la nueva definición consiste en la eliminación de la regulación de los créditos revocables. De acuerdo con la U 500 los créditos podían ser revocables o irrevocables y se consagraba una presunción de irrevocabilidad (presunción que era inversa en la U 400 de 1983). A partir de la entrada en vigor de las nuevas reglas los créditos sólo pueden ser irrevocables, lo que es absolutamente lógico y se condice con la realidad de los negocios. Por supuesto que las partes siempre pueden expresamente y mediante la autonomía de la voluntad pactar lo contrario o someter el crédito concreto a una versión anterior de las reglas.

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Unidad VIII Punto I Accidentes de Tránsito (Convención del MERCOSUR sobre accidentes de tránsito) CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EMERGENTE DE ACCIDENTES DE TRANSITO. Firmado en el mes de julio de 1991 Los gobiernos de la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, deseosos de continuar la labor de fortalecimiento y actualización del derecho internacional privado que regula sus relaciones bilaterales, han convenido las siguientes disposiciones sobre la ley aplicable y jurisdicción internacionalmente competente en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito. Artículo 1  El presente convenio determina la ley aplicable y la jurisdicción internacionalmente competente en casos de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito acaecidos en territorio de un Estado parte y en los que participen o resulten afectadas personas domiciliadas en el otro Estado Parte. Artículo 2  La responsabilidad civil por accidentes de tránsito se regulará por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se produjo el accidente. Si en el accidente participaren o resultaren afectadas únicamente personas domiciliadas en el otro Estado Parte, el mismo se regulará por el derecho interno de este último. Artículo 3  A los efectos del presente convenio, el domicilio de las personas físicas será el de su residencia habitual. Artículo 4  La responsabilidad civil por daños sufridos en las cosas ajenas a los vehículos accidentados como consecuencia del accidente de tránsito, será regida por el derecho interno del Estado Parte en el cual se produjo el hecho.

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Artículo 5  Cualquiera que fuere la ley aplicable a la regulación de la responsabilidad, serán tenidas en cuenta las reglas de circulación y seguridad en vigor en el lugar y en el momento del accidente. Artículo 6  La ley aplicable a la responsabilidad civil conforme a los arts. 2º y 4º determinará especialmente: 1. Las condiciones y la extensión de la responsabilidad; 2. Las causas de exoneración, así como toda delimitación de responsabilidad; 3. La existencia y naturaleza de los daños susceptibles de reparación; 4. Las modalidades y extensión de la reparación; 5. La responsabilidad del principal por el hecho de sus dependientes; y 6. La prescripción y caducidad. Artículo 7  Para ejercer las acciones comprendidas dentro de este convenio serán competentes, a elección del actor, los tribunales del Estado Parte: a) Donde se produjo el accidente b) Del domicilio del demandado c) Del domicilio del actor. Artículo 8  Ningún vehículo automotor matriculado en un Estado Parte podrá circular por el territorio del otro Estado Parte, sin estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil eficaz en ambos Estados Partes. Artículo 9  El perjudicado podrá dirigir su acción directamente contra el asegurador del responsable, si así lo autoriza el derecho aplicable en virtud de lo normado en los arts. 2º y 4º del presente convenio. Artículo 10  Los automotores matriculados en un Estado Parte siniestrados en el otro, deberán ser reenviados al Estado de su registro. En el supuesto de destrucción total, la parte interesada quedará facultada para disponer de los mismos sin otro recaudo que la satisfacción de las exigencias de orden fiscal. Lo dispuesto en este artículo no obstará la traba de las medidas cautelares que correspondan. Artículo 11  El presente convenio regirá indefinidamente y entrará en vigor por el canje de los instrumentos de ratificación que se efectuará en la ciudad de Montevideo. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo luego de transcurridos seis meses de la entrada en vigor del mismo y cesarán sus efectos a los seis meses contados a partir de la recepción de la denuncia.

