Derechos Humanos En Colombia 57411t

DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

CHARLES ANDRES HURTADO

COLEGIO COFREM GRADO 9-3 Villavicencio-Meta 2008

DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

CHARLES ANDRES HURTADO Presentado A: Licenciado Jesús Octavio Zuluaga Materia: Sociales

COLEGIO COFREM GRADO 9-3 Villavicencio-Meta 2008

INTRODUCCIÓN

Los derechos humanos en Colombia han tomado en rumbo distinto al acordado en el Congreso de Ginebra ya que los grupos alzados en armas han hecho actos terroristas y se han salido de su ideología marxista-lennista y dichos grupos han violado el derecho internacional humanitario por esto en el presente proyecto logra buscar las causas, consecuencias y soluciones para este conflicto. Temas que hablan de la actualidad como guerrillas, narcotráfico, desplazamiento forzado, diversidad étnica, negritud y sindicalismo dan a este trabajo un toque de gran importancia para leerlo y analizarlo.

OBJETIVOS

Generales: •

Reconocer las causas, consecuencias y hallar una solución de la violación el los derechos humanos en Colombia

Específicos: •

Conocer los antecedentes que tuvo Colombia para que la violación de los derechos humanos en Colombia fueran un hecho

•

Conocer por que las guerrillas como la FARC se salieron de su ideología y comenzaron ha hacer actos de terrorismo

•

Hallar una posible solución a los conflictos internos del país y poder llegar a una paz que tanto anhelamos.

CONTENIDO

Introducción Objetivos DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 1. Marco legal 2. Marco teórico 3. Cronograma de actividades 4. Recursos utilizados 5. Tiempo Conclusiones Bibliografía

DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 1. Marco legal ARTÍCULO 3 COMÚN: UN CONVENIO EN MINIATURA En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto El derecho de Ginebra o derecho humanitario propiamente dicho, cuyo objetivo es proteger a los militares puestos fuera de combate y a las personas que no participan en las hostilidades, en particular la población civil.

El derecho de La Haya o derecho de la guerra, por el que se determinan los derechos y las obligaciones de los beligerantes en la conducción de las operaciones militares y se limita la elección de los medios para perjudicar al enemigo 2. Marco Teórico Problema Se puede considerar como un problema la violación de los derechos humanos ya que los grupos terroristas de Colombia no lo respetan a la población civil ni a las personas que cubre el artículo 3 de DIH impuesto por la ONU Justificación Se puede considerar como un problema de gran importancia el conflicto armado colombiano que se desarrolla en nuestro país desde hace 40 años en su versión actual, pero tiene antecedentes históricos en la violencia bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores. La actual istración que encabeza el gobierno afirma que en Colombia realmente no se está dando un conflicto armado, ya que Colombia es un estado de derecho, y que las alteraciones al orden público causadas por las FARC, el ELN, las AUC y otros grupos armados irregulares son consideradas como parte de una amenaza terrorista. Dicha posición no es compartida por otros sectores políticos, sociales e intelectuales del país, que se refieren al mismo con términos tales como conflicto armado, conflicto interno, etc. El fracaso del proceso y la percepción de que las FARC se habían engrandecido con una retaguardia en el Caguán desde la cual lanzaban sus ataques, realizaban actividades relacionadas con el narcotráfico y concentraban a los secuestrados, fue uno de los factores que contribuyó a la elección de un candidato considerado como de "mano dura" en Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Las FARC acusan a Uribe, entre otros aspectos, de plantear una guerra sin cuartel y de haber apoyado grupos paramilitares, por lo cual argumentan que se niegan a negociar con el presente gobierno algo distinto a una nueva zona de despeje en el departamento de Valle del Cauca y el ya mencionado "intercambio humanitario" o intercambio de prisioneros: un canje de los guerrilleros de las FARC en prisión por un grupo de políticos y militares cautivos por las FARC. En días atrás el 1 de marzo a las 12:25, alias Raúl Reyes, vocero internacional de las FARC, fue abatido por el ejército colombiano, en territorio ecuatoriano, constituyendo el golpe mas duro a las FARC. En el operativo, también murió uno de los ideólogos de las FARC y otros 14 guerrilleros. El operativo que condujo a la muerte de Reyes desencadenó una controversia internacional entre Colombia y Ecuador, principalmente, al igual que entre Colombia y Venezuela. Un hecho destacado sucedió el 13 de Mayo de 2008. Ese día, 14 jefes de las autodefensas (Entre ellos "Jorge 40" y Salvatore Mancuso) fueron extraditados a Estados Unidos. El argumento que dio el gobierno para dar vía libre a la extradición fue que ellos

