El Fallo Aquino 1l3r9
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El fallo "Aquino" de la Corte Suprema: una introducción a la aplicación judicial de la declaración sociolaboral del Mercosur por ALEJANDRO DANIEL PEROTTI 2006 REVISTA DE DERECHO PRIVADO Y COMUNITARIO, N° 3, 2005, págs. 607 a 633. PENDIENTE DE PUBLICACION EN: "REVISTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA", BAJO EL TITULO "EL FALLO "AQUINO" DE LA CORTE SUPREMA (ARGENTINA): UNA INTRODUCCION A LA APLICACION JUDICIAL DE LA DECLARACION SOCIALABORAL DEL MERCOSUR", SANTA CATARINA, BRASIL. RUBINZAL-CULZONI, SANTA FE, ARGENTINA. Id Infojus: DACF060037
1. INTRODUCCIÓN.- 1. El Derecho del MERCOSUR incluye normas relativas a cuestiones comerciales -por ejemplo, disposiciones sobre régimen de origen de los productos (1), reglamentos técnicos (2), entre otros (3)-, pero también aquellas relativas a seguridad social (4) y a derecho del trabajo, entre muchas otras materias.
Sin dudas, uno de los principales instrumentos en el ámbito del derecho laboral, adop-tado en el bloque, es la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (DSLM o "Declara-ción"), aprobada durante la Cumbre de Río de Janeiro (10 de diciembre de 1998), por el CMC (5) y por los Jefes de Estado de los Estados Partes (6).
2. Dicha Declaración, más allá de su nomen iuris, resume normativamente los princi-pios más importantes en materia laboral que surgen de los Convenios de la Organiza-ción Internacional del Trabajo (OIT) y de otros documentos internacionales, aproba-dos por los Estados Partes. En efecto, ello surge de los considerandos de la Declaración, en los cuales se expresa "la decisión de los Estados Partes de consolidar en un instrumento común los progresos ya logrados en la dimensión social del proceso de integración y sostener los avances futuros y constantes en el campo social, sobre todo mediante la ratificación y cumplimiento de los principales convenios de la OIT" (párrafo décimo).
En tal sentido, los Presidentes de los Estados Partes destacaron al momento de la aprobación de la DSLM que "congratularamse com a da Declara o Sócio-Laboral do Mercosul, instrumento que reafirma um conjunto de direitos trabalhistas consagrados nas principais conven es internacionais sobre o tema e institui um mecanismo de acompanhamento de sua aplica o. A da Declara o Sócio-Laboral refor a significativamente a dimens o social do Mercosul e atesta o xito da participa o ativa dos diversos setores da sociedade no processo integracionista" (7).
3. En cuanto a su contenido, la Declaración contiene normas de fondo y de forma, relativas a derechos individuales (arts. 1° a 7°: no discriminación, promoción de la igualdad, trabajadores migrantes y fronterizos, eliminación del trabajo forzoso, trabajo infantil y de menores y derechos de los empleadores), derechos colectivos (arts. 8° a 13: libertad de asociación, libertad sindical, negociación colectiva, huelga, promoción y desarrollo de procedimientos preventivos y de autocomposición de conflictos y diálogo social) y otros derechos (arts. 14 a 19: fomento del empleo, protección de los desempleados, formación profesional y desarrollo de recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo, inspección del trabajo y seguridad social).
La Declaración establece, asimismo - tal como fue destacado por el Comunicado Pre-sidencial citado -, un mecanismo de "Aplicación y seguimiento" de sus disposiciones (arts. 20 a 25). En tal dirección, los Estados Partes "se comprometen a respetar los derechos fundamentales inscritos en esta Declaración y a promover su aplicación de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales y las convenciones y acuerdos colectivos" (8) , para tal fin instruyeron al GMC a crear dentro de su estructura interna, y como parte de la Declaración, la "Comisión Sociolaboral" (9). Dicho órgano es de carácter tripartito, está encargado de promocionar los derechos y las disposiciones establecidas en la DSLM, y carece de
facultades sancionatorias; entre sus funciones se encuentra la de "fomentar y acompañar la aplicación del instrumento". La Comisión Sociolaboral tiene, entre otras atribuciones, las siguientes:
"a) examinar, comentar y canalizar las memorias preparadas por los Estados Partes, resultantes de los compromisos de esta Declaración;
b) formular planes, programas de acción y recomendaciones tendientes a fomentar la aplicación y el cumplimiento de la Declaración;
c) examinar observaciones y consultas sobre dificultades e incorrecciones en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Declaración;
d) examinar dudas sobre la aplicación de la Declaración y proponer aclaraciones;
e) elaborar análisis e informes sobre la aplicación y el cumplimiento de la Declaración;
f) examinar y presentar las propuestas de modificación del texto de la Declaración y darles el curso pertinente" (art. 20) (10).
Asimismo, el art. 23 prescribe que los Estados Partes "deberán elaborar, por intermedio de sus Ministerios de Trabajo y en consulta a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, memorias anuales, conteniendo:
a) el informe de los cambios ocurridos en la legislación o en la práctica nacional relacionados con la implementación de los enunciados de esta Declaración; y b) el informe de los avances realizados en la promoción de esta Declaración y de las dificultades enfrentadas en su aplicación" (11) .
Según lo que reza su art. 25 los "Estados Partes subrayan que esta declaración y su mecanismo de seguimiento no podrán invocarse ni utilizarse para otros fines que no estén en ellos previstos, vedada, en particular, su aplicación a cuestiones comerciales, económicas y financieras".
4. La Declaración no ha sido objeto de aprobación legislativa, ni de ninguna otra forma de incorporación al derecho interno, tampoco ha sido ratificada por ningún Estado Parte. Por lo demás, ninguna disposición de la Declaración exige que la misma deba ser aprobada, internalizada o ratificada por los Estados Partes.
5. Del análisis de la Declaración pueden extraerse algunas conclusiones:
a) a tenor del Protocolo de Ouro Preto (POP) (12), art. 41 (13) y del Protocolo de Olivos (PO) (14), arts. 1°, inc. 1, 34, inc. 1, y 39 (15) se trata de un acto jurídico del MERCOSUR de carácter atípico, dada su falta de reconocimiento expreso dentro de la nomenclatura de las fuentes normativas.
b) lo anterior no reduce, en absoluto su naturaleza jurídica, la cual surge, en particular, del contenido de la Declaración, en cuanto establece mandatos de actua-ción, otorgando a determinados sujetos derechos y prerrogativas y estableciendo, en forma paralela, obligaciones y deberes en cabezas de otros.
c) se trata de un instrumento que hace parte del ordenamiento jurídico del MERCOSUR, aprobado por las máximas autoridades de cada uno de los Estados Partes (Presidentes) y por el CMC, y por lo tanto ha de ser considerada como una fuente jurídica del derecho de bloque.
d) constituye una norma que establece un específico mecanismo de seguimiento en cuanto a su aplicación, lo que genera el deber de las autoridades de los Estados Partes involucradas de adoptar las medidas necesarias para garantizar la implementación de dicho mecanismo, lo que incluye la elaboración de los distintos informes y memorias
establecidas en la DSLM.
2. EL FALLO "AQUINO" DE LA CORTE SUPREMA.- 6. Luego de las normas sobre régimen de origen, o los protocolos sobre cooperación y asistencia judicial internacional (Protocolos de Las Leñas, de Medidas Cautelares, de Jurisdicción en materia contractual, sobre Asuntos Penales, etc.), la Declaración ha sido una de las normas del MERCOSUR más aplicada por los jueces y tribunales nacionales de los Estados Partes (16).
En efecto, hasta lo que se sabe, en al menos tres de los cuatro Estados Partes la DSLM ha recibido aplicación judicial (17), y lo que es asimismo destacable es que dicha aplicación ha tenido lugar por jueces de diferentes instancias, aún dentro de un mismo Estado.
7. El asunto que analizaremos a continuación significa el desembarco de la DSLM en la jurisprudencia del más alto tribunal de la República Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
8. Originariamente, la sala 6ª de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNTrab), reformando en parte la decisión de la instancia anterior (Juzgado Nacional del Trabajo N° 28) -que declaró la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1, de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) (18), e hizo lugar a la demanda por indemnización por minusvalía laboral con fundamento en normas del derecho civil-, resolvió confirmar la sentencia apelada elevando la suma de la condena (19). Para sustentar la tacha de inconstitucionalidad, la Cámara argumentó que el art. 39 de la mencionada ley, vulnera varios artículos de la Constitucional Nacional (en particular, arts. 14 bis, 16, 17, 19, 23, 43 y 75, inc. 22), como así también distintos instrumentos internacionales vinculantes para el país (Declaración Universal de los Derechos del Hombre (20), Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y el Convenio N° 111 de la OIT (21)), algunos de los cuales revisten jerarquía constitucional, de acuerdo a lo previsto por el art. 75, inc. 22, de la Constitución (22).
9. El caso llegó a conocimiento de la Corte Suprema en virtud del recurso extraordinario deducido por la demandada que, denegado en origen, dio lugar a la correspondiente queja.
El voto de la mayoría de la Corte, luego de destacar que el régimen de la LRT impugnado -en cuanto limita la normativa aplicable a los accidentes de trabajo, y con ello la base de la indemnización-, resulta violatorio de los arts. 14 bis, 17, 19, 28 y 75, incs. 19 y 22, de la Constitución, así como también de diversos tratados y pactos internacionales (en particular, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Declaración Universal de Derechos Humanos, y Carta de la Organización de los Estados Americanos (23)) (24), consideró que dicho régimen infringe, asimismo, principios inculcados en la propia Constitución Nacional y en tratados sobre derechos humanos, en este caso el principio de "la justicia social, que cobra relevante aplicación en el ámbito del derecho laboral a poco que se advierta que fue inscripto, ya a principios del siglo pasado, en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (25), como un medio para establecer la paz universal, pero también como un fin propio. Entre otros muchos instrumentos internacionales, los Preámbulos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a su turno, no han cesado en la proclamación y adhesión a este principio" (26).