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Unidad IX Punto I Derechos Reales. Los Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y 1940 declaran que los bienes, cualquiera sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen. Si cambia el lugar de situación, esto no modifica la ley aplicable ni la jurisdicción. Art. 10 C.C  Los bienes raíces situados en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país respecto a su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la capacidad de adquirirlos, a los modos de transferirlos y a las solemnidades que deben acompañar esos actos. El Título, por lo tanto, a una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido o perdido de conformidad con las leyes de la República. El que quiera adquirir o ejercer un derecho sobre una cosa, se transporta, con esa intención al lugar que ella ocupa; y por esta relación del derecho especial se somete voluntariamente al derecho de la localidad. Asi pues, cuando se dice que los derechos reales se juzgan según el derecho del lugar donde la cosa se encuentra lex rei sitae, se parte del mismo principio que cuando se aplica al estado de las personas la lex domicilii. Este principio es la sumisión voluntaria. Como se observa, este artículo sólo se ocupa de los inmuebles argentinos. La razón del expansionismo de este artículo es la soberanía nacional territorial. El codificador sostiene que, los 50

inmuebles argentinos, por formar parte del territorio nacional, y ya que la Nación tiene sobre el territorio soberanía, todo lo que concierne a los inmuebles debe regirse por el Derecho Argentino. Art. 11 C.C  Los bienes muebles que tiene situación permanente y que se conservan sin intención de transportación, son regidos por las leyes del lugar en que están situados; pero los muebles que el propietario lleva siempre consigo, o que son de su uso personal, esté o no en su domicilio, como también los que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, son regidos por las leyes del domicilio del dueño. Las cosas muebles, sin asiento fijo, susceptibles de una circulación rápida, de fácil deterioro, consumibles algunas veces al primer uso, pudiendo ser substituídas por otras homogéneas, que presten las mismas funciones, como sucede en el mutuo y en el cuasi-usufructo. Este artículo se refiere a los muebles cualquiera fuese su situación. Distingue entre muebles “inmóviles” –los que tienen situación permanente- y muebles “móviles” –dentro de los que encontramos dos grupos  muebles de exportación (muebles que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar)  muebles de uso personal los que pueden o no ser llevados consigo por el dueño. La nota de este artículo hace desaparecer la categoría de “mueble de uso personal que el propietario no lleva siempre consigo”

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Unidad X Punto I Matrimonio CONCEPTO: Unión legal, voluntaria, permanente e irrevocable de personas de distinto sexo con el fin de constituir un nuevo tronco en la familia. El Art. 172 del C.C señala tres requisitos esenciales para la existencia del matrimonio:  Pleno y libre consentimiento  Diversidad de sexos  Intervención de autoridad competente Se descartan las uniones matrimoniales celebradas válidamente en el extranjero cuando: Falte funcionario competente o no se cumplen

las formalidades exigidas. Falte el consentimiento de ambos cónyuges. Esté sujeto a plazos o condiciones Permita ser revocado por la simple voluntad

de uno o ambos cónyuges. Sea entre personas del mismo sexo. El Art- 159 del C.C indica que las condiciones de validez intrínsecas y extrínsecas del matrimonio se regirán por las leyes del

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lugar de su celebración, aunque los contrayentes hubieran dejado –no mudado- su domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen. El Art. 160 del C.C impide reconocer matrimonios celebrados en un país extranjero si mediaren algunos de los impedimentos enunciados en los incisos 1, 2, 3, 4, 6 o 7 del Art. 166 del C.C (parentesco, ligamen –matrimonio anterior- o crimen)

CELEBRACIÓN: MATRIMONIO POR PODER: La Ley 2393 itía los matrimonios por poder. El C.C hacía referencia a los mismos. En el año 1969 por la ley 18.444 nuestro país ratificó la Convención de Nueva Cork de 1962 que exige que los contrayentes presten su consentimiento en forma personal, itiendo que uno de ellos, invocando causa justificada no estuviera presente en el momento de la celebración del matrimonio y prestara su consentimiento

en

forma

anticipada,

ante

el

funcionario

competente del lugar donde se encontrara. De esta manera, el matrimonio por poder fue reemplazado por el matrimonio entre ausentes o a distancia. A partir de la ley 18.444 no pueden celebrarse en nuestro país matrimonios por poder. Asimismo se reconocerá el que se celebre en esa forma en un país extranjero, si la ley del mismo lo ite. De otra parte, los contrayentes argentinos o domiciliados en nuestro país pueden celebrar un matrimonio por poder en país extranjero que permita esa forma.