seguían delinquiendo desde la cárcel, incumpliendo los compromisos adquiridos en la ley de justicia y paz También otro inconveniente de gran magnitud es el narcotráfico en Colombia, el problema ha adquirido connotaciones muy particulares, porque es el mayor traficante de hoja de coca, pasta básica y sobre todo de cocaína. La ilegalidad de la industria de la droga le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales. El narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Y usa la fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los Estados e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático. Las drogas afectan a la salud de quienes las consumen, y en particular la de los jóvenes y los niños. Las diversas opciones para combatir la droga se discuten tanto a nivel de los países involucrados, como en el plano internacional. Bajo el liderazgo de las Naciones Unidas, se esta configurando una política basada en el principio de responsabilidad compartida, en el respeto a la soberanía de los Estados, en la eliminación del uso de la fuerza y en la no injerencia en los asuntos internos de los países, todos objetivos loables pero quizás contradictorios. La economía de la droga conecta la producción, la comercialización y las finanzas en una intrincada red que hace caso omiso de las fronteras nacionales, y que se extiende a todos los continentes. El carácter clandestino o subterráneo de la economía de la droga, dificulta enormemente el análisis de sus efectos en las sociedades envueltas en la producción, manufactura, tráfico y consumo de estupefacientes. Colombia sufre desde los años setenta el estigma de ser la principal productora y exportadora de cocaína en el mundo. Más allá de la multitud de ideas urdidas al respecto, sin embargo, los efectos económicos, políticos y sociales del narcotráfico en la marcha del país han sido tan enormes como difíciles de evaluar con certeza. Para algunos especialistas la economía colombiana misma depende ya en cierta medida de los ingresos del narcotráfico, en especial las cuentas externas. Los carteles de la droga se han fortalecido porque han logrado infiltrarse en la estructura política del país. Una parte de los cuantiosos ingresos provenientes del narcotráfico, consideran los estudiosos, se destina a la inversión, genera empleos y contribuye a financiar el creciente déficit externo, mantener la estabilidad cambiaria y contar con altas reservas monetarias, lo cual explicaría la reciedumbre de Colombia frente a problemas financieros internacionales. El reciente "efecto tequila", por ejemplo, tuvo pocas repercusiones en el país, mientras que en otras naciones latinoamericanas obligó a severos ajustes económicos. Otros analistas, en cambio, aseguran que se ha distorsionado la naturaleza del problema del narcotráfico en Colombia. Por el grado de desarrollo alcanzado por el país, sostienen, la economía no depende tanto de la droga y subsiste la capacidad soberana del Estado para combatirla. También desestiman las bondades económicas del fenómeno al considerar que el desmedido ingreso

de narcodólares desequilibra la demanda interna, afecta la producción transable, altera los precios, genera expectativas sin bases sólidas y suscita, a largo plazo, un caos total. Una de las consecuencias generadas por este problema es el desplazamiento forzado que consiste en el de los éxodos de poblaciones enteras, desarraigadas de sus lugares de origen y residencia por motivos bélicos, que se ven forzados a buscar nuevos lugares de refugio para salvarse y reconstruir sus vidas por fuera del fragor de las batallas y lejos del control autoritario de gobiernos o grupos armados que intentan la exclusividad del poder en sus territorios y que prefieren perder ciudadanos antes que convivir con las diferencias culturales, étnicas, religiosas o políticas. Colombia, con un conflicto armado casi permanente, con la presencia de grupos alzados en armas de diferente signo político y una creciente delincuencia organizada en torno a la producción y el comercio de las drogas ilícitas, hace parte de ese conjunto de países marcados por el drama del desplazamiento forzado y aunque la magnitud y la pervivencia del fenómeno es de mayor alcance que el de muchos países en similares circunstancias, su situación no ha tenido el reconocimiento internacional suficiente y al interior del país el tema ocupa lugares marginales, tanto en las agendas de los gobiernos y de los grupos armados, como entre la opinión pública, sobre todo la de las grandes ciudades En Colombia el desplazamiento es un eje de pervivencia histórica que atraviesa la vida nacional desde la fundación de la república hasta el presente y a lo largo del tiempo manifiesta coyunturas agudas y períodos de relativa estabilidad poblacional. El poblamiento y colonización del siglo XIX, así como los procesos de urbanización de las grandes ciudades son evidencias claras de lo que aquí se planea. El desplazamiento es un dato recurrente y casi permanente de la historia colombiana; hace parte de la memoria de las familias y de las poblaciones; está inscrito en los recuerdos de los habitantes urbanos, precedió la fundación de barrios en las grandes ciudades y de poblaciones grandes y pequeñas a lo largo y ancho de las fronteras internas. Podría decirse que se ha constituido en un eje vertebrador de la conformación territorial en el país y como dice Daniel Pecaut ha devenido en "una representación instalada en la larga duración" donde la violencia sería el marco constitutivo de esa representación colectiva Sin embargo, en la última década, el desplazamiento forzado ha tomado dimensiones de catástrofe humanitaria y se ha hecho visible no solo por sus magnitudes y sus repercusiones en el mundo urbano sino porque se logró, gracias a los aportes de algunas O.N.G, situarlo como tema específico de preocupación política y deslindarlo de ese magma indiferenciado donde se mezclaban de manera confusa los diferentes eventos del conflicto como asesinatos, masacres, secuestros, tomas de poblaciones, violación sistemática de los derechos humanos, panorama en el cual, los desplazamientos de población eran percibidos como algo capilar, aluvial y como un resultado, no buscado de las operaciones militares de las fuerzas en disputa. Las consideraciones anteriores apuntan a demostrar una particularidad del desplazamiento forzado en Colombia con relación al que acontece en otros países que sufren en la actualidad idéntico drama social.