Dicho principio, agrega el voto, "como lo esclareció esta Corte en el ejemplar caso "Ber aitz", ya estaba presente en nuestra Constitución Nacional desde sus mismos orígenes, al expresar ésta, como su objetivo preeminente, el logro del "bienestar general" (Fallos: 289:430, 436)", e "inspiró, posteriormente, la elaboración y sanción del ya citado art. 14 bis" de la Ley Fundamental. Asimismo, agregó dicho parecer, "la llamada nueva cláusula del progreso, introducida en la Constitución Nacional para 1994, es prueba manifiesta del renovado impulso que el constituyente dio en aras de la justicia social, habida cuenta de los términos en que concibió el art. 75, inc. 19, con arreglo al cual corresponde al Congreso proveer a lo conducente al "desarrollo humano" y "al progreso económico con justicia social"" (27).
Por ello, continúo el voto, "no es casual, además, que en el proceso de integración del MERCOSUR, los estados partícipes se hayan atenido, en la Declaración Sociolaboral, al "desarrollo económico con justicia social" (Considerandos, párrafo primero)" (28).
En definitiva, la Corte Suprema resolvió hacer lugar a la queja, declarando isible el recurso extraordinario oportunamente denegado, y confirmar la sentencia impugnada.
10. Uno de los aspectos más destacables de la decisión radica en el contexto en el cual la Corte Suprema mencionó la Declaración. En efecto, como se recordará la sentencia de segunda instancia - recurrida ante la CSJN - provenía de la sala 6ª de la CNTrab, y el voto conductor en dicha decisión fue firmado por el vocal Capón Filas, quien - como se verá más adelante - ha sido el juez que más ha aplicado la DSLM en los cuatro Estados Partes; sin embargo, en ningún pasaje de dicho fallo, ni la Cámara, ni el voto del juez preopinante, citaron la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. Dicha circunstancia amplifica sustancialmente la trascendencia de la mención que realiza - de oficio - la Corte Suprema de la Declaración.
11. A pesar de la breve referencia de la Corte Suprema a la DSLM, su valor como ejemplo de aplicación del Derecho del MERCOSUR no debe, en absoluto, ser reducido, en particular si se repara en los antecedentes (29) y características de dicho instrumento (30) y, más en general, que dicho fallo proviene del más alto tribunal de la República.
La receptividad de la Declaración en la presente sentencia de la Corte Suprema da la razón, en algún sentido, a los diferentes tribunales inferiores de Argentina que han aplicado dicha norma en varios precedentes.
3. LA DSLM Y SU RECEPTIVIDAD EN LA JURISPRUDENCIA.- 12. Como antes se dijo, la DSLM es una de las disposiciones jurídicas del bloque que mayor aplicabilidad ha tenido por parte de los jueces de los Estados del MERCOSUR (31).
- República Argentina 13. Sin dudas, el Estado Parte en el cual la Declaración ha sido tenida en cuenta en mayor medida es la República Argentina.
Hasta lo que se ha podido averiguar, en Argentina, la Declaración ha sido aplicada por:
a) la Corte Suprema de Justicia de la Nación: en 2004: in re "Aquino/Cargo Servicios Industriales" (citada);
b) la Cámara Nacional del Trabajo:
b.1) sala 6ª (siempre en el voto -preopinante, concurrente o disidente- del juez Capón Filas): en 1999 (2); en el 2000 (31); en el 2001 (16); en el 2002 (47); en el 2003 (18); en el 2004 (24), y en el 2005 - hasta julio - (8): 146 sentencias en total;
b.2) pleno (siempre en el voto -preopinante, concurrente o disidente- del juez Capón Filas): en el 2002 (1), y en el 2004 (1): 2 sentencias en total;
c) la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E: en el 2005: 1 sentencia;
d) Tribunal del Trabajo N° 3 de La Matanza (provincia de Buenos Aires): en el 2004: 1 sentencia;
e) Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia (provincia del Chaco): 3 sentencias en total:
e.1) sala 1ª: en el 2002 (1);
e.2) sala 2ª: en el 2002 (2);
f) Juzgado Laboral N° 1 de Corrientes (provincia de Corrientes): en el 2002 (19); en el 2003 (3), y en el 2005 (3): 25 sentencias en total.
- República del Paraguay 14. En Paraguay, la DSLM ha sido aplicada por: g) el Tribunal de Apelación del Trabajo, Segunda Sala (circunscripción: La Capital): en el 2003 (1), y en el 2005 (1): 2 sentencias en total.
- República Oriental del Uruguay 15. En Uruguay, la DSLM ha sido aplicada por: h) el Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo, de 10° turno (Montevideo): en el 2003 (1); en el 2004 (1), y en el 2005 (3): 5 sentencias en total.
4. LA DSLM Y EL JUEZ NACIONAL.- 16. Uno de los desarrollos más innovadores de la aplicación judicial de la Declaración ha sido las consecuencias que de ello se deriva.
En particular, cabe destacar que según la jurisprudencia argentina sentada por la CNTrab, sala 6ª, por el Tribunal del Trabajo N° 3 de La Matanza y por el Juzgado Laboral N° 1 de Corrientes, la DSLM es aplicable directamente en el derecho argentino, con primacía -en caso de conflicto- sobre la leyes nacionales, anteriores y posteriores. Tal aplicabilidad y prevalencia, ha sido sustentada, en algunas ocasiones en el art. 75, inc. 22 de la Constitución (32); y en otras, en el art. 75, inc. 24, del mismo cuerpo legal(33), en combinación con su "derivación" del Tratado de Asunción (34).
17. Otras de las consecuencias que la jurisprudencia de los tribunales citados en el punto precedente desprende de la DSLM, es la necesidad de remitir copia de la respectiva sentencia que aplica la Declaración al Ministerio de Trabajo de la Nación, a fin de que dicha autoridad tome en cuenta dicha decisión judicial al momento de elaborar los informes y la memoria anual exigidos por los arts. 20 y 23 de la Declaración (35).
Dicha remisión ha tenido lugar en varias ocasiones.
5. LA DOCTRINA.- 18. En general, la doctrina laboralista de los Estados Partes, sobre la base de diferentes argumentos, ha sostenido la plena aplicabilidad de la DSLM en el ámbito del derecho interno.
19. En Argentina, esta posición es ciertamente mayoritaria (36).
En tal sentido, para Mansueti - uno de los doctrinarios que más se ha ocupado del análisis de este instrumento - la DSLM tiene la naturaleza jurídica de un tratado internacional, concertado en forma simplificada al amparo del Tratado de Montevideo de 1980 (ALADI) , y fue dictada en cumplimiento de los objetivos fijados en el Tratado de Asunción. Más aún, según el mismo autor, el art. 25 de la Declaración -que en su opinión la excluye del sistema de solución de controversias del MERCOSUR- es una norma que habilita que los derechos y obligaciones que ella consagra puedan ser invocados por los particulares ante los jueces argentinos, ya que la incompetencia de dichos magistrados, según la jurisprudencia de la CSJN -con cita in re "Fibraca" (38)-, únicamente podría tener lugar si la Declaración fuera susceptible de ser invocada en el marco del mencionado régimen de solución de controversias (39).
20. En Paraguay, Barbosa -apoyado en las ideas de Ermida (ver infra)- mantiene la tesis según la cual, en lo que hace a la DSLM, el ordenamiento jurídico nacional ofrecería "argumentos suficientes para justificar su aplicabilidad judicial directa". Esta conclusión se basa -según el mismo autor- en los siguientes argumentos: (i) la Declaración menciona -en su parte considerativa- instrumentos internacionales ya ratificados por los Estados Partes (40) y otros que no requieren tal acto del Estado (41); (ii) "la mayoría de los derechos enunciados en la Declaración en estudio son plenamente autoejecutables, y más aún, susceptibles de ser protegidos por la legislación interna" mediante las garantías constitucionales establecidas (acciones de amparo, de inconstitucionalidad, etc.); y (iii) la norma contenida en el art. 45 de la Constitución paraguaya (42), en concordancia con las disposiciones de la DSLM que enuncian derechos fundamentales (43). Por tales razones, concluye el autor, las disposiciones autoejecutables de la Declaración tienen -desde el punto de vista del derecho interno paraguayo- aplicación inmediata (44); a su vez, aquellas que resulten programáticas, en tanto constituyen obligaciones de hacer para los Gobiernos y afecten el derecho de terceros, permiten demandar judicialmente la responsabilidad patrimonial del Estado que pueda surgir de la omisión de las medidas necesarias para su puesta en práctica (45). Finalmente, aunque en el contexto de las relaciones interestatales, Barbosa menciona dos casos de invocación concreta de la Declaración: en una reclamación del Gobierno de Brasil a su par del Paraguay, en un asunto sobre trabajadores de la zona de la triple frontera; y en el marco de la OIT, en una cuestión relativa al diálogo social (art. 13 de la DSLM (46)) (47).
21. Finalmente, en Uruguay, esta orientación es defendida por Ermida, quien califica a la DSLM como parte del ius cogens (derecho internacional), en consideración a que codifica -según sus propios considerandos- pactos y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos; por tal razón, en atención a los arts. 72 y 332 de la Constitución (48), los derechos proclamados por la Declaración "constituyen el 'bloque de constitucionalidad' nacional en materia de derechos fundamentales" (49).
6. CONCLUSIÓN.- a) La aplicación de la DSLM por la Corte Suprema de la República Argentina consolida el entendimiento mantenido por varios tribunales de los Estados Partes, relativo a la vigencia judicial del mentado instrumento, en el marco de causas que involucran a particulares.
b) Tal aplicación inscribe en la regular tendencia de la CSJN, acerca de la plena receptividad de las normas del MERCOSUR en su jurisprudencia constante (en los votos de la mayoría, concurrencia o disidencias de sus magistrados, como así también en los pareceres de la Procuración General de la Nación) (50).
c) Confirma, asimismo, la carta de ciudadanía que, progresivamente, va adquiriendo el Derecho del MERCOSUR en la doctrina de los jueces y tribunales de los Estados Partes.