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MATRIMONIO A DISTANCIA: La ley 23.515 lo incorporó al C.C en sus artículos 1734 y 1745:  El matrimonio se considerará celebrado en el lugar donde se preste el consentimiento que perfeccione el acto –segundo consentimiento. 

El

consentimiento

del

ausente

tendrá

una

duración máxima de 90 días no renovables, por lo que transcurrido

dicho

plazo

deberá

prestarse

un

nuevo

consentimiento.

MATRIMONIO CONSULAR: Es el celebrado ante el cónsul de un país en otro. Se pueden presentar diversos supuestos:  Ante cónsul argentino en cualquier país  NO ES VÁLIDO Ante cónsul extranjero en nuestro país  NO ES RECONOCIDO (porque rige la ley del lugar de celebración que sería la de nuestro país)  Ante cónsul extranjero en otro país  Su validez dependerá del derecho del país del cónsul y del derecho del lugar donde se celebra, con lo cual, será válido si lo ite el derecho de los contrayentes y el derecho del lugar donde está el establecimiento consular. RÉGIMEN DE BIENES La Ley 2393 distinguía entre bienes muebles e inmuebles. Los muebles eran regidos por las convenciones matrimoniales, si 4

Art. 173  Se considera matrimonio a distancia aquel en el cual el contrayente ausente exprese su consentimiento personalmente ante la autoridad competente para autorizar matrimonios del lugar en que se encuentra. La documentación que acredite el consentimiento del ausente sólo podrá ser ofrecida dentro de los noventa (90) días de la fecha de su otorgamiento. 5

Art. 174  El matrimonio a distancia se reputará celebrado en el lugar donde se presta el consentimiento que perfecciona el acto. La autoridad competente para celebrar el matrimonio deberá verificar que los contrayentes no estén afectados por los impedimentos legales y juzgará las causas alegadas para justificar la ausencia. En caso de negarse el oficial público a celebrar el matrimonio, quien pretenda contraerlo con el ausente podrá recurrir al juez competente.

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hubiera y en caso contrario, se regían por la ley del domicilio conyugal al momento de la adquisición. Los inmuebles en cambio se regían únicamente por la ley de su situación no pudiendo ser objeto de convenciones matrimoniales. La

Ley

23.515

unifica

todo

el

régimen

(muebles,

inmuebles y convenciones) en un solo punto de conexión: el primer domicilio conyugal ya que dicha ley permanecerá inalterable mientras subsista el matrimonio aunque los cónyuges mudaran su domicilio posteriormente. El Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 establece que, en primer lugar se tendrá en cuenta lo dispuesto por las capitulaciones matrimoniales. En su defecto, todos los bienes conyugales se regirán por la ley del domicilio fijado por los cónyuges antes de la celebración del matrimonio y, de no haberlo fijado será el domicilio del marido. El Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 establece en forma similar a la ley 23.515 que todo el régimen se encuentra regulado por la ley del primer domicilio conyugal, que permanecerá inalterable aunque muden su domicilio. CONVENCIONES MATRIMONIALES CONCEPTO:

Son

contratos

atípicos,

celebrados

con

ocasión del matrimonio y referidos al patrimonio y a las facultades de istración y disposición de los bienes conyugales. Su validez se regirá por la ley del primer domicilio conyugal y si son válidas para esa ley, tendrán plenos efectos en nuestro país salvo que afecten el Orden Público, situación que podría configurarse si fuera objeto de este contrato atípico por ejemplo, la renuncia de alguno de los cónyuges al derecho sucesorio. LEGISLACIÓN: El Art. 1217 C.C ite las convenciones celebradas con anterioridad al matrimonio y con objetos limitados:

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 la designación de los bienes que cada cónyuge lleva al matrimonio.