Uno de los medios principales por el cual se castiga a los narcotraficantes y a los jefes de las guerrillas es la extradición es, sin lugar a dudas, el instrumento de cooperación internacional que más controversia ha tenido en la historia jurídica de nuestro país. A pesar de que desde finales del siglo XIX -exactamente en el año de 1898- Colombia suscribió un tratado de Extradición con Gran Bretaña y, por lo tanto, no se trata de una figura novedosa en nuestro ordenamiento, desde la celebración del Tratado con los Estados Unidos, de 1979, se han presentado toda clase de vicisitudes y de posiciones divergentes tanto de los diferentes gobiernos y demás agentes responsables de su implantación, como de la ciudadanía en general. La intensidad del debate, sin embargo, no se explica únicamente por la disparidad de criterios académicos o jurídicos. Aun cuando existen argumentos válidos para sustentar que la extradición es un instituto jurídico que trasciende la esfera de lo simplemente procedimental y que puede vulnerar núcleos de derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y -cuando se alega su aplicación retroactiva- el principio de legalidad, es evidente que las razones que encienden los ánimos tienen una explicación que supera el ámbito de lo jurídico. Nadie en Colombia ignora que la capacidad de los carteles para intimidar con el uso de la fuerza y el terrorismo como lo hizo el cartel de Medellín o para corromper los poderes públicos como lo ha hecho el cartel de Cali ha impuesto un marco de regulación a través del cual no sólo han evitado que la extradición rija en nuestro país para el delito de narcotráfico y conexos, sino que, adicionalmente, disfrutan de las ventajas que les brindan un aparato judicial particularmente ineficiente, que es incapaz de probar -sin confesiones o delaciones- las actividades delictivas de sus , y de una legislación penal deficiente que, por la vía de la acumulación de beneficios exagerados y de un régimen punitivo significativamente laxo (recuérdese que, por principio de legalidad, el aumento de penas y la eliminación de beneficios contenidos en la Ley 365 de 1997 no puede aplicarse hacia el pasado), ha terminado haciéndolos acreedores a condenas que no son condignas al daño social causado. Así, en una clara expresión del desequilibrio en el enfoque de un país que aún no acepta su responsabilidad como nación con los mayores niveles de consumo de drogas, la falta de una definición precisa ha conducido a la exasperación a los Estados Unidos, que, siguiendo consecuentemente su inveterada tradición de tramitar sus conflictos internos y de cohesionar a su sociedad mediante la estrategia de constituir enemigos externos y de declarar guerras lejos de sus fronteras, han logrado estigmatizar a Colombia como amenaza a su seguridad interna y movilizar en buena medida la animadversión de la comunidad internacional por la supuesta resistencia de nuestro país a cooperar decididamente en la lucha contra el tráfico de narcóticos. En tales condiciones, los colombianos hemos presenciado cómo, en el transcurso del año pasado y en lo que va corrido del presente, el Congreso de la República ha debatido las iniciativas de reforma del artículo 35 constitucional, que van desde la desconstitucionalización de la prohibición a la extradición de nacionales