Notas al pie:
*)Abogado (Univ. Nacional del Litoral, Santa Fe), Master en Derecho Comunitario (Univ. Complutense de Madrid, España), Doctor en Derecho (Univ. Austral, Buenos Aires), Prof. de Derecho de la Integración de la Universidad Austral. Consultor Jurídico de la Secretaría del MERCOSUR. El análisis y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente las posiciones de los Estados Partes del MERCOSUR ni de la Secretaría del MERCOSUR [email protected].
1) Decisión CMC (Consejo del Mercado Común) N° 01/04, Régimen de Origen MERCOSUR, 06.05.2004, y sus normas concordantes.
2) Entre los últimos, Resoluciones GMC (Grupo Mercado Común) N° 36/04, Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Rotulado Obligatorio General para Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes, 26.11.2004; 07/05, Reglamento Técnico MERCOSUR "Clasificación de Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes y 05/05, Reglamento Técnico MERCOSUR "Autorización de Funcionamiento/Habilitación de Empresas de Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes, sus Modificaciones y Bajas/Cancelaciones", ambas del 15.04.2005, y 15/05, Reglamento Técnico MERCOSUR para Restricción de Uso de Determinados Aditivos Alimentarios, 09.06.2005.
3) Entre muchos ejemplos, Resoluciones GMC N° 16/05, Requisitos Zoosanitarios para el Intercambio entre los Estados Partes de semen bovino y bubalino, 17/05, Normas de Vigilancia Epidemiológica y Diagnostico de Laboratorio, Medidas de Control y Esquemas Terapéuticos de Enfermedades priorizadas entre los Estados Partes del MERCOSUR y 20/05, Obligatoriedad de Comunicación entre los Estados Partes del MERCOSUR referente a Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes, todas del 09.06.2005, y 21/05, Mecanismo para la Facilitación del Comercio Intrazona, 16.06.2005.
4) Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur y el Reglamento istrativo para la aplicación del Acuerdo, firmado en Montevideo, el 15 de diciembre de 1997, aprobado a nivel del MERCOSUR por Decisión CMC N° 19/97 (15/12/1997). Argentina: aprobado por Ley 25.655, 18.09.2002 (BO [Boletín Oficial] 16.10.02); depósito del instrumento de ratificación: 29 de enero de 2003. Brasil: aprobado por Decreto Legislativo 451/01, 14.11.2001 (DOU [Diário Oficial da Uni o] 16.11.01); depósito del instrumento de ratificación: 18 de diciembre de 2001. Paraguay: aprobado por Ley 2.513/2004, 13 de diciembre (publicación: Anales de Legislación Paraguaya N° 1/2005, pág. 23); depósito del instrumento de ratificación: 5 de mayo de 2005. Uruguay: aprobado por Ley 17.207, 24.09.1999 (DO [Diario Oficial] 04.10.99); depósito del instrumento de ratificación: 7 de julio de 2000. El Protocolo entró en vigor el 1 de junio de 2005 (art. 17, inc. 1: en vigor a partir del primer día del mes siguiente a la fecha del depósito del último instrumento de ratificación).
5) Acta N° 02/98 de la XVª Reunión del CMC (Río de Janeiro, 09-10.12.1998), punto 4.
6) Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, suscripta por los Jefes de Estado de los Estados Partes del Mercado Común del Sur, Río de Janeiro, 10 de diciembre de 1998.
7) "Se congratulan con la firma de Declaración Socio-Laboral del Mercosur, instrumento que reafirma un conjunto de derechos laborales consagrados en las principales convenciones internacionales sobre el tema e instituye un mecanismo
de acompañamiento de su aplicación. La firma de la Declaración Socio-Laboral refuerza significativamente la dimensión social del Mercosur y demuestra el éxito de la participación activa de diversos sectores de la sociedad en el proceso integracionista" (Comunicado Conjunto de los Presidentes del Mercosur, Río de Janeiro, 10 de diciembre de 1998, punto 10) (Traducción libre del autor. El destacado no es del original).
8) El destacado no figura en el original.
9) La Comisión Sociolaboral fue creada por Resolución GMC N° 15/99, 09.03.1999. La Resolución GMC N° 12/00 (05.04.2000) aprobó el Reglamento Interno de la Comisión Sociolaboral, mientras que la Resolución GMC N° 85/00 (07.12.2000) hizo lo propio en relación al Reglamento Interno de la Comisión Sociolaboral en lo referido a las Comisiones Nacionales.
10) La negrita no es del original.
11) La negrita fue agregada. El art. 24 también se relaciona con el seguimiento de la aplicación de la DSLM al prever que los "Estados Partes acuerdan que esta Declaración, teniendo en cuenta su carácter dinámico y el avance del proceso de integración subregional, será objeto de revisión, transcurridos dos años de su adopción, con base en la experiencia acumulada en el curso de su aplicación o en las propuestas e insumos formulados por la Comisión Sociolaboral o por otros organismos".
12) Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre Estructura Institucional del MERCOSUR ("Protocolo de Ouro Preto"), firmado en Ouro Preto, Brasil, el 17 de diciembre de 1994. Argentina: aprobado por Ley 24.560, 20.09.1995 (BO 13.10.95); depósito del instrumento de ratificación: 15 de noviembre de 1995. Brasil: aprobado por Decreto Legislativo 188/95, 15.12.1995 (DOU 18.12.95); depósito del instrumento de ratificación: 16 de febrero de 1996. Paraguay: aprobado por Ley 596/1995, 15 de junio; depósito del instrumento de ratificación: 12 de septiembre de 1995. Uruguay: aprobado por Ley 16.712, 01.09.1995 (DO 15.09.95); depósito del instrumento de ratificación: 15 de noviembre de 1995. El Protocolo entró en vigor el 15 de diciembre de 1995 (art. 48: en vigor 30 días después de la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación).
13) POP, art. 41 "Las fuentes jurídicas del Mercosur son:
I - El Tratado de Asunción, sus protocolos y los instrumentos adicionales o complementarios;
II - Los acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus protocolos;
III - Las Decisiones del Consejo del Mercado Común, las Resoluciones del Grupo Mercado Común y las Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur, adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Asunción".
14) Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, firmado en Olivos, Buenos Aires, el 18 de febrero de 2002. Argentina: aprobado por Ley 25.663, 18.10.2002 (BO 21.10.02 pág. 1); depósito del instrumento de ratificación: 29 de enero de 2003. Brasil: aprobado por Decreto Legislativo 712/03, 14.10.2003 (DOU 15.10.03); depósito del instrumento de ratificación: 2 de diciembre de 2003. Paraguay: aprobado por Ley 2070/2003, 3 de febrero; depósito del instrumento de ratificación: 20 de febrero de 2003. Uruguay: aprobado por Ley 17.629, 11.04.2003 (DO 06.05.03); depósito del instrumento de ratificación: 11 de julio de 2003. El Protocolo entró en vigor el 1 de enero de 2004 (art. 52, inc. 1: en vigor el trigésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el cuarto instrumento de ratificación).
15) PO, arts. 1 "Ámbito de aplicación. 1. Las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, de las Decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur, serán sometidas a los procedimientos establecidos en el presente Protocolo", 34 "Derecho aplicable. 1. Los Tribunales Arbitrales Ad Hoc y el Tribunal Permanente de Revisión decidirán la controversia en base al Tratado de Asunción, al Protocolo de Ouro Preto, a los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, a las Decisiones del Consejo del Mercado Común, a las Resoluciones del Grupo Mercado Común y a las Directivas de la Comisión de Comercio del
Mercosur así como a los principios y disposiciones de Derecho Internacional aplicables a la materia", y 39 "Ámbito de aplicación. El procedimiento establecido en el presente Capítulo se aplicará a los reclamos efectuados por particulares (personas físicas o jurídicas) con motivo de la sanción o aplicación, por cualquiera de los Estados Partes, de medidas legales o istrativas de efecto restrictivo, discriminatorias o de competencia desleal, en violación del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, de las Decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur".
16) Ver para una comprobación, Secretaría del MERCOSUR, "Primer Informe sobre la aplicación del Derecho del MERCOSUR por los Tribunales nacionales" (año 2003), documento EST 003/04 CJ, 15.07.2004, ed. Secretaría del MERCOSUR, Foro Permanente de Cortes Supremas del MERCOSUR y Asociados y Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2005 (disponible en la página de la Secretaría http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm).
17) Se desconoce si en Brasil, los tribunales han dado aplicación a la Declaración.
18) Ley 24.557, riesgos del trabajo, 03.10.1995 (BO 04.10.95 pág. 1), art. 39, inc. 1, "Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del art. 1072 del Código Civil".
19) CNTrab, sala 6ª, "Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidente - ley 9688", expte. N° 2.566/99, sentencia N° 55.083, 17.07.2002 (inédito).
20)Ver datos infra.
21) Convenio N° 111 de la OIT, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (adoptado en la 42ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 20 de junio de 1958); en vigor desde el 15 de junio de 1960. Argentina: aprobado por Ley 17.677, 08.03.1968 (BO 19.03.68); depósito del instrumento de ratificación: 18 de junio de 1968.
22) En cuanto a los hechos, la Cámara tuvo en consideración que el actor (trabajador, de 29 años de edad) sufrió una incapacidad del 100%, como resultado del accidente laboral invocado (que tuvo lugar al precipitarse desde un techo ubicado a diez metros del suelo, en ocasión de colocar una membrana); y por otro lado, que, tal como lo había hecho valer el juez de la instancia previa, había quedado acreditado a lo largo del juicio que el empleador no entregó al demandante los elementos de seguridad indispensables para la tarea que éste desarrollaba, como tampoco colocado una red u otro elemento de seguridad para las eventuales caídas.
23) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, adoptado por Resolución N° 2.200 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, abierto a la firma en Nueva York, el 19 de diciembre de 1966 (Argentina: aprobado por Ley 17.04.1986 (BO 13.05.86)); Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por Resolución N° 34/80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979 [Argentina: suscripta el 17 de julio de 1980; aprobada por Ley 23.179, 08.05.1985 (BO 03.06.85); ratificada y vigente para el Estado argentino]; Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989 [Argentina: aprobada por Ley 23.849, 16.09.1990 (BO 22.10.90); ratificada y vigente para el Estado argentino]; Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), firmada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969; en vigor internacionalmente, el 18 de julio de 1974 (art. 74, inc. 2°) [Argentina: firmada el 2 de febrero de 1984; aprobada por Ley 23.054, 01.03.1984 (BO 27.03.84); ratificada el 14 de agosto de 1984; entró en vigor para Argentina el 5 de septiembre de 1984]; Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por Resolución N° 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948; Carta de la Organización de los Estados Americanos, firma en el marco de la 9ª Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, el 30 de abril de 1948; en vigor desde el 13 de diciembre de 1951 (art. 145) [Argentina: aprobada por Decreto-ley 328, 14.01.1956 (BO 02.02.56); depósito del instrumento de ratificación: el 10 de abril de 1956; entró en vigor para el Estado argentino en la misma fecha del depósito (art. 140)].
24) CSJN, "Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes ley 9688", A.2652.XXXVIII, 21.09.2004 (inédito; 3°, 4°, 7°, 8°, 10 y 11 del voto de la mayoría).
25) Constitución de la OIT, contenida en la Parte XIIIª del Tratado de Versalles sobre la Organización Internacional del Trabajo, del 28 de febrero de 1928. Argentina: aprobada por Ley 11.722, 25.09.1933 (BO 02.10.33). Ratificada y en vigor para la Argentina.
26) CSJN, "Aquino/Cargo Servicios Industriales", cit. ( 12, párr. 1°, del voto de la mayoría).
27) CSJN, "Aquino/Cargo Servicios Industriales", cit. ( 12, párrs. 2° a 4°, del voto de la mayoría).
28) CSJN, "Aquino/Cargo Servicios Industriales", cit. ( 12, párr. 4°, del voto de la mayoría. El destacado fue agregado).
29) Cabe destacar que en su origen no hubo unanimidad de criterios entre los órganos del MERCOSUR acerca del valor y alcance de la Declaración, en especial en lo relativo a su carácter vinculante. Ver al respecto, Acta N° 01/98 de la XXIXª Reunión del GMC (Buenos Aires, 06-07.05.1998), punto 2.1; Acta N° 03/98 de la VIIIª Reunión Plenaria del Foro Consultivo Económico-Social del MERCOSUR (Porto Alegre, Brasil, 05-06.11.1998), punto 5 y Anexo VII, y Acta N° 04/98 de la XXXIIª Reunión del GMC (Río de Janeiro, 07-08.12.1998), punto 3.10.
30) Ver ut supra, punto I.
31) Ver Anexo "Relación de Jurisprudencia sobre la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR".
32) Constitución Nacional, art. 75 "Corresponde al Congreso:
[.] 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes".
33) Constitución Nacional, art. 75 "Corresponde al Congreso:
[.] 24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes".
34) Tratado para la Constitución de un Mercado Común ("Tratado de Asunción"), firmado en Asunción, Paraguay, el 26 de marzo de 1991. Argentina: aprobado por Ley 23.981, 04.09.1991 (BO 12.09.91); depósito del instrumento de ratificación: 30 de octubre de 1991. Brasil: aprobado por Decreto Legislativo 197/91, 25.09.1991; depósito del instrumento de ratificación: 30 de octubre de 1991. Paraguay: aprobado por Ley 9/1991, 15 de julio; depósito del instrumento de ratificación: 6 de agosto de 1991. Uruguay: aprobado por Ley 16.196, 22.07.1991; depósito del instrumento de ratificación: 6 de agosto de 1991. El Tratado entró en vigor el 29 de noviembre de 1991 (art. 19: en vigor 30 días después de la fecha de depósito del tercer instrumento de ratificación).
35) Ver ut supra, punto I.
36) Ver, entre otros, CAPÓN FILAS, Rodolfo, "Declaración SocioLaboral del Mercosur, proyecto regional para el empleo decente", sobre la base de la Conferencia en "Encuentro sobre Políticas Sociales", 7 y 8 de mayo de 2002, organizado por INCASUR, Buenos Aires (copia mimeográfica suministrada por el autor, con autorización para su cita), punto 1.2.3, apart. 41, págs. 17-19, quien - en particular - le reconoce a la DSLM efecto directo, con la consiguiente posibilidad de su invocación por los particulares antes los jueces nacionales, y jerarquía superior a las leyes en virtud de la aplicación del art. 75, inc. 24, de la Constitución en concordancia con su derivación del Tratado de Asunción; MALM GREEN, Lucas A., "Eficacia jurídica de la declaración sociolaboral del Mercosur", Revista Derecho del Trabajo N° VII, año LXII, julio 2002, ed. La Ley, Buenos Aires, págs. 1387-1392; ver también, MANSUETI, Hugo Roberto, "La Declaración Sociolaboral del Mercosur. Su importancia jurídica y práctica", en "Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Trabajos de la Reunión Técnica celebrada en Buenos Aires, los días 10 y 11 de diciembre de 2001" (AA.VV.), 1ª edición, ed. Cinterfor - O.I.T. y Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, Montevideo, 2002, págs. 187-208 [se cita por la copia mimeográfica suministrada por el autor, con autorización para su mención]; págs. 13 ss.
37) Tratado constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) ("Tratado de Montevideo"), firmado en Montevideo, el 12 de agosto de 1980. Argentina: aprobado por Ley 22.354, 15.12.1980 (BO 23.12.80); depósito del instrumento de ratificación: 10 de febrero de 1981. Brasil: aprobado por Decreto Legislativo 66/80, 16.11.1980; depósito del instrumento de ratificación: 2 de mayo de 1981. Paraguay: aprobado por Ley 837/1980, 15 de diciembre; depósito del instrumento de ratificación: s/d. Uruguay: aprobado por Decreto-ley 15.071, 16.10.1980 (DO 13.11.80, N° 20.867); depósito del instrumento de ratificación: s/d. Vigente para los cuatro Estados.
38) CSJN, "Fibraca Constructora S.C.A. c/Comisión Técnica Mixta de Salto Grande", 07.07.1993 (Fallos 316:1669).
39) MANSUETI, Hugo R., "Naturaleza jurídica y proyección institucional de la Declaración Sociolaboral del Mercosur", tesis doctoral presentada en el Instituto de Posgrados - Carrera: Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2002 [copia mimeográfica suministrada por el autor, con autorización para su cita], capítulos 3 y 14 a 16, págs. 380-438, en especial págs. 382-383 - punto 3.2.2 - y 427-433 - puntos 6 y 7 -.
40) Vgr. distintos Convenios de la OIT.
41) Como por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, receptadas por el código del trabajo y aplicadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
42) Constitución de la República del Paraguay, art. 45 "De los derechos y garantías no enunciados. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía".
43) BARBOZA, Ramiro, "Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en Paraguay", en "Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral.", cit., págs. 109-124.
44) BARBOZA, Ramiro, op. cit., págs. 118-119 y 123-124.
45) BARBOZA, Ramiro, op. cit., pág. 119.
46) DSLM, art. 13 "Los Estados Partes se comprometen a fomentar el diálogo social en los ámbitos nacional y regional, instituyendo mecanismos efectivos de consulta permanente entre representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, a fin de garantizar, mediante el consenso social, condiciones favorables al crecimiento económico sostenible y con justicia social de la región y la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos".
47) BARBOZA, Ramiro, op. cit., págs. 122-123.
48) Constitución de la República Oriental del Uruguay, arts. 72 "La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno" y 332 "Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente itidas".
49) ERMIDA URIARTE, Oscar, "La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su aplicabilidad judicial", en Libro de Ponencias de las XXVIIª Jornadas de Derecho Laboral y IV Encuentro Latinoamericano de Abogados Laboralistas (org. por A.A.L. - A.L.A.L. - E.F.T. y A.B.A.L.), 25 al 27 de octubre de 2001, ed. La Ley, Buenos Aires, 2001, págs. 307, 308 y 314.
50) CSJN, "Cocchia, Jorge D. c/Estado Nacional y otro s/acción de amparo", 02.12.1993 (Fallos 316:2624); "Cafés La
Virginia S.A. s/Apelación (por denegación de repetición)", 13.10.1994 (Fallos 317:1282); "Dotti, Miguel A. y otro s/contrabando (incidente de apelación auto de nulidad e incompetencia)", 07.05.1998 (Fallos 321:1226); "Provincia de Salta c/Estado Nacional -Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos s/prohibición de innovar", 14.03.2000 (Fallos 323:470); "Baca Castex, Raúl Alejo c/C.P.A.C.F. s/proceso de conocimiento", 01.06.2000 (Fallos 323:1374); "Entre Ríos, Provincia de y otro c/Estado Nacional (Secretaría de Energía) s/acción de amparo", 11.07.2000 (Fallos 323:1825); "Plenkovich, Liliana Esther c/Salvia, Mercedes y otros", 03.04.2001 (Fallos 324:1107); "Bornao, Alejandro y otro s/art. 331 c/c art. 129 del C.P Brasl", B.1295.XXXVI, 09.08.2001 (sin publicar); "Compañía Azucarera Los Balcanes S.A. c/Poder Ejecutivo de la Nación", 18.12.0201 (Fallos 324:4414); "Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ley 22262 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia-Secretaría de Comercio e Industria", 02.07.2002 (Fallos 325:1702); "Autolatina Argentina S.A. (TF 7921 -A) c/Dirección General de Aduanas", A.657.XXXV, 05.11.2002 (sin publicar); "Autolatina Argentina S.A. c/istración Nacional de Aduanas", A.795.XXXVI, 05.11.2002 (sin publicar); "Autolatina Argentina S.A. c/istración Nacional de Aduanas", A.61.XXXV, 20.03.2003 (sin publicar); "Colgate Palmolive Argentina S.A. y otros c/Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", C.721.XXXIX, 08.09.2003 (Fallos 326:3351); "Tora Transporte Industrias Limitada c/Expreso Mercurio", T.166.XXXVII, 24.06.2004 (Fallos: pendiente de publicación), entre otros.