 las donaciones que el marido hiciera a la mujer. La Ley 23.515 dispone que deberá aplicarse a todo el régimen de bienes y a las convenciones matrimoniales la ley del primer domicilio conyugal El Tratado de derecho civil internacional de Montevideo de 1889 menciona que de no haber convenciones matrimoniales, las relaciones de los esposos respecto de los bienes se regirá por la ley del domicilio fijado de común acuerdo. El Tratado de derecho civil internacional de Montevideo de 1940 establece que todo el régimen de bienes y las convenciones matrimoniales se regirán por la ley del primer domicilio conyugal, otorgando así estabilidad al régimen. EFECTOS PERSONALES. El Art. 162 C.C dispone que las relaciones personales de los cónyuges serán regidas por la ley del domicilio efectivo (donde viven de consumo) y en caso de duda o de desconocimiento se aplicará la ley de la última residencia. ALIMENTOS El artículo referido precedentemente, también dispone que respecto de los alimentos y la isibilidad, oportunidad y alcance del convenio alimentario si hubiere se regirán por la ley del domicilio conyugal regulándose su monto conforme el derecho del domicilio del demandado si fuera más favorable a la pretensión del acreedor alimentario. DIVORCIO Y SEPARACIÓN PERSONAL

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El Tratado de Montevideo de 1889 y el de 1940 disponen que la separación y la disolución del matrimonio se rigen por la ley del domicilio conyugal. Según nuestro derecho interno el punto de conexión que determina la ley aplicable en este caso es el último domicilio de efectiva convivencia. Punto II Filiación. Adopción. Patria Potestad y restitución internacional de menores. FILIACIÓN:

Conforme

lo

establecido

en

el

Tratado

de

Montevideo de 1889:  Matrimonial  Se rige por la ley que rige la celebración del matrimonio. 

Extramatrimonial  Se rige por la ley del

estado en el que se hace efectiva. Conforme

lo

establecido

en

el

Tratado

de

Montevideo de 1940:  Se rige por la ley que rige la celebración del matrimonio. PATRIA POTESTAD: Es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres sobre la persona y los bienes de los hijos desde la concepción hasta la mayoría de edad o la emancipación. El Tratado de Montevideo de 1889 entiende que los derechos y deberes sobre la persona se rigen por la ley del lugar en que se ejercitan, mientras que los derechos y deberes sobre los bienes se rigen por la ley del estado en que los bienes se hallen situados. El Tratado de Montevideo de 1940 sostiene que los derechos y deberes personales se rigen por la ley del domicilio de quien ejercita la patria potestad. De otra parte, los derechos y deberes patrimoniales –siempre que no esté prohibidopor la ley de situación de los bienes.

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ADOPCIÓN INTERNACIONAL: Es la que se produce entre personas domiciliadas en distintos países. Se presenta cuando en razón de la localización de sus elementos, entraña un conflicto de leyes dando lugar a que más de un derecho rija el caso. LEGISLACIÓN: El Tratado de Montevideo de 1889 no reglamenta este instituto. El Tratado de Montevideo de 1940 señala que la adopción se rige por la ley del domicilio del adoptante y del adoptado, debiendo ambas acordar validez a la adopción sin necesidad de que sean coincidentes –esto para evitar que haya adopciones válidas en un país y nulas en otro-. ANTECEDENTES NACIONALES: Vélez en el art. 1869 C.C suprimía la adopción que fue reestablecida posteriormente pero sólo la forma simple mediante la ley 13.252. La ley 19.134 deroga la antes mencionada itiendo la adopción en sus formas simple y plena. El Art. 32 de la ley 19.134 apunta a que el punto de conexión respecto de la validez y los efectos de la adopción será el domicilio del adoptado entendiendo por éste al lugar de los padres de sangre o donde el niño estuviera internado. Las adopciones conferidas en Argentina se rigen por derecho argentino. Las adopciones conferidas en el extranjero se rigen por el domicilio del adoptado en cuanto a su validez pero regirá la ley argentina en cuanto a sus efectos. FORMA: Será efectuada por instrumento público. EFECTOS:  PERSONALES Patria Potestad: se rigen por la ley del domicilio de quien la ejercita.  PATRIMONIALES  Sucesión: se rigen por la ley del lugar de los bienes.