colombianos, hasta la de una regulación detallada de las condiciones en las que sería procedente su aplicación, contenida en el propio cuerpo de la Carta Política Una de las principales guerrillas de Colombia calificados como terroristas son las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia - ejército del pueblo o FARC-EP son un grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista. Opera en el país homónimo y en las regiones fronterizas de Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú. Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y son dirigidas por un secretariado de siete bajo el comando de Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de Manuel Marulanda o Tirofijo quien según el gobierno colombiano falleció en marzo de 2008. , noticia que fue confirmada por el comandante de las FARC, 'Timochenko' en la cadena de televisión venezolana Telesur el 25 de Mayo de 2008. 'Timochenko', anunció además que el nuevo comandante en jefe es 'Alfonso Cano'. La califican como un grupo terrorista 31 países (Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea ). Los gobiernos de otros países latinoamericanos como Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Chile no le aplican esta calificación. El Gobierno de Venezuela ha solicitado que se le otorgue un estatus de grupo beligerante a las FARC y no las considera terroristas. Hacen presencia en 24 de los 32 departamentos de Colombia sobre todo al sur y oriente del país, concretamente en Putumayo, Huila, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Se ha reportado la existencia de operaciones militares y campamentos en los países que tienen frontera con Colombia, como Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil. Sus acciones consisten en guerra de guerrillas y combate regular convencional así como técnicas terroristas, como el asesinato de civiles, del gobierno y militares, el secuestro con fines políticos (como el de Íngrid Betancourt) o extorsivos, atentados con bombas o cilindros de gas, y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles violando así el Derecho Internacional Humanitario. De acuerdo a un estudio del gobierno y del ejército colombiano esta organización obtiene del narcotráfico más de $1.000 millones de dólares (el 78% de su presupuesto). Según esas mismas fuentes, la extorsión (a través de vacunas) les significan a las FARC más de $600 millones de dólares, mientras que el robo de ganado ocupa el tercer de sus métodos de financiamiento. Su número de efectivos varía según las fuentes, desde 6.000 hasta 16.000. Según un informe de Human Rights Watch, aproximadamente el 20-30% son menores de 18 años, muchos reclutados forzosamente, de igual forma se acusa a las FARC de torturar y abusar sexualmente de estos menores La FARC y el ELN han impulsado el y otras agrupaciones de menor relevancia. Hoy en día, según registros, los grupos paramilitares también recurren al secuestro, pero las FARC y el ELN lo hacen con mayor frecuencia. Se estima que a julio de 2005 las FARC mantienen secuestrados a 2500 civiles. Es necesario tener en cuenta que a diferencia de los secuestros que comete la guerrilla, las

autodefensas jamás han reconocido cometer ese delito. Por tanto, a diferencia de lo que sucede con las FARC o el ELN, no suelen exigir dinero para liberar a los plagiados y tampoco envían pruebas de supervivencia. Sin embargo, la Fundación Nueva Esperanza estima que entre 1996 y 2004 los paramilitares secuestraron a 509 personas. Los volúmenes del secuestro en Colombia registraron un incremento constante hasta el 2001. En el año 2000, por ejemplo, la triste cifra de secuestrados fue: 3706 personas. En el 2002 las estadísticas mostraron cierta disminución, 3.260 personas perdieron su libertad, un 85% de ellas fueron secuestradas por algún grupo guerrillero. Para algunas fuentes esta disminución responde al incremento del pago previo de extorsiones para evitar el secuestro (datos de País Libre y Fondelibertad). Por causa de esta guerrilla ha sido manifiesto el irrespeto de las normas humanitarias que protegen a la población civil de los ataques de los actores armados. Los grupos paramilitares han dirigido sus ataques específicamente contra la población. Por su parte, la guerrilla ha desconocido el principio de distinción y de proporcionalidad, poniendo así en peligro a la población. Así, personas civiles han muerto en el fuego cruzado y varias viviendas han quedado destruidas luego de incursiones guerrilleras de carácter indiscriminado. La utilización de armas de fabricación artesanal difíciles de dirigir, como los cilindros de gas utilizados por la guerrilla, han tenido también este efecto en las acciones bélicas realizadas por estos grupos. Como consecuencia, se han producido numerosas muertes de civiles, alcanzados por dichos artefactos en sus casas En especial los derechos humanos han sido violados a la población indígena y negra en América Latina también ha habido en la cultura y en la política una defensa y reconocimiento del componente africano en la Cultura pluri-étnica. En varios países latinoamericanos hay una población de origen africano, portadora de un legado cultural africano. El cándomble en Brasil, el Vudú en Haití y La Santería en Cuba son expresiones de una simbiosis viva y actuante entre la cultura africana y la cultura europea e indígena. En toda América Latina negritud sirvió para estimular la autoconciencia de los descendientes de antiguos esclavos y para darle expresión estética al componente afro de la cultura latinoamericana, la obra de Nicolás Guillen, de Wilfredo Lam, de Manuel Zapata Olivella, para citar solo algunos ejemplos, da testimonio de este proceso. Pero utilizar la noción para pensar conflictos sociales y culturales de las naciones latinoamericanas y dar expresión a reivindicaciones de la población negra no es actual. Para Manuel Zapata Olivella hoy en día negritud en América Latina debe ser sinónimo de lucha por la libertad y reconocimiento del mestizaje como piedra angular de la autenticidad de la cultura americana, sobre ello escribe: Negritud en América tiene resonancia de cadena, bodegas, inquisición, resguardos, plantaciones, látigo, esclavitud, linchamiento, palenque, libertad, vudú, candomblé, rumba, tango, marinera, jazz, espiritual, blues, cimarrón, mandinga y diablo. No nos esforcemos en buscarle etimiologías semánticas, encuadramientos filosóficos, literarios o estéticos. Negritud en América es unidianidad, africanitud, americanidad, todas las