Ver Anexo
CONTENIDO RELACIONADO Jurisprudencia Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688. SENTENCIA.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. , 21/0/2004.
Legislación LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO Art. 3 LEY 24.557. 13/1995. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 12 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 1 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 19 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 35 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 61 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 14 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 15 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 2 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general
1. INTRODUCCIÓN.- 1. El Derecho del MERCOSUR incluye normas relativas a cuestiones comerciales -por ejemplo, disposiciones sobre régimen de origen de los productos (1), reglamentos técnicos (2), entre otros (3)-, pero también aquellas relativas a seguridad social (4) y a derecho del trabajo, entre muchas otras materias.
Sin dudas, uno de los principales instrumentos en el ámbito del derecho laboral, adop-tado en el bloque, es la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (DSLM o "Declara-ción"), aprobada durante la Cumbre de Río de Janeiro (10 de diciembre de 1998), por el CMC (5) y por los Jefes de Estado de los Estados Partes (6).
2. Dicha Declaración, más allá de su nomen iuris, resume normativamente los princi-pios más importantes en materia laboral que surgen de los Convenios de la Organiza-ción Internacional del Trabajo (OIT) y de otros documentos internacionales, aproba-dos por los Estados Partes. En efecto, ello surge de los considerandos de la Declaración, en los cuales se expresa "la decisión de los Estados Partes de consolidar en un instrumento común los progresos ya logrados en la dimensión social del proceso de integración y sostener los avances futuros y constantes en el campo social, sobre todo mediante la ratificación y cumplimiento de los principales convenios de la OIT" (párrafo décimo).
En tal sentido, los Presidentes de los Estados Partes destacaron al momento de la aprobación de la DSLM que "congratularamse com a da Declara o Sócio-Laboral do Mercosul, instrumento que reafirma um conjunto de direitos trabalhistas consagrados nas principais conven es internacionais sobre o tema e institui um mecanismo de acompanhamento de sua aplica o. A da Declara o Sócio-Laboral refor a significativamente a dimens o social do Mercosul e atesta o xito da participa o ativa dos diversos setores da sociedade no processo integracionista" (7).
3. En cuanto a su contenido, la Declaración contiene normas de fondo y de forma, relativas a derechos individuales (arts. 1° a 7°: no discriminación, promoción de la igualdad, trabajadores migrantes y fronterizos, eliminación del trabajo forzoso, trabajo infantil y de menores y derechos de los empleadores), derechos colectivos (arts. 8° a 13: libertad de asociación, libertad sindical, negociación colectiva, huelga, promoción y desarrollo de procedimientos preventivos y de autocomposición de conflictos y diálogo social) y otros derechos (arts. 14 a 19: fomento del empleo, protección de los desempleados, formación profesional y desarrollo de recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo, inspección del trabajo y seguridad social).
La Declaración establece, asimismo - tal como fue destacado por el Comunicado Pre-sidencial citado -, un mecanismo de "Aplicación y seguimiento" de sus disposiciones (arts. 20 a 25). En tal dirección, los Estados Partes "se comprometen a respetar los derechos fundamentales inscritos en esta Declaración y a promover su aplicación de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales y las convenciones y acuerdos colectivos" (8) , para tal fin instruyeron al GMC a crear dentro de su estructura interna, y como parte de la Declaración, la "Comisión Sociolaboral" (9). Dicho órgano es de carácter tripartito, está encargado de promocionar los derechos y las disposiciones establecidas en la DSLM, y carece de
facultades sancionatorias; entre sus funciones se encuentra la de "fomentar y acompañar la aplicación del instrumento". La Comisión Sociolaboral tiene, entre otras atribuciones, las siguientes:
"a) examinar, comentar y canalizar las memorias preparadas por los Estados Partes, resultantes de los compromisos de esta Declaración;
b) formular planes, programas de acción y recomendaciones tendientes a fomentar la aplicación y el cumplimiento de la Declaración;
c) examinar observaciones y consultas sobre dificultades e incorrecciones en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Declaración;
d) examinar dudas sobre la aplicación de la Declaración y proponer aclaraciones;
e) elaborar análisis e informes sobre la aplicación y el cumplimiento de la Declaración;
f) examinar y presentar las propuestas de modificación del texto de la Declaración y darles el curso pertinente" (art. 20) (10).
Asimismo, el art. 23 prescribe que los Estados Partes "deberán elaborar, por intermedio de sus Ministerios de Trabajo y en consulta a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, memorias anuales, conteniendo:
a) el informe de los cambios ocurridos en la legislación o en la práctica nacional relacionados con la implementación de los enunciados de esta Declaración; y b) el informe de los avances realizados en la promoción de esta Declaración y de las dificultades enfrentadas en su aplicación" (11) .
Según lo que reza su art. 25 los "Estados Partes subrayan que esta declaración y su mecanismo de seguimiento no podrán invocarse ni utilizarse para otros fines que no estén en ellos previstos, vedada, en particular, su aplicación a cuestiones comerciales, económicas y financieras".
4. La Declaración no ha sido objeto de aprobación legislativa, ni de ninguna otra forma de incorporación al derecho interno, tampoco ha sido ratificada por ningún Estado Parte. Por lo demás, ninguna disposición de la Declaración exige que la misma deba ser aprobada, internalizada o ratificada por los Estados Partes.
5. Del análisis de la Declaración pueden extraerse algunas conclusiones:
a) a tenor del Protocolo de Ouro Preto (POP) (12), art. 41 (13) y del Protocolo de Olivos (PO) (14), arts. 1°, inc. 1, 34, inc. 1, y 39 (15) se trata de un acto jurídico del MERCOSUR de carácter atípico, dada su falta de reconocimiento expreso dentro de la nomenclatura de las fuentes normativas.
b) lo anterior no reduce, en absoluto su naturaleza jurídica, la cual surge, en particular, del contenido de la Declaración, en cuanto establece mandatos de actua-ción, otorgando a determinados sujetos derechos y prerrogativas y estableciendo, en forma paralela, obligaciones y deberes en cabezas de otros.
c) se trata de un instrumento que hace parte del ordenamiento jurídico del MERCOSUR, aprobado por las máximas autoridades de cada uno de los Estados Partes (Presidentes) y por el CMC, y por lo tanto ha de ser considerada como una fuente jurídica del derecho de bloque.
d) constituye una norma que establece un específico mecanismo de seguimiento en cuanto a su aplicación, lo que genera el deber de las autoridades de los Estados Partes involucradas de adoptar las medidas necesarias para garantizar la implementación de dicho mecanismo, lo que incluye la elaboración de los distintos informes y memorias
establecidas en la DSLM.
2. EL FALLO "AQUINO" DE LA CORTE SUPREMA.- 6. Luego de las normas sobre régimen de origen, o los protocolos sobre cooperación y asistencia judicial internacional (Protocolos de Las Leñas, de Medidas Cautelares, de Jurisdicción en materia contractual, sobre Asuntos Penales, etc.), la Declaración ha sido una de las normas del MERCOSUR más aplicada por los jueces y tribunales nacionales de los Estados Partes (16).
En efecto, hasta lo que se sabe, en al menos tres de los cuatro Estados Partes la DSLM ha recibido aplicación judicial (17), y lo que es asimismo destacable es que dicha aplicación ha tenido lugar por jueces de diferentes instancias, aún dentro de un mismo Estado.
7. El asunto que analizaremos a continuación significa el desembarco de la DSLM en la jurisprudencia del más alto tribunal de la República Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
8. Originariamente, la sala 6ª de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNTrab), reformando en parte la decisión de la instancia anterior (Juzgado Nacional del Trabajo N° 28) -que declaró la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1, de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) (18), e hizo lugar a la demanda por indemnización por minusvalía laboral con fundamento en normas del derecho civil-, resolvió confirmar la sentencia apelada elevando la suma de la condena (19). Para sustentar la tacha de inconstitucionalidad, la Cámara argumentó que el art. 39 de la mencionada ley, vulnera varios artículos de la Constitucional Nacional (en particular, arts. 14 bis, 16, 17, 19, 23, 43 y 75, inc. 22), como así también distintos instrumentos internacionales vinculantes para el país (Declaración Universal de los Derechos del Hombre (20), Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y el Convenio N° 111 de la OIT (21)), algunos de los cuales revisten jerarquía constitucional, de acuerdo a lo previsto por el art. 75, inc. 22, de la Constitución (22).
9. El caso llegó a conocimiento de la Corte Suprema en virtud del recurso extraordinario deducido por la demandada que, denegado en origen, dio lugar a la correspondiente queja.
El voto de la mayoría de la Corte, luego de destacar que el régimen de la LRT impugnado -en cuanto limita la normativa aplicable a los accidentes de trabajo, y con ello la base de la indemnización-, resulta violatorio de los arts. 14 bis, 17, 19, 28 y 75, incs. 19 y 22, de la Constitución, así como también de diversos tratados y pactos internacionales (en particular, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Declaración Universal de Derechos Humanos, y Carta de la Organización de los Estados Americanos (23)) (24), consideró que dicho régimen infringe, asimismo, principios inculcados en la propia Constitución Nacional y en tratados sobre derechos humanos, en este caso el principio de "la justicia social, que cobra relevante aplicación en el ámbito del derecho laboral a poco que se advierta que fue inscripto, ya a principios del siglo pasado, en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (25), como un medio para establecer la paz universal, pero también como un fin propio. Entre otros muchos instrumentos internacionales, los Preámbulos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a su turno, no han cesado en la proclamación y adhesión a este principio" (26).