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Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción de menores.-LEY 23.857 FINALIDAD: Garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante y velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados contratantes se respeten en los demás. Tiende a reestablecer la situación anterior al traslado o retención ilícita mediante la restitución inmediata del menor a su residencia habitual. La finalidad primordial es el “interés superior del niño” ÁMBITO de APLICACIÓN: Se aplica a todo menor de 16 años que haya tenido su residencia habitual en un estado contratante inmediatamente antes de la infracción a los derechos de custodia o visita. La residencia habitual es el lugar donde el menor tenía su centro de vida, no se refiere ni al domicilio, ni a la nacionalidad del niño. INICIO del PROCEDIMIENTO: El peticionante completará un formulario, debiendo remitirlo a la autoridad central del país6 donde haya sido trasladado o retenido el menor. Dicho formulario contiene todos los datos necesarios para identificar al menor, a quien lo trasladó o retuvo y poner en conocimiento de la situación a la autoridad central requerida. Las autoridades deben actuar con la mayor celeridad posible para evitar el arraigo del menor al país al cual fue trasladado, por esto, si la autoridad judicial o istrativa no toma una decisión en

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Son organismos designados por cada estado contratante para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en el convenio. Su función es cooperar entre sí para adoptar las medidas previstas en el art. 7 promoviendo la colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos estados a fin de garantizar la restitución inmediata de los menores. En nuestro país se encuentra designada la Dirección General de Asuntos Jurídicos –Dirección de Asistencia Judicial Internacional- del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto.

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seis semanas, se podrán pedir explicaciones sobre las razones de la demora. ACTUACIÓN de la AUTORIDAD CENTRAL ARGENTINA CUANDO RECIBE UNA PETICIÓN. Si el menor está localizado dentro del territorio, es decir que se conoce el domicilio donde se encontraría; si el padre requirente lo autoriza, se tomará o con el otro progenitor para lograr un acuerdo voluntario. Si éste no fuera alcanzado, se remitirá la documentación a la justicia competente para dar cumplimiento a la solicitud de restitución o régimen de visitas efectuado. La función

de la Autoridad Central es istrativa

e

informativa quedando reservado al poder judicial la decisión de la viabilidad o no del pedido. Una vez iniciada la etapa judicial, la autoridad central se encontrará a disposición del juzgado y de las partes para brindar cualquier

tipo

de

información

o

cooperación

que

haga

al

funcionamiento y aplicación de la convención. Si por el contrario, no se conoce el domicilio donde se encuentra el menor, será la autoridad central argentina la encargada de dar intervención a INTERPOL, toda vez que se trata de un organismo dedicado a la localización de personas. Logrado ello, se procederá como se indica más arriba. Podrá denegarse la restitución cuando no lo permitan los principios

fundamentales del estado requerido en materia de

derechos humanos y de libertades fundamentales o cuando quede demostrado que el menor ha quedado integrado a su nuevo medio.

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Unidad XI Punto I Sucesiones por causa de muerte. Unidad o Fraccionamiento

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SUCESIONES

FRACCIONAMIENTO : Corresponde aplicar tantos derechos como bienes existan en distintos países.

UNIDAD: Corresponde aplicar un solo derecho a toda la sucesión

FUNDAMENTOS: La voluntad presunta del causante no puede ser múltiple. El acervo sucesorio conforma un patrimonio universal independientemente de los bienes individuales que lo integran

TOTAL: Se refiere a toda clase de bienes

PARCIAL: Se refiere sólo a los inmuebles

FUNDAMENTOS: Soberanía territorial Interés fiscal en herencias vacantes No existe un patrimonio universal