connotaciones que quiera dársele menos el de colonización, doblez, mimetismo, castración, aberración, imitación En Colombia existen hoy toda una serie de movimientos que expresan intereses vitales de comunidades negras e indígenas. Para estos movimientos nociones tales como negritud o indigenismo ya están agotadas. Ante la eventualidad de la formulación de una nueva constitución, es necesario defender la definición de Colombia como nación pluri-étnica y pluri-cultural. En la cual se representen los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de las comunidades negras e indígenas. La Constitución Nacional debe condenar y prohibir el racismo, así como todo acto o manifestación que produzca y difunda prejuicios raciales y afecten la unidad y las relaciones de solidaridad y convivencia humanista y pacifica entre todos los colombianos. Las zonas habitadas por población negra e indígena, son en su gran mayoría, de gran pobreza y muestran condiciones materiales inhumanas de existencia. Por eso, creemos que el llamado movimiento cimarrón tiene justificadas razones al posponerle a la Asamblea Nacional Constituyente que la nueva constitución institucionalice el Apoyo a las zonas habitadas por las comunidades negras e indígenas para acelerar su desarrollo económico, social, cultural y político, otorgándoles atención especial en los programas de gobierno y de las instituciones estatales. Tenemos que por los sindicalismos abarcan desde a las industrias que se habían venido creando desde finales del siglo XIX, se fueron agregando otras a partir del gobierno del General Rafael Reyes, quien utilizó los mecanismos del Estado para implantar el proteccionismo aduanero que hiciera posible la creación de incentivos como mecanismo destinado a orientar los ahorros del país hacia la industrialización, apareciendo así una serie de empresas, muchas de las cuales subsisten aún, con lo cual se hizo posible una expansión manufacturera continuada a una tasa media del 5% anual que bajó al 3% entre 1925 y 1930. Nacieron en esta época: Telares Medellín (1909), Coltejer (1908), Obregón y Cervecería Bolívar (1908), Cementos Samper (1909) y otras manufacturadoras de grasas, empaques, cigarrillos, vidrio y cemento, de las cuales pocas de ellas utilizaron nuestras materias primas agrícolas. Así mismo, surgieron las compañías extranjeras encargadas de la explotación de petróleo y otros minerales y también las productoras y exportadoras de banano. El movimiento económico, el surgimiento de organizaciones laborales y los conflictos agrarios que se fueron generalizando, resquebrajaron cada vez más el sistema hacendario, llevando al país hacia el capitalismo que demandaba cada día mayor mano de obra asalariada, frente a las clases adineradas que persistían en mantener los privilegios y prebendas y en acrecentar su afán de lucro. Y dentro de este marco de formación capitalista que vino a incrementar las tensiones de los trabajadores agravadas luego por la estrechez económica producida a