Dicho principio, agrega el voto, "como lo esclareció esta Corte en el ejemplar caso "Ber aitz", ya estaba presente en nuestra Constitución Nacional desde sus mismos orígenes, al expresar ésta, como su objetivo preeminente, el logro del "bienestar general" (Fallos: 289:430, 436)", e "inspiró, posteriormente, la elaboración y sanción del ya citado art. 14 bis" de la Ley Fundamental. Asimismo, agregó dicho parecer, "la llamada nueva cláusula del progreso, introducida en la Constitución Nacional para 1994, es prueba manifiesta del renovado impulso que el constituyente dio en aras de la justicia social, habida cuenta de los términos en que concibió el art. 75, inc. 19, con arreglo al cual corresponde al Congreso proveer a lo conducente al "desarrollo humano" y "al progreso económico con justicia social"" (27).
Por ello, continúo el voto, "no es casual, además, que en el proceso de integración del MERCOSUR, los estados partícipes se hayan atenido, en la Declaración Sociolaboral, al "desarrollo económico con justicia social" (Considerandos, párrafo primero)" (28).
En definitiva, la Corte Suprema resolvió hacer lugar a la queja, declarando isible el recurso extraordinario oportunamente denegado, y confirmar la sentencia impugnada.
10. Uno de los aspectos más destacables de la decisión radica en el contexto en el cual la Corte Suprema mencionó la Declaración. En efecto, como se recordará la sentencia de segunda instancia - recurrida ante la CSJN - provenía de la sala 6ª de la CNTrab, y el voto conductor en dicha decisión fue firmado por el vocal Capón Filas, quien - como se verá más adelante - ha sido el juez que más ha aplicado la DSLM en los cuatro Estados Partes; sin embargo, en ningún pasaje de dicho fallo, ni la Cámara, ni el voto del juez preopinante, citaron la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. Dicha circunstancia amplifica sustancialmente la trascendencia de la mención que realiza - de oficio - la Corte Suprema de la Declaración.
11. A pesar de la breve referencia de la Corte Suprema a la DSLM, su valor como ejemplo de aplicación del Derecho del MERCOSUR no debe, en absoluto, ser reducido, en particular si se repara en los antecedentes (29) y características de dicho instrumento (30) y, más en general, que dicho fallo proviene del más alto tribunal de la República.
La receptividad de la Declaración en la presente sentencia de la Corte Suprema da la razón, en algún sentido, a los diferentes tribunales inferiores de Argentina que han aplicado dicha norma en varios precedentes.
3. LA DSLM Y SU RECEPTIVIDAD EN LA JURISPRUDENCIA.- 12. Como antes se dijo, la DSLM es una de las disposiciones jurídicas del bloque que mayor aplicabilidad ha tenido por parte de los jueces de los Estados del MERCOSUR (31).
- República Argentina 13. Sin dudas, el Estado Parte en el cual la Declaración ha sido tenida en cuenta en mayor medida es la República Argentina.
Hasta lo que se ha podido averiguar, en Argentina, la Declaración ha sido aplicada por:
a) la Corte Suprema de Justicia de la Nación: en 2004: in re "Aquino/Cargo Servicios Industriales" (citada);
b) la Cámara Nacional del Trabajo:
b.1) sala 6ª (siempre en el voto -preopinante, concurrente o disidente- del juez Capón Filas): en 1999 (2); en el 2000 (31); en el 2001 (16); en el 2002 (47); en el 2003 (18); en el 2004 (24), y en el 2005 - hasta julio - (8): 146 sentencias en total;
b.2) pleno (siempre en el voto -preopinante, concurrente o disidente- del juez Capón Filas): en el 2002 (1), y en el 2004 (1): 2 sentencias en total;
c) la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E: en el 2005: 1 sentencia;
d) Tribunal del Trabajo N° 3 de La Matanza (provincia de Buenos Aires): en el 2004: 1 sentencia;
e) Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia (provincia del Chaco): 3 sentencias en total:
e.1) sala 1ª: en el 2002 (1);
e.2) sala 2ª: en el 2002 (2);
f) Juzgado Laboral N° 1 de Corrientes (provincia de Corrientes): en el 2002 (19); en el 2003 (3), y en el 2005 (3): 25 sentencias en total.
- República del Paraguay 14. En Paraguay, la DSLM ha sido aplicada por: g) el Tribunal de Apelación del Trabajo, Segunda Sala (circunscripción: La Capital): en el 2003 (1), y en el 2005 (1): 2 sentencias en total.
- República Oriental del Uruguay 15. En Uruguay, la DSLM ha sido aplicada por: h) el Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo, de 10° turno (Montevideo): en el 2003 (1); en el 2004 (1), y en el 2005 (3): 5 sentencias en total.
4. LA DSLM Y EL JUEZ NACIONAL.- 16. Uno de los desarrollos más innovadores de la aplicación judicial de la Declaración ha sido las consecuencias que de ello se deriva.
En particular, cabe destacar que según la jurisprudencia argentina sentada por la CNTrab, sala 6ª, por el Tribunal del Trabajo N° 3 de La Matanza y por el Juzgado Laboral N° 1 de Corrientes, la DSLM es aplicable directamente en el derecho argentino, con primacía -en caso de conflicto- sobre la leyes nacionales, anteriores y posteriores. Tal aplicabilidad y prevalencia, ha sido sustentada, en algunas ocasiones en el art. 75, inc. 22 de la Constitución (32); y en otras, en el art. 75, inc. 24, del mismo cuerpo legal(33), en combinación con su "derivación" del Tratado de Asunción (34).
17. Otras de las consecuencias que la jurisprudencia de los tribunales citados en el punto precedente desprende de la DSLM, es la necesidad de remitir copia de la respectiva sentencia que aplica la Declaración al Ministerio de Trabajo de la Nación, a fin de que dicha autoridad tome en cuenta dicha decisión judicial al momento de elaborar los informes y la memoria anual exigidos por los arts. 20 y 23 de la Declaración (35).
Dicha remisión ha tenido lugar en varias ocasiones.
5. LA DOCTRINA.- 18. En general, la doctrina laboralista de los Estados Partes, sobre la base de diferentes argumentos, ha sostenido la plena aplicabilidad de la DSLM en el ámbito del derecho interno.
19. En Argentina, esta posición es ciertamente mayoritaria (36).
En tal sentido, para Mansueti - uno de los doctrinarios que más se ha ocupado del análisis de este instrumento - la DSLM tiene la naturaleza jurídica de un tratado internacional, concertado en forma simplificada al amparo del Tratado de Montevideo de 1980 (ALADI) , y fue dictada en cumplimiento de los objetivos fijados en el Tratado de Asunción. Más aún, según el mismo autor, el art. 25 de la Declaración -que en su opinión la excluye del sistema de solución de controversias del MERCOSUR- es una norma que habilita que los derechos y obligaciones que ella consagra puedan ser invocados por los particulares ante los jueces argentinos, ya que la incompetencia de dichos magistrados, según la jurisprudencia de la CSJN -con cita in re "Fibraca" (38)-, únicamente podría tener lugar si la Declaración fuera susceptible de ser invocada en el marco del mencionado régimen de solución de controversias (39).
20. En Paraguay, Barbosa -apoyado en las ideas de Ermida (ver infra)- mantiene la tesis según la cual, en lo que hace a la DSLM, el ordenamiento jurídico nacional ofrecería "argumentos suficientes para justificar su aplicabilidad judicial directa". Esta conclusión se basa -según el mismo autor- en los siguientes argumentos: (i) la Declaración menciona -en su parte considerativa- instrumentos internacionales ya ratificados por los Estados Partes (40) y otros que no requieren tal acto del Estado (41); (ii) "la mayoría de los derechos enunciados en la Declaración en estudio son plenamente autoejecutables, y más aún, susceptibles de ser protegidos por la legislación interna" mediante las garantías constitucionales establecidas (acciones de amparo, de inconstitucionalidad, etc.); y (iii) la norma contenida en el art. 45 de la Constitución paraguaya (42), en concordancia con las disposiciones de la DSLM que enuncian derechos fundamentales (43). Por tales razones, concluye el autor, las disposiciones autoejecutables de la Declaración tienen -desde el punto de vista del derecho interno paraguayo- aplicación inmediata (44); a su vez, aquellas que resulten programáticas, en tanto constituyen obligaciones de hacer para los Gobiernos y afecten el derecho de terceros, permiten demandar judicialmente la responsabilidad patrimonial del Estado que pueda surgir de la omisión de las medidas necesarias para su puesta en práctica (45). Finalmente, aunque en el contexto de las relaciones interestatales, Barbosa menciona dos casos de invocación concreta de la Declaración: en una reclamación del Gobierno de Brasil a su par del Paraguay, en un asunto sobre trabajadores de la zona de la triple frontera; y en el marco de la OIT, en una cuestión relativa al diálogo social (art. 13 de la DSLM (46)) (47).
21. Finalmente, en Uruguay, esta orientación es defendida por Ermida, quien califica a la DSLM como parte del ius cogens (derecho internacional), en consideración a que codifica -según sus propios considerandos- pactos y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos; por tal razón, en atención a los arts. 72 y 332 de la Constitución (48), los derechos proclamados por la Declaración "constituyen el 'bloque de constitucionalidad' nacional en materia de derechos fundamentales" (49).
6. CONCLUSIÓN.- a) La aplicación de la DSLM por la Corte Suprema de la República Argentina consolida el entendimiento mantenido por varios tribunales de los Estados Partes, relativo a la vigencia judicial del mentado instrumento, en el marco de causas que involucran a particulares.
b) Tal aplicación inscribe en la regular tendencia de la CSJN, acerca de la plena receptividad de las normas del MERCOSUR en su jurisprudencia constante (en los votos de la mayoría, concurrencia o disidencias de sus magistrados, como así también en los pareceres de la Procuración General de la Nación) (50).
c) Confirma, asimismo, la carta de ciudadanía que, progresivamente, va adquiriendo el Derecho del MERCOSUR en la doctrina de los jueces y tribunales de los Estados Partes.
Notas al pie:
*)Abogado (Univ. Nacional del Litoral, Santa Fe), Master en Derecho Comunitario (Univ. Complutense de Madrid, España), Doctor en Derecho (Univ. Austral, Buenos Aires), Prof. de Derecho de la Integración de la Universidad Austral. Consultor Jurídico de la Secretaría del MERCOSUR. El análisis y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente las posiciones de los Estados Partes del MERCOSUR ni de la Secretaría del MERCOSUR [email protected].