LEGISLACIÓN: El art. 3283 del C.C se inclina por el sistema de unidad y sostiene que se aplicará el derecho del último domicilio del causante. El Tratado de Montevideo se inclina por el sistema de fraccionamiento en cuanto a la ley aplicable y a la jurisdicción, aplicando la ley de situación de los bienes Hay cuatro excepciones al sistema adoptado por el Tratado de Montevideo – fraccionamiento-:  Existe unidad en materia de deudas  Los créditos con garantía real pueden realizarse sólo en el país donde la garantía real se encuentra, y si no hubiese suficientes, el acreedor queda insatisfecho  Con respecto a los legados: Los legados de bienes determinados por su género, y que no tuvieran lugar designado para su pago, se rigen por la ley del lugar del domicilio del testador al tiempo de su muerte; se harán efectivos sobre los bienes que deje en dicho domicilio  Unidad en la colación: La obligación de colacionar se rige por la ley de la sucesión de la cual ese bien depende; cuando consista en alguna suma de dinero, se repartirá entre todas las sucesiones a que concurra el heredero que deba la colación proporcionalmente a su haber en cada una de ellas

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Punto II La reglamentación del régimen sucesorio: capacidad de testar, de heredar, legitima, forma.

SUCESIONES

CAPACIDAD

PARA TESTAR: Se rige por la ley del domicilio del testador al tiempo de hacer el testamento

PARA HEREDAR: Se rige por la ley del domicilio del heredero al momento de la muerte del causante FORMA

Testamento otorgado en Argentina: Debe cumplir con las formas impuestas por nuestra legislación (acto público, cerrado u ológrafo) aunque el testador sea extranjero o se encuentre domiciliado en otro país

Testamento otorgado en el extranjero: Se iten diversas formas alternativas teniendo en consideración el lugar de residencia, la nacionalidad y la ley argentina

Un argentino fuera del país puede optar entre las formas establecidas por la ley del país donde esté, o en la forma descripta en nuestro Código Civil. Un extranjero fuera de su patria y de Argentina puede optar entre la forma del lugar de otorgamiento, la del país de su nacionalidad o las que el Código Civil designe como legales.

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Fallo Ulloa Alberto s/ Sucesión C.S.J.N 10/04/07 Hechos  El causante contrajo nupcias con la señora W. en el año 1980 en el extranjero (Perú). La contrayente se encontraba divorciada en Argentina bajo el régimen de la ley 2393. Recién en el año 1987 se anotó marginalmente en la partida correspondiente la conversión del divorcio en vincular de conformidad con la nueva regulación dispuesta por la ley 23515. Dicho matrimonio fue celebrado en fraude de la legislación argentina, pues la señora W. no tenía en ese momento aptitud nupcial por haberse casado con anterioridad en nuestro país, contando con sentencia de divorcio en los términos de la ley 2393, norma por la que no () se disolvía el vínculo configurándose así el impedimento del artículo 166, inciso 6° del Código Civil. 2º Instancia  Los magistrados integrantes de la Sala "K", de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, revocaron la resolución del juez de grado, y declararon inválido el acto de matrimonio celebrado entre el causante y la hoy recurrente Sra. L. B. W., y con ello su pretendida vocación sucesoria, excluyéndola de la declaratoria de herederos dictada en autos. Dijeron también que no puede soslayarse la aplicación del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 que sujeta la validez del matrimonio a la ley del lugar donde se celebre y a su vez faculta a los estados signatarios a no reconocer el matrimonio que se hubiere celebrado en uno de ellos cuando se halle viciado de alguno de los impedimentos allí enumerados. Asimismo expusieron que los efectos del divorcio vincular se producen recién a partir de la sentencia firme que lo decreta, recuperando los cónyuges su aptitud nupcial de inmediato. De este modo, la señora L. B. W. , interpuso el recurso extraordinario cuya denegatoria motivó la interposición del recurso de queja. Expone que tanto la República Argentina como la República de Perú, suscribieron y ratificaron el Tratado de Montevideo de 1940, cuyo artículo 13 dispone que la validez del matrimonio se juzgará por