consecuencia de la primera guerra mundial, surgieron en Colombia los primeros sindicatos Como antecedente mediato de la organización sindical en Colombia, se pueden citar las sociedades aparecidas a mediados del siglo XIX, Luego aparecerían las agrupaciones sindicales, constituidas como unas instituciones religiosas y políticas, a las cuales no fueron ajenos ni el partido liberal colombiano ni el “ partido socialista de esa época”, el primero de los cuales en la Convención de Ibagué de 1922 adoptó plataformas socialistas y orientaciones que más tarde tendrían repercusiones en la llamada República Liberal. Más tarde en el año de 1909 la agrupación sindical formada por sastres, zapateros y otros artesanos, bajo el nombre de “Sociedad de Artesanos de Sonsón”, fue reconocida por el gobierno, siendo al parecer la Iglesia su promotora, lo cual explicaría el que posteriormente fuera una de las agrupaciones afiliadas a la U.T.C. Además de los sindicatos ya mencionados, deben mencionarse otros como el “Sindicato Agrícola de Fresno”, Tolima (1910), el “Sindicato Nacional de Obreras de la Aguja” (1910), el “Sindicato Central Obrero” (1917) y el “Sindicato de Profesores y Maestros del Tolima” (1918). De los anteriormente citados se destacó el “Sindicato Central Obrero” cuya organización inicial fue de carácter artesanal y mutualista, y desempeñó “un papel notable por aquel tiempo en las luchas de los trabajadores, apoyando activamente luego, por influencia de su acción socialista moderada, al candidato presidencial del partido liberal en 1921, General Benjamín Herrera Los principales partidos de Colombia son el liberal y el conservador su reseña histórica es que en 1848 apareció el primer programa liberal elaborado por Ezequiel Rojas y un año más tarde José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez redactaron el conservador. Los partidos tradicionales basaron su ideología en la filosofía liberal del siglo XVIII. y se hallan relacionados con el federalismo y centralismo de la época de independencia y con los liberales moderados (conservadores) y liberales progresistas (liberales) que surgieron del pensamiento de Francisco de Paula Santander. La segunda mitad del siglo XIX representa para Colombia el rompimiento definitivo con la estructura socioeconómica colonial. Con la imposición de las ideas liberales, el país entró de lleno en el sistema capitalista imperante en occidente. La Constitución de Rionegro (1863-1886) representa el triunfo de los intereses librecambistas y la imposición de las libertades individuales absolutas. La práctica de estos principios condujeron al finalizar el siglo a un replanteamiento de las bases ideológicas del Estado. Se instauró entonces un sistema y proteccionista, regido por la Constitución de 1886 que perduró en Colombia por más de 100 años y se caracterizó por un rígido centralismo y por las amplias facultades que otorgó al poder ejecutivo. La Constitución estableció el sufragio para todos los varones, mientras que el voto femenino se estableció hasta 1957.

3. Cronograma de actividades Presentación

Fecha

Corrección de proyecto

29 de Mayo

Presentación de proyecto

5 de Junio

4. Recursos utilizados Producto

Valor

Papel

$ 2000

5. Tiempo Situación 1. La violencia bipartidista 2. Abatido alias ‘Raúl Reyes’ 3. Muere Alias ‘Manuel Marulanda’ 4.Surgimiento de la Extradición 5. Surgimiento de las FARC y sus actos terroristas

Periodo 1950-1960 1 de marzo de 2008 13 de Mayo de 2008 1898 - Presente 1964 - Presente

Conclusiones Con la realización de este trabajo se puede concluir que los derechos humanos en Colombia han sido violados por un antecedente histórico dado con la fundación de las FARC y por otros factores como los partidos políticos tradicionales lo cual ha generado consecuencias como el desplazamiento forzado, el irrespeto a los indígenas y la posible solución encontrada literalmente es el cese la fuego y buscar acuerdo con estos grupos para la paz y la calma de Colombia. En el Derecho son de obligado cumplimiento para los Estados y, en el caso del derecho internacional humanitario, para los grupos armados organizados. Su objetivo es proporcionar una protección fundamental que puede prevenir el desplazamiento, conferir protección a las personas durante el desplazamiento y ayudarles a regresar a su hogar. Las normas vigentes cubren las necesidades más apremiantes; no hay mayores vacíos jurídicos en la protección de los desplazados internos. El reto reside en garantizar la aplicación de las normas existentes

Bibliografía

SITIOS WEB: www.icrc.org/spa (Comité Internacional de la Cruz Roja) www.un.org (Organización de las Naciones Unidas) www.icj-cij.org (Corte Internacional de Justicia) www.icc.int (corte penal internacional)