1) Decisión CMC (Consejo del Mercado Común) N° 01/04, Régimen de Origen MERCOSUR, 06.05.2004, y sus normas concordantes.
2) Entre los últimos, Resoluciones GMC (Grupo Mercado Común) N° 36/04, Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Rotulado Obligatorio General para Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes, 26.11.2004; 07/05, Reglamento Técnico MERCOSUR "Clasificación de Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes y 05/05, Reglamento Técnico MERCOSUR "Autorización de Funcionamiento/Habilitación de Empresas de Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes, sus Modificaciones y Bajas/Cancelaciones", ambas del 15.04.2005, y 15/05, Reglamento Técnico MERCOSUR para Restricción de Uso de Determinados Aditivos Alimentarios, 09.06.2005.
3) Entre muchos ejemplos, Resoluciones GMC N° 16/05, Requisitos Zoosanitarios para el Intercambio entre los Estados Partes de semen bovino y bubalino, 17/05, Normas de Vigilancia Epidemiológica y Diagnostico de Laboratorio, Medidas de Control y Esquemas Terapéuticos de Enfermedades priorizadas entre los Estados Partes del MERCOSUR y 20/05, Obligatoriedad de Comunicación entre los Estados Partes del MERCOSUR referente a Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes, todas del 09.06.2005, y 21/05, Mecanismo para la Facilitación del Comercio Intrazona, 16.06.2005.
4) Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur y el Reglamento istrativo para la aplicación del Acuerdo, firmado en Montevideo, el 15 de diciembre de 1997, aprobado a nivel del MERCOSUR por Decisión CMC N° 19/97 (15/12/1997). Argentina: aprobado por Ley 25.655, 18.09.2002 (BO [Boletín Oficial] 16.10.02); depósito del instrumento de ratificación: 29 de enero de 2003. Brasil: aprobado por Decreto Legislativo 451/01, 14.11.2001 (DOU [Diário Oficial da Uni o] 16.11.01); depósito del instrumento de ratificación: 18 de diciembre de 2001. Paraguay: aprobado por Ley 2.513/2004, 13 de diciembre (publicación: Anales de Legislación Paraguaya N° 1/2005, pág. 23); depósito del instrumento de ratificación: 5 de mayo de 2005. Uruguay: aprobado por Ley 17.207, 24.09.1999 (DO [Diario Oficial] 04.10.99); depósito del instrumento de ratificación: 7 de julio de 2000. El Protocolo entró en vigor el 1 de junio de 2005 (art. 17, inc. 1: en vigor a partir del primer día del mes siguiente a la fecha del depósito del último instrumento de ratificación).
5) Acta N° 02/98 de la XVª Reunión del CMC (Río de Janeiro, 09-10.12.1998), punto 4.
6) Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, suscripta por los Jefes de Estado de los Estados Partes del Mercado Común del Sur, Río de Janeiro, 10 de diciembre de 1998.
7) "Se congratulan con la firma de Declaración Socio-Laboral del Mercosur, instrumento que reafirma un conjunto de derechos laborales consagrados en las principales convenciones internacionales sobre el tema e instituye un mecanismo
de acompañamiento de su aplicación. La firma de la Declaración Socio-Laboral refuerza significativamente la dimensión social del Mercosur y demuestra el éxito de la participación activa de diversos sectores de la sociedad en el proceso integracionista" (Comunicado Conjunto de los Presidentes del Mercosur, Río de Janeiro, 10 de diciembre de 1998, punto 10) (Traducción libre del autor. El destacado no es del original).
8) El destacado no figura en el original.
9) La Comisión Sociolaboral fue creada por Resolución GMC N° 15/99, 09.03.1999. La Resolución GMC N° 12/00 (05.04.2000) aprobó el Reglamento Interno de la Comisión Sociolaboral, mientras que la Resolución GMC N° 85/00 (07.12.2000) hizo lo propio en relación al Reglamento Interno de la Comisión Sociolaboral en lo referido a las Comisiones Nacionales.
10) La negrita no es del original.
11) La negrita fue agregada. El art. 24 también se relaciona con el seguimiento de la aplicación de la DSLM al prever que los "Estados Partes acuerdan que esta Declaración, teniendo en cuenta su carácter dinámico y el avance del proceso de integración subregional, será objeto de revisión, transcurridos dos años de su adopción, con base en la experiencia acumulada en el curso de su aplicación o en las propuestas e insumos formulados por la Comisión Sociolaboral o por otros organismos".
12) Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre Estructura Institucional del MERCOSUR ("Protocolo de Ouro Preto"), firmado en Ouro Preto, Brasil, el 17 de diciembre de 1994. Argentina: aprobado por Ley 24.560, 20.09.1995 (BO 13.10.95); depósito del instrumento de ratificación: 15 de noviembre de 1995. Brasil: aprobado por Decreto Legislativo 188/95, 15.12.1995 (DOU 18.12.95); depósito del instrumento de ratificación: 16 de febrero de 1996. Paraguay: aprobado por Ley 596/1995, 15 de junio; depósito del instrumento de ratificación: 12 de septiembre de 1995. Uruguay: aprobado por Ley 16.712, 01.09.1995 (DO 15.09.95); depósito del instrumento de ratificación: 15 de noviembre de 1995. El Protocolo entró en vigor el 15 de diciembre de 1995 (art. 48: en vigor 30 días después de la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación).
13) POP, art. 41 "Las fuentes jurídicas del Mercosur son:
I - El Tratado de Asunción, sus protocolos y los instrumentos adicionales o complementarios;
II - Los acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus protocolos;
III - Las Decisiones del Consejo del Mercado Común, las Resoluciones del Grupo Mercado Común y las Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur, adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Asunción".
14) Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, firmado en Olivos, Buenos Aires, el 18 de febrero de 2002. Argentina: aprobado por Ley 25.663, 18.10.2002 (BO 21.10.02 pág. 1); depósito del instrumento de ratificación: 29 de enero de 2003. Brasil: aprobado por Decreto Legislativo 712/03, 14.10.2003 (DOU 15.10.03); depósito del instrumento de ratificación: 2 de diciembre de 2003. Paraguay: aprobado por Ley 2070/2003, 3 de febrero; depósito del instrumento de ratificación: 20 de febrero de 2003. Uruguay: aprobado por Ley 17.629, 11.04.2003 (DO 06.05.03); depósito del instrumento de ratificación: 11 de julio de 2003. El Protocolo entró en vigor el 1 de enero de 2004 (art. 52, inc. 1: en vigor el trigésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el cuarto instrumento de ratificación).
15) PO, arts. 1 "Ámbito de aplicación. 1. Las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, de las Decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur, serán sometidas a los procedimientos establecidos en el presente Protocolo", 34 "Derecho aplicable. 1. Los Tribunales Arbitrales Ad Hoc y el Tribunal Permanente de Revisión decidirán la controversia en base al Tratado de Asunción, al Protocolo de Ouro Preto, a los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, a las Decisiones del Consejo del Mercado Común, a las Resoluciones del Grupo Mercado Común y a las Directivas de la Comisión de Comercio del
Mercosur así como a los principios y disposiciones de Derecho Internacional aplicables a la materia", y 39 "Ámbito de aplicación. El procedimiento establecido en el presente Capítulo se aplicará a los reclamos efectuados por particulares (personas físicas o jurídicas) con motivo de la sanción o aplicación, por cualquiera de los Estados Partes, de medidas legales o istrativas de efecto restrictivo, discriminatorias o de competencia desleal, en violación del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, de las Decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur".
16) Ver para una comprobación, Secretaría del MERCOSUR, "Primer Informe sobre la aplicación del Derecho del MERCOSUR por los Tribunales nacionales" (año 2003), documento EST 003/04 CJ, 15.07.2004, ed. Secretaría del MERCOSUR, Foro Permanente de Cortes Supremas del MERCOSUR y Asociados y Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2005 (disponible en la página de la Secretaría http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm).
17) Se desconoce si en Brasil, los tribunales han dado aplicación a la Declaración.
18) Ley 24.557, riesgos del trabajo, 03.10.1995 (BO 04.10.95 pág. 1), art. 39, inc. 1, "Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del art. 1072 del Código Civil".
19) CNTrab, sala 6ª, "Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidente - ley 9688", expte. N° 2.566/99, sentencia N° 55.083, 17.07.2002 (inédito).
20)Ver datos infra.
21) Convenio N° 111 de la OIT, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (adoptado en la 42ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 20 de junio de 1958); en vigor desde el 15 de junio de 1960. Argentina: aprobado por Ley 17.677, 08.03.1968 (BO 19.03.68); depósito del instrumento de ratificación: 18 de junio de 1968.
22) En cuanto a los hechos, la Cámara tuvo en consideración que el actor (trabajador, de 29 años de edad) sufrió una incapacidad del 100%, como resultado del accidente laboral invocado (que tuvo lugar al precipitarse desde un techo ubicado a diez metros del suelo, en ocasión de colocar una membrana); y por otro lado, que, tal como lo había hecho valer el juez de la instancia previa, había quedado acreditado a lo largo del juicio que el empleador no entregó al demandante los elementos de seguridad indispensables para la tarea que éste desarrollaba, como tampoco colocado una red u otro elemento de seguridad para las eventuales caídas.
23) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, adoptado por Resolución N° 2.200 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, abierto a la firma en Nueva York, el 19 de diciembre de 1966 (Argentina: aprobado por Ley 17.04.1986 (BO 13.05.86)); Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por Resolución N° 34/80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979 [Argentina: suscripta el 17 de julio de 1980; aprobada por Ley 23.179, 08.05.1985 (BO 03.06.85); ratificada y vigente para el Estado argentino]; Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989 [Argentina: aprobada por Ley 23.849, 16.09.1990 (BO 22.10.90); ratificada y vigente para el Estado argentino]; Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), firmada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969; en vigor internacionalmente, el 18 de julio de 1974 (art. 74, inc. 2°) [Argentina: firmada el 2 de febrero de 1984; aprobada por Ley 23.054, 01.03.1984 (BO 27.03.84); ratificada el 14 de agosto de 1984; entró en vigor para Argentina el 5 de septiembre de 1984]; Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por Resolución N° 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948; Carta de la Organización de los Estados Americanos, firma en el marco de la 9ª Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, el 30 de abril de 1948; en vigor desde el 13 de diciembre de 1951 (art. 145) [Argentina: aprobada por Decreto-ley 328, 14.01.1956 (BO 02.02.56); depósito del instrumento de ratificación: el 10 de abril de 1956; entró en vigor para el Estado argentino en la misma fecha del depósito (art. 140)].