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las leyes del lugar de celebración Expresa que viola el orden público internacional. Se advierte que según las disposiciones del Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940, un matrimonio celebrado en otro país contratante con impedimento de ligamen, no impone a los otros países contratantes la obligación internacional de desconocerle

validez, sino que

deja librado

al orden público

internacional del Estado requerido la decisión sobre la reacción que más convenga al espíritu de su legislación. Y la modificación introducida por la ley 23.515 a los principios que informan la legislación matrimonial argentina (al itir la disolución del vínculo por divorcio), resulta relevante para lo que se discute en autos pues, en virtud del criterio de actualidad del orden público internacional, el orden jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero que es invocado en el foro en virtud de los derechos sucesorios reclamados por la cónyuge supérstite. CSJN  Declara formalmente isible la queja, procedente el recurso extraordinario y revoca la sentencia.

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Unidad XIII Punto I Insolvencia. Se entiende por concurso o quiebra internacional aquel proceso istrativo o judicial relativo a la insolvencia en el que participan activamente el deudor, sus acreedores, representantes de estos, síndicos u otros órganos auxiliares del tribunal y representantes del estado en el que se producen diversas controversias entre ellos. Según el Derecho Internacional Privado se pueden adoptar tres sistemas para los concursos y quiebras inernacionales: o Unidad o Pluralidad o Mixto SISTEMA DE UNIDAD  Defiende la idea de que debe existir un único

proceso

del

deudor,

independientemente

de

tener

acreedores o bienes en otros países. SISTEMA DE PLURALIDAD  Se advierte cuando la legislación adopta un sistema en el que puedan existir respecto de un mismo deudor, dos o más procesos falenciales radicados en distintos países y que dicho deudor tuviera con relación a cada uno de estos procesos, acreedores o bienes en otros países. SISTEMA MIXTO  Nos referimos a este cuando una legislación pudiera adoptar, según el caso, tanto el sistema de pluralidad como el de unidad.

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Nuestra ley, adhiere al sistema de pluralidad de quiebras, lo que se advierte en el Art. 4º de la Ley de Concursos y Quiebras el cual establece que: El proceso de insolvencia declarado en el extranjero es causal para que en la República Argentina el deudor solicite la apertura de su concurso preventivo, el deudor solicite su propia quiebra o cualquier acreedor solicite la quiebra del deudor, convirtiéndose así tanto el deudor como cualquier acreedor en sujetos legitimados para iniciar juicio concursal en nuestro país, debiendo probar que la declaración del tribunal competente extranjero se encuentra firme y consentida. De otra parte, la ley argentina protege a los acreedores locales, considerándose a los créditos que deben ser satisfechos en el país, estableciendo que el concurso extranjero no puede ser invocado contra aquellos. VERIFICACIÓN de CRÉDITOS: Los acreedores nacionales o extranjeros que deseen verificar sus créditos en el proceso abierto en nuestro país, deberán formular al síndico el pedido de verificación, indicando monto, causa y privilegio.

Aquellos cuyo crédito deba ser satisfecho o pagadero en nuestro país

Aquellos cuyo crédito deba ser satisfecho o pagadero en el extranjero

SISTEMA de UNIDAD: Si existe un único juicio radicado en nuestro país, el acreedor extranjero podrá solicitar la verificación de su crédito siempre y cuando acredite en dicho pedido la reciprocidad. SISTEMA de PLURALIDAD: Si respecto de un mismo deudor existe un juicio en Argentina y otro u otros en el exterior, los acreedores locales que deseen participar del proceso del extranjero deberán remitirse a lo que establece dicha legislación. Asimismo, los acreedores extranjeros que quieran participar de un proceso abierto en nuestro país, deberá distinguirse entre acreedores extranjeros que ya participan en otro proceso del extranjero de aquellos que no lo hicieron.

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RECIPROCIDAD: Se da cuando la verificación del acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero y que no pertenezca a un concurso abierto en el exterior, se encuentra condicionada a que dicho acreedor demuestre recíprocamente que un acreedor cuyo crédito es pagadero en Argentina puede verificar y cobrar en iguales condiciones en un concurso abierto en el país en el cual aquel crédito es pagadero.

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