24) CSJN, "Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes ley 9688", A.2652.XXXVIII, 21.09.2004 (inédito; 3°, 4°, 7°, 8°, 10 y 11 del voto de la mayoría).
25) Constitución de la OIT, contenida en la Parte XIIIª del Tratado de Versalles sobre la Organización Internacional del Trabajo, del 28 de febrero de 1928. Argentina: aprobada por Ley 11.722, 25.09.1933 (BO 02.10.33). Ratificada y en vigor para la Argentina.
26) CSJN, "Aquino/Cargo Servicios Industriales", cit. ( 12, párr. 1°, del voto de la mayoría).
27) CSJN, "Aquino/Cargo Servicios Industriales", cit. ( 12, párrs. 2° a 4°, del voto de la mayoría).
28) CSJN, "Aquino/Cargo Servicios Industriales", cit. ( 12, párr. 4°, del voto de la mayoría. El destacado fue agregado).
29) Cabe destacar que en su origen no hubo unanimidad de criterios entre los órganos del MERCOSUR acerca del valor y alcance de la Declaración, en especial en lo relativo a su carácter vinculante. Ver al respecto, Acta N° 01/98 de la XXIXª Reunión del GMC (Buenos Aires, 06-07.05.1998), punto 2.1; Acta N° 03/98 de la VIIIª Reunión Plenaria del Foro Consultivo Económico-Social del MERCOSUR (Porto Alegre, Brasil, 05-06.11.1998), punto 5 y Anexo VII, y Acta N° 04/98 de la XXXIIª Reunión del GMC (Río de Janeiro, 07-08.12.1998), punto 3.10.
30) Ver ut supra, punto I.
31) Ver Anexo "Relación de Jurisprudencia sobre la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR".
32) Constitución Nacional, art. 75 "Corresponde al Congreso:
[.] 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes".
33) Constitución Nacional, art. 75 "Corresponde al Congreso:
[.] 24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes".
34) Tratado para la Constitución de un Mercado Común ("Tratado de Asunción"), firmado en Asunción, Paraguay, el 26 de marzo de 1991. Argentina: aprobado por Ley 23.981, 04.09.1991 (BO 12.09.91); depósito del instrumento de ratificación: 30 de octubre de 1991. Brasil: aprobado por Decreto Legislativo 197/91, 25.09.1991; depósito del instrumento de ratificación: 30 de octubre de 1991. Paraguay: aprobado por Ley 9/1991, 15 de julio; depósito del instrumento de ratificación: 6 de agosto de 1991. Uruguay: aprobado por Ley 16.196, 22.07.1991; depósito del instrumento de ratificación: 6 de agosto de 1991. El Tratado entró en vigor el 29 de noviembre de 1991 (art. 19: en vigor 30 días después de la fecha de depósito del tercer instrumento de ratificación).
35) Ver ut supra, punto I.
36) Ver, entre otros, CAPÓN FILAS, Rodolfo, "Declaración SocioLaboral del Mercosur, proyecto regional para el empleo decente", sobre la base de la Conferencia en "Encuentro sobre Políticas Sociales", 7 y 8 de mayo de 2002, organizado por INCASUR, Buenos Aires (copia mimeográfica suministrada por el autor, con autorización para su cita), punto 1.2.3, apart. 41, págs. 17-19, quien - en particular - le reconoce a la DSLM efecto directo, con la consiguiente posibilidad de su invocación por los particulares antes los jueces nacionales, y jerarquía superior a las leyes en virtud de la aplicación del art. 75, inc. 24, de la Constitución en concordancia con su derivación del Tratado de Asunción; MALM GREEN, Lucas A., "Eficacia jurídica de la declaración sociolaboral del Mercosur", Revista Derecho del Trabajo N° VII, año LXII, julio 2002, ed. La Ley, Buenos Aires, págs. 1387-1392; ver también, MANSUETI, Hugo Roberto, "La Declaración Sociolaboral del Mercosur. Su importancia jurídica y práctica", en "Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Trabajos de la Reunión Técnica celebrada en Buenos Aires, los días 10 y 11 de diciembre de 2001" (AA.VV.), 1ª edición, ed. Cinterfor - O.I.T. y Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, Montevideo, 2002, págs. 187-208 [se cita por la copia mimeográfica suministrada por el autor, con autorización para su mención]; págs. 13 ss.
37) Tratado constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) ("Tratado de Montevideo"), firmado en Montevideo, el 12 de agosto de 1980. Argentina: aprobado por Ley 22.354, 15.12.1980 (BO 23.12.80); depósito del instrumento de ratificación: 10 de febrero de 1981. Brasil: aprobado por Decreto Legislativo 66/80, 16.11.1980; depósito del instrumento de ratificación: 2 de mayo de 1981. Paraguay: aprobado por Ley 837/1980, 15 de diciembre; depósito del instrumento de ratificación: s/d. Uruguay: aprobado por Decreto-ley 15.071, 16.10.1980 (DO 13.11.80, N° 20.867); depósito del instrumento de ratificación: s/d. Vigente para los cuatro Estados.
38) CSJN, "Fibraca Constructora S.C.A. c/Comisión Técnica Mixta de Salto Grande", 07.07.1993 (Fallos 316:1669).
39) MANSUETI, Hugo R., "Naturaleza jurídica y proyección institucional de la Declaración Sociolaboral del Mercosur", tesis doctoral presentada en el Instituto de Posgrados - Carrera: Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2002 [copia mimeográfica suministrada por el autor, con autorización para su cita], capítulos 3 y 14 a 16, págs. 380-438, en especial págs. 382-383 - punto 3.2.2 - y 427-433 - puntos 6 y 7 -.
40) Vgr. distintos Convenios de la OIT.
41) Como por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, receptadas por el código del trabajo y aplicadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
42) Constitución de la República del Paraguay, art. 45 "De los derechos y garantías no enunciados. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía".
43) BARBOZA, Ramiro, "Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en Paraguay", en "Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral.", cit., págs. 109-124.
44) BARBOZA, Ramiro, op. cit., págs. 118-119 y 123-124.
45) BARBOZA, Ramiro, op. cit., pág. 119.
46) DSLM, art. 13 "Los Estados Partes se comprometen a fomentar el diálogo social en los ámbitos nacional y regional, instituyendo mecanismos efectivos de consulta permanente entre representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, a fin de garantizar, mediante el consenso social, condiciones favorables al crecimiento económico sostenible y con justicia social de la región y la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos".
47) BARBOZA, Ramiro, op. cit., págs. 122-123.
48) Constitución de la República Oriental del Uruguay, arts. 72 "La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno" y 332 "Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente itidas".
49) ERMIDA URIARTE, Oscar, "La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su aplicabilidad judicial", en Libro de Ponencias de las XXVIIª Jornadas de Derecho Laboral y IV Encuentro Latinoamericano de Abogados Laboralistas (org. por A.A.L. - A.L.A.L. - E.F.T. y A.B.A.L.), 25 al 27 de octubre de 2001, ed. La Ley, Buenos Aires, 2001, págs. 307, 308 y 314.
50) CSJN, "Cocchia, Jorge D. c/Estado Nacional y otro s/acción de amparo", 02.12.1993 (Fallos 316:2624); "Cafés La
Virginia S.A. s/Apelación (por denegación de repetición)", 13.10.1994 (Fallos 317:1282); "Dotti, Miguel A. y otro s/contrabando (incidente de apelación auto de nulidad e incompetencia)", 07.05.1998 (Fallos 321:1226); "Provincia de Salta c/Estado Nacional -Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos s/prohibición de innovar", 14.03.2000 (Fallos 323:470); "Baca Castex, Raúl Alejo c/C.P.A.C.F. s/proceso de conocimiento", 01.06.2000 (Fallos 323:1374); "Entre Ríos, Provincia de y otro c/Estado Nacional (Secretaría de Energía) s/acción de amparo", 11.07.2000 (Fallos 323:1825); "Plenkovich, Liliana Esther c/Salvia, Mercedes y otros", 03.04.2001 (Fallos 324:1107); "Bornao, Alejandro y otro s/art. 331 c/c art. 129 del C.P Brasl", B.1295.XXXVI, 09.08.2001 (sin publicar); "Compañía Azucarera Los Balcanes S.A. c/Poder Ejecutivo de la Nación", 18.12.0201 (Fallos 324:4414); "Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ley 22262 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia-Secretaría de Comercio e Industria", 02.07.2002 (Fallos 325:1702); "Autolatina Argentina S.A. (TF 7921 -A) c/Dirección General de Aduanas", A.657.XXXV, 05.11.2002 (sin publicar); "Autolatina Argentina S.A. c/istración Nacional de Aduanas", A.795.XXXVI, 05.11.2002 (sin publicar); "Autolatina Argentina S.A. c/istración Nacional de Aduanas", A.61.XXXV, 20.03.2003 (sin publicar); "Colgate Palmolive Argentina S.A. y otros c/Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", C.721.XXXIX, 08.09.2003 (Fallos 326:3351); "Tora Transporte Industrias Limitada c/Expreso Mercurio", T.166.XXXVII, 24.06.2004 (Fallos: pendiente de publicación), entre otros.
Ver Anexo
CONTENIDO RELACIONADO Jurisprudencia Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688. SENTENCIA.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. , 21/0/2004.
Legislación LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO Art. 3 LEY 24.557. 13/1995. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 12 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 1 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 19 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 35 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 61 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 14 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 15 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 2 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general